El primer dato que arroja el trabajo realizado es la sobrepoblación en lugares que no están preparados para alojamientos prolongados. Una de las personas detenidas aún no tiene la tutela de un juzgado por su condición de detención, que es la circular roja, orden de arresto internacional.
El relevamiento estadístico fue hecho sobre la población alojada en los distintos centros de detención no penitenciarios que dependen de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCABA), Policía Federal Argentina (PFA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
“Son establecimientos destinados al alojamiento transitorio, que están destinados a albergar personas por escasas horas, si se trata de comisarías vecinales y en el caso de las alcaidías comunales el tiempo estipulado es de 24 horas y excepcionalmente de 72 cuando la detención se produce los días viernes”, explicó Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto interino de la PPN, en diálogo con Tiempo. Continuó apuntando que las capacidades de estas dependencias señaladas en el presente informe, “de ningún modo pueden ser comparadas con las que son para las convivencias permanentes”.
El presente trabajo describe la situación de los distintos espacios de detención hasta finales del pasado mes de junio. Tomado como referencia el informe anterior, “el número de alojados en establecimientos de la Policía de CABA continúa subiendo, es una situación que genera un aumento poblacional”, detalló el procurador adjunto.
Respecto al número total, al 30 de junio pasado la Policía de CABA alojaba 1258 personas contra las 1.075 que lo estaban hasta el 31 de marzo, aumentando entonces en 183. En cuanto a la distribución por espacios, solo el Centro de Contraventores no está sobrepoblado, descontando la alcaidía 10 y la comisaría vecinal 8 A que están cerradas por reformas edilicias, y las comisarías vecinales 13 C y 15 B que no reputan sobrepoblación, pero sí alojamiento al 100% de la capacidad ideal.
“La reorganización realizada por parte de la fuerza de seguridad permite calcular el número de personas alojadas con condena y prisión preventiva firme”, dijo Cejas Meliare. El número de personas condenadas, “asciende a 170, 118 están en alcaidías y 52 en comisarías”, agregó.
Es así a pesar que las personas detenidas deberían estar alojadas en establecimientos capaces de brindarles un tratamiento penitenciario conforme a lo estipulado en la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de libertad. Desde este organismo nacional vienen alertando hace mucho tiempo que estos dispositivos no están capacitados para detenciones prolongadas, por lo cual funcionan vulnerando derechos.
“Por otro lado, el número de personas con prisión preventiva era de 443 en alcaidías y 77 en comisarías, 520 en total”, enumeró el procurador adjunto. El resto de las personas detenidas “aún no tienen resuelta la situación judicial”, agregó.
Tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) el 20 de marzo de 2020, un enorme colectivo de personas privadas de libertad se encuentra inadmisiblemente alojado en forma permanente en estas dependencias que no están capacitadas para el desarrollo de la vida.
Esta terrible situación obedece a múltiples factores, pero principalmente a las restricciones implementadas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que limitó -durante la pandemia- el caudal de personas privadas de libertad que ingresan a sus establecimientos.
Hubo un gran descenso en esta órbita federal de algunas fuerzas de seguridad, el mismo corresponde a lo resuelto en una acción de habeas corpus interpuesta que ordenó el desalojo de las personas detenidas en estos dispositivos. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) informó sobre su jurisdicción, por lo cual han podido ser consignadas las estadísticas sobre estos espacios.
“La PSA remitió los listados en otro formato que no consigan los datos sobre la situación judicial”, contó el procurador adjunto. También dijo que hay una persona “que todavía no tiene un juzgado, pero por la condición de su detención -circular roja, orden de arresto internacional- y probablemente le corresponda la jurisdicción federal”.
En el presente informe cuantitativo están plasmados los ingresos al Servicio Penitenciario Federal desde abril de 2023 hasta el 30 de junio del mismo año. Indica que durante el segundo trimestre de 2023 han ingresado a esta órbita 1.150 personas que se encontraban alojadas en establecimientos transitorios no penitenciarios. Las otras fuerzas de seguridad no advirtieron variaciones significativas respecto a los meses anteriores en cuanto al total de ingresos, apenas 52 personas menos.
Sin embargo, puede observarse una variación significativa respecto a la distribución de cada fuerza de seguridad, siendo que el SPF en este trimestre admitió 914 de la Policía de la Ciudad contra 1.018 del trimestre anterior, pudiendo concluir que la reducción de ingresos en 52 personas fue a costa de los cupos otorgados a esta fuerza que se adiciona una pérdida de otros 52 cupos que le fueron otorgados a las fuerzas federales. Todo esto indica que los únicos espacios de detención continúan incrementando la población, desmejorando las condiciones materiales y vulnerando derechos: son los dispositivos de la Policía de la Ciudad.
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