Avanzan acuerdos de Aguad y Bullrich en EE UU para la intervención militar en seguridad

Cuando Aguad buscó relanzar la nueva versión castrense de las Fuerzas de Despliegue Rápido (FDR) –que ya tienen algunas policías provinciales– la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya estaba en Washington junto al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Millman, y al director Nacional de Cooperación Regional e Internacional, Gaston Schulmeister. Ante las consultas de este diario, fuentes de la Casa Rosada, relativizaron el anuncio de Aguad. «No hay mucho. Sólo se está hablando de mejorar las capacidades para dar apoyo logístico», sostuvo un alto funcionario de la jefatura de Gabinete, mientras que los correligionarios de Aguad que cumplen funciones en Defensa deslizaron que la novedad los tomó «por sorpresa», y no descartaron que se trate de un mensaje con varias direcciones, orientado tanto a instalar el tema en la opinión pública, como para sondear el clima interno de las tres fuerzas armadas, en el contexto de una nueva ofensiva pública de la administración de Cambiemos para respaldar a las fuerzas de seguridad y endurecer «la nueva doctrina» en la persecución del delito. Sin embargo, el mensaje también estuvo dirigido a los funcionarios de la administración de Donald Trump. En Defensa las fuentes consultadas también intentaron disminuir la dimensión de las futuras FDR y redujeron su alcance a una cuestión logística, pero la información pública de distintos organismos del gobierno estadounidense pone en tela de juicio los esfuerzos oficiales por reducir la importancia del intercambio binacional en materia de seguridad, defensa e inteligencia.

Giorgia, mon amour

Parte de la hoja de ruta de ese intercambio está en el cumplimiento del Diálogo de Alto Nivel (DAN) firmado entre el entonces secretario de Estado, John Kerry, y la excanciller Susana Malcorra, que habilitó la creación de «centros de fusión de inteligencia» entre las fuerzas armadas y de seguridad argentinas y oficiales de la DEA, del Departamento de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense y de miembros del Comando Sur del ejercito norteamericano, conducido por Kurt W. Tidd, el mismo que recibió este viernes en Miami a Aguad y a Bullrich, quien se trasladó desde Washington a la cabecera del aparato castrense norteamericano dedicado al continente sudamericano. Todos esos puntos, a pesar de las desmentidas oficiales, han avanzado sin pausa desde la visita del expresidente Barack Obama y de la posterior firma del DAN, aunque ahora afrontan un proceso de reordenamiento con la administración republicana de Trump. Otra pieza clave de ese armado, tiene que ver con el acuerdo de cooperación firmado entre la Casa Rosada y la Guardia Nacional del Estado de Georgia, a través de la firma de un State Partnership Program (SPP), que ya comenzó a recibir oficiales argentinos. Los voceros de Aguad negaron que ese programa esté en funcionamiento, pero el anuario oficial de la Guardia Nacional de ese estado confirmó que el mecanismo de cooperación comenzó el año pasado, mientras que un oficial de esa fuerza ya detalló el avance del intercambio, el 25 de mayo de 2017. La mayor Ileana O’Shea definió de este modo el acuerdo: «Es una oportunidad única de asociarme con el Ejército Argentino mientras trabajo en conjunto con los miembros activos de EE UU.y de nuestra embajada. Hasta ahora he asistido a la ceremonia de firma del programa de asociación estatal, planificando reuniones en Argentina y pude alojar a varios representantes argentinos durante el reciente ejercicio de Vigilant Guard de la Guardia Nacional de Georgia», celebró la oficial, especialista en «emergencias y respuesta ante desastres desde su posición de la Guardia Aérea como subjefe de enfermería del Grupo Médico 116, Destacamento 1, Fuerza de Respuesta, así como experta civil como enfermera de sala de emergencias». La información, que la Casa Rosada niega, fue publicada por el sistema de prensa de ese organismo militar, lleva la firma de la sargento Regina Young e incluye las fotos de los oficiales del Estado Mayor Conjunto que envió Bari del Valle Sosa, para avanzar con la cooperación que también forma parte del diseño de las nuevas FDR que anunció Aguad antes de subirse al viaje oficial.

El entusiasmo de la mayor O’Shea también puede leerse en el anuario 2016 de esa fuerza militar que definió al acuerdo como «una oportunidad increíble para que la Guardia de Georgia construya su preparación a través del compromiso con la República Argentina, sus fuerzas armadas y el Comando Sur de los EE UU». La totalidad de esa información pública es negada sistemáticamente por la Casa Rosada, y ante las consultas de este medio, los voceros de la embajada norteamericana en Buenos Aires se comprometieron a contestar.

«Aguad ya aclaró que nada viola la Ley de Seguridad Interior, y que no hay planes para hacerlo», atajaron desde la cartera de Defensa para reducir especulaciones, aunque el organismo militar giorgiano, además de la formación para emergencias y catástrofes, también cuenta con una prolífica formación en control de manifestaciones, y «contraterrorismo», como los cursos que recibió Argentina entre 2014 y 2015, pero a través de dos ejercicios conjuntos enumerados en el último informe bianual que entregó el Pentágono al Congreso de los Estados Unidos el 1 de agosto de 2016 (ver recuadro).

Desde que el SPP fue firmado (en diciembre de 2016), muy pocas voces dieron cuenta de su alcance. Uno de ellos fue el sociólogo Juan Gabriel Tokatlian de la Universidad Torcuato Di Tella, quien firmó una columna en el diario Clarín, donde opinó que «el agreement argentino-estadounidense es sumamente escueto y vago» y pidió «que el Congreso realice audiencias para conocer en detalle a qué se compromete el país con este acuerdo. No es un tratado y no debe ser ratificado por el legislativo, pero sí es un compromiso político-militar que exige estudiarse, debatirse y aclararse», sostuvo el especialista.

A diferencia del pedido público de Tokatlian, tanto en Seguridad como en Defensa, y también en la jefatura de Gabinete, niegan hasta la realización de los eventos que la fuerza militar de Giorgia publicita en sus medios oficiales. A diferencia del secretismo que mantuvieron Bullrich y Aguad sobre la visita al Comando Sur, los voceros oficiales fueron pródigos en repartir fotos y detalles sobre la gira washingtoniana de la jefa de la cartera de Seguridad, junto a sus segundas líneas, que incluyó reuniones con el subdirector de la división de operaciones internacionales del FBI, George Piro, con la subsecretaria de la NSA, Elaine Duke, el director de la DEA, Robert Patterson, y una posterior visita a la escuela que tiene el FBI en la ciudad de Quantico, Virginia. «

La cooperación arrancó en 2014 pero para fuerzas de seguridad

La cooperación del Comando Sur de los Estados Unidos con el gobierno argentino tiene dos hitos hasta ahora desconocidos, que aparecen en el informe bianual que el Pentágono entrega al Congreso norteamericano. El informe es público y fue presentado el 1 de agosto de 2016 ante el Capitolio, para informar la asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras. En esa edición aparecen 13 países, entre ellos la Argentina, que figura como destinataria de dos «ejercicios relacionados con la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento del acceso y la libertad de movimiento», dentro del «Programa de Ejercicios Combinados para Países en Desarrollo», conocido en inglés por sus siglas DCCEP. El primero fue realizado en 2014 y tuvo un presupuesto de 34.056 dólares y el segundo contó con una erogación de 53.769 billetes verdes, que fueron destinados para dos ejercicios que habrían sido ejecutados bajo la Secretaría de Seguridad, por entonces conducida por Sergio Berni, bajo la órbita de la ministra María Cecilia Rodríguez. Altos funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner negaron ante las consultas de este diario que los ejercicios fueran realizados en la órbita de Defensa y destacaron el interés que tenía el entonces secretario Berni por avanzar en este tipo de pruebas, aunque es la primera vez que se conoce el desarrollo de un plan destinado a control de piquetes y «antiterrorismo», parte de la fórmula que ahora forma parte del nuevo protocolo que la administración de Cambiemos busca multiplicar a través del Comando Sur, la Guardia Nacional de Giorgia, el FBI, la DEA y el Departamento de Estado. Otro ex alto funcionario confió que la primera Fuerza de Despliegue Rápido fue creada dentro del Ejército, en Campo de Mayo, «fuertemente pertrechada y con alta capacitación. Era un destino deseado en aquel momento. Es cierto que la Ley de Defensa y la de Interior prevén el apoyo logistico, pero lo que están previendo ahora es muy distinto, porque es un paso más en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior».