El último fin de semana la policía porteña incautó los instrumentos musicales y equipos de sonido de artistas callejeros en Plaza Serrano. Afirman que ese operativo estuvo lleno de irregularidades. Este miércoles se movilizan al ministerio de Cultura de la Ciudad
El 18 de junio el sector recibió un nuevo cimbronazo. Apareció en el Boletín oficial porteño una resolución que tiró abajo los últimos años de diálogo con el Ministerio de Cultura de la Ciudad, ya que la nueva disposición, descentraliza el control del espacio público en cada comuna, dejando en manos de los presidentes comuneros quienes pueden trabajar y quiénes no. “En todo este tiempo la situación no cambió nada, nos obligan a tramitar 15 permisos diferentes, uno en cada comuna para habilitarnos nuestra actividad”, denuncia a Tiempo el Presidente del Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO), Germán Welchli. “Nuestro reclamo sigue siendo el mismo, que den de baja esta resolución con urgencia”, agrega.
Tras haber agotado todas las instancias de diálogo, éste miércoles 18 desde las 11, las organizaciones de artistas callejeros se manifiestan una vez más frente al Ministerio de Cultura de CABA ubicado en Av. de Mayo 575, para reclamar la derogación de la resolución 167, emitida por el GCBA y firmada por Facundo Carrillo. A pesar del diálogo con el área de Cultura de artistas callejeros de la Ciudad, conducida por Carla Artunduaga, y pese a las promesa de flexibilizar la misma, la resolución sigue vigente y el gobierno porteño continúa avanzando con su implementación.
La situación empeoró cuando este fin de semana, en un procedimiento policial calificado como irregular, uniformados de la Ciudad de Buenos Aires incautó todo el material de trabajo de un grupo de músicos en la comuna 14. Desde la FAAO denuncian que modificaron actas de testigos en la comisaría 25, no se utilizó el correspondiente decibelímetro para constatar los niveles de sonido permitidos y la policía no dio el pre aviso obligatorio de cese de actividades a los artistas, fueron a sacarles los equipos de música por la fuerza.
“El procedimiento fue totalmente irregular porque fueron directamente a buscarlos a ellos, a Plaza Serrano, un lugar que a esa hora está totalmente poblado y con los restaurantes y bares de la zona abiertos y colmados de gente”, expresa a este medio Welchli. Hasta la fecha, y después de cuatro días, los instrumentos de los artistas siguen incautados en la comisaría N°25 de Scalabrini Ortiz y Gorriti, el el barrio de Palermo. Supuestamente, la policía recibió una orden directa del Fiscal Miguel Kessler de la fiscalía N°5. “A todo esto el acta estaba muy mal redactada sin precisiones, donde no quedaba claro quiénes eran las víctimas y quienes los testigos, una desprolijidad absoluta. La cuestión es que le pedimos insistentemente que mientras la denuncia seguía su curso, le devuelvan los instrumentos a los chicos porque era fin de semana largo y ya tenían trabajos cerrados que finalmente no pudieron hacer”, remata el titular del Frente de Artistas.
Desde el sector advierten que, el hecho de no dejarlos trabajar, implica un acto de censura y consideran que al mismo tiempo es una clara persecución política, dado que los artistas que trabajan en esa zona cuentan con el apoyo de varias organizaciones políticas de la comuna que defienden el derecho a trabajar de todo el sector.
La Ciudad contra los artistas callejeros
Desde la mitad de su primera gestión como jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta dejó la puerta abierta para que las y los artistas callejeros puedan ser considerados presuntos delincuentes. En 2018, el sector se organizó debido a que el Ejecutivo porteño había enviado a la legislatura una reforma del Código Contravencional que, entre otras cosas, regulaba la actividad artística en el espacio público. Esta situación ponía en peligro la principal fuente de trabajo del sector ya que pasarían a ser considerados como “ruidos molestos”. La modificación al Código Contravencional habilitaba a que cualquier vecino de la Ciudad pudiera denunciar en forma anónima a los artistas, por el simple hecho de que lo molestaban. En varias ocasiones se reunieron con autoridades del ejecutivo porteño para dejar en claro su preocupación al respecto y para pedirles que remuevan esa modificación, pero fueron ignorados. Una vez aprobada la reforma por el oficialismo porteño, los artistas se movilizaron para rechazar de plano esta medida, hasta que, luego de diferentes reuniones, lograron modificar el artículo 87 que determinaba: “Quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia, es sancionado/a con uno a cinco 5 días de trabajo de utilidad pública o multa cincuenta 50 a cien 100 unidades fijas”; la modificación conseguida fue un agregado que precisa: “Cuando el origen de los ruidos provengan de la vía pública con excepción de las manifestaciones artístico- culturales a la gorra y todas las actividades culturales que cuenten con permiso de los organismos competentes de la Administración Pública, la sanción es de dos 2 a diez 10 días de trabajo de utilidad pública, multa de cincuenta 50 a doscientas 200 unidades fijas o arresto de uno 1 a cinco 5 días”.
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