Tras la quita del componente educativo del Programa Ciudadanía Porteña a 1.445 familias, por no contar con el 85% de asistencia a clases de niños, niñas y jóvenes; la comunidad educativa repudió este nuevo ajuste del Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, sobre los estudiantes más vulnerables de la Ciudad. Aseguran que su gestión no genera las condiciones para que miles de chicos vulnerables asistan a clases, y en su lugar castiga a esos estudiantes. Tras la quita, presentaron una declaración de repudio en el parlamento y el pedido de restitución inmediata de la ayuda económica. En varias ocasiones la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó falencias e irregularidades en el Programa Ciudadanía Porteña.
La quita de esta ayuda económica a alumnos y alumnas de los sectores más vulnerables de la Ciudad, se da en el 8% de los 17.798 estudiantes porteños que reciben el plus educativo. Las familias inscriptas en el programa Ciudadanía Porteña, reciben por cada menor 7.561 pesos si son consideradas en situación de pobreza o perciben 11.341 pesos si están por debajo de la línea de indigencia. En 2022, el gobierno porteño “identificó” una suba en el ausentismo tras el confinamiento como consecuencia de la pandemia.
En qué consiste la ayuda económica
Según sus propios datos oficiales, detectaron que había un 30% de estudiantes que faltaba a clases al menos una semana al mes. Con esos guarismos, en lugar de generar las condiciones para que esos chicos vuelvan a clases, la ministra Soledad Acuña modificó las reglas que debe cumplir un estudiante para ser considerado “alumno regular” y decretó que aquellos que no alcanzan la asistencia mínima (85% de los días efectivos de clases por bimestre) pierden la regularidad. A todos esos estudiantes, automáticamente les quitan la ayuda económica.
Florencia Diasprostti es docente de la Escuela Mugica que se encuentra en las inmediaciones de la Villa 31, donde muchos chicos y chicas que concurren a la escuela cobraban esa ayuda económica: “Son muchos los que reciben la asignación universal, la ciudadanía porteña la beca estudiantil y diferentes recursos que tiene el Estado para poder ayudar a las familias a paliar la situación, y la verdad es que no nos sorprende que una vez más, Larreta ajuste a los más vulnerables”, manifestó a este medio.
La docente hace varios años que trabaja en el establecimiento educativo y asegura que la gestión porteña “en lugar de pensar qué es lo que hace que esas familias no puedan mandar a sus chicos a la escuela y poder accionar en función de la ayuda que necesitan, lo que hacen es castigar y quitarles los pocos recursos que tienen. Quizá los chicos no pueden venir a la escuela porque estuvieron acompañando a sus familias toda la noche juntando cartones, o porque se enfermaron pero como no consiguen turnos en el hospital no trajeron el certificado correspondiente, o no pueden venir porque no tienen ropa o zapatillas como nos pasa mucho en nuestra escuela”, termina Diasprostti.
En el mismo sentido, la vocal de la comisión directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), Anatonella Bianco, “la quita de esta ayuda económica implica una perspectiva punitiva de las clases populares que son las que necesitan de cada vez más Estado y no al revés, es decir, más y no menos acompañamiento. Son familias que no se las acompañó durante todo este tiempo a partir de la reducción sistemática del presupuesto educativo, principalmente en los equipos de orientación escolar, en los equipos de apoyo y en los distintos dispositivos de acompañamiento; y esa reducción de presupuesto es lo que genera que esas miles de familias no puedan continuar con la escolaridad de sus hijos e hijas”.
El gremio docente fue uno de los primeros en alzar la voz contra este nuevo ajuste de Larreta sobre estudiantes porteños: “Esta decisión omite la responsabilidad de la gestión de la falta de vacantes, principalmente para las familias más vulneradas y omite la baja sistemática del presupuesto que hacen desde que gobiernan esta jurisdicción. Estigmatiza a las clases populares acusándolas de desinterés por la educación, cuando son ellas las que acompañan como comunidad educativa todos los reclamos frente a la vulneración del derecho social a la educación”, señaló el sindicato en un comunicado.
El texto dice además que “se trata de una clara jugada de marketing electoral, para continuar su campaña a nivel nacional y la intención de precandidatura de Soledad Acuña, que acusó a un supuesto «populismo educativo» de la ausencia de lxs estudiantes en las escuelas. El Jefe de Gobierno sostiene la agenda de la derecha: ajuste y vigilancia sobre los sectores populares en un momento en el que la crisis golpea fuertemente en esas familias”.
Desde la asociación docente Ademys, aseguran que es un acto absolutamente repudiable. Para Jorge Adaro, secretario gremial del sindicato, “Larreta delega o transfiere la responsabilidad del Estado a la gente, y sobre todo a los sectores más empobrecidos. No hay un solo dato de los da Larreta que diga por qué ese 8% de pibes y pibas no fue a la escuela. Hay múltiples motivos y el gobierno porteño no ha generado ni un solo dispositivo concreto real, para retener a estos chicos”.
Para el docente y referente gremial, Soledad Acuña y Rodríguez Larreta, “no buscan tener el dato de cuántos pibes no van a la escuela para mejorar la situación, sino para generar otro recorte en la educación. Lo que torna más grave este hecho, es que se da en el marco de la campaña presidencial de Larreta y Acuña. Nosotros creemos que los pibes y las pibas tienen que estar adentro de la escuela pero en serio, no discursivamente como lo hace el gobierno, y que hay que generar los dispositivos para que eso ocurra”.
La diputada nacional del FIT, Vanina Biasi, confirmó que “a través del legislador Gabriel Solano del FITU-PO” presentaron “un repudio a la quita del Programa Ciudadanía Porteña a 1445 infancias y adolescencias más pobres. En ella exigimos la restitución inmediata del Programa y que se retrotraiga la modificación del Reglamento Escolar del año 2022”. Asimismo, la legisladora nacional de la izquierda, manifestó que “la ministra practica la “pedagogía del garrote” en lugar de acompañar, apoyar y buscar a las y los estudiantes que están desertando de la escuela, en un contexto social de miseria generado por los gobiernos”.
Desde el año 2005, en la Ciudad de Buenos Aires, funciona el programa Ciudadanía Porteña. Mediante la entrega (preferentemente) a las jefas de hogar de una tarjeta magnética precargada, el plan busca facilitar la adquisición de útiles escolares, productos de limpieza e higiene personal, alimentos, garrafas, carbón y leña a familias en situación de vulnerabilidad.
Las fallas del Programa Ciudadanía Porteña
La auditoría porteña detectó sobre este programa que, a nivel educativo, solo se halló el registro de asistencia, sin el seguimiento esencial de desempeño. En varias ocasiones la falta de seguimiento, acompañamiento y orientación a los hogares beneficiarios, así como la derivación ante situaciones de repitencia y sobreedad escolar; riesgos en salud, desarrollo nutricional y vulnerabilidad. Ante “esta falla”, si bien se acreditaron cruces de información con los Ministerios de Educación y Salud, se volvió a evidenciar la falta de constancia en los controles de vacunas y, a nivel educativo, solo se halló el registro de asistencia, sin el seguimiento esencial de desempeño.
Durante 2017, la AGCBA efectuó una auditoría en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a los fines de chequear la implementación y alcance del programa, dando como resultado un total de 24 observaciones, que debían ser tenidas en cuenta y corregidas. Dos años más tarde, en 2019, el organismo de control volvió a revisar la gestión del organismo, y el informe fue aprobado en marzo de 2021.
