Alcira Daroqui: «Es muy difícil pensar en erradicar una violencia que es estructural»

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) junto con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la universidad pública elaboraron un Registro Nacional de Casos de Torturas (RNCT) perpetrados en los dispositivos de encierro y sobre la violencia policial en territorio que se presentó durante el mes de octubre. 

El trabajo exhibe una década de sistematización de estas prácticas en democracia. El origen del informe es en 2007 cuando realizaron una investigación sobre “cuerpos castigados”, y tres años después, en 2010 confeccionaron el diseño del registro que -en principio- consiste en hacer visible lo que sucede dentro de las cárceles y comisarías.

“Dejamos en evidencia las prácticas de violencia estatal sobre las personas que captura el sistema penal. Trabajamos la información con rigurosidad desde la palabra de la víctima. De este modo consideramos que construimos una herramienta y hacemos un aporte”, explica a Tiempo, Alcira Daroqui, directora del Departamento de Investigaciones de la PPN y coordinadora del Grupo de Estudios en Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El trabajo detalla que durante el año 2019, 1.448 personas denunciaron 5.200 torturas y malos tratos en cárceles bonaerenses y federales. Los números que arroja el nuevo informe anual -que fue presentado la semana pasada- indican que se mantienen casi en las mismas cifras que en los últimos años. A pesar de las denuncias y de las advertencias realizadas por Organismos Internacionales de Derechos Humanos, la tortura sigue ejecutándose de manera sistemática y extendida en los sistemas penales.

“Suele suceder que en democracia se nieguen las prácticas de torturas, pero existen. Nuestro aporte es el registro que venimos realizando todos los años desde hace una década”, cuenta Daroqui. “Creemos que el problema del sistema penal es estructural, el hecho de producir sufrimiento, dolor y violencia”.

El RNCT releva prácticas de torturas. Lo hace desde una perspectiva que reconoce su sistematicidad y multidimensionalidad, que trasciende las agresiones físicas e incluye una dimensión psicológica, como también las condiciones estructurales y régimen de vida en los lugares de encierro.

“Las herramientas deberían ser el control político sobre las fuerzas de seguridad y el control judicial sobre estas prácticas. Pero esto prácticamente no se ejerce desde la dimensión ejecutiva de los gobiernos. No controlan ni investigan estas prácticas y muchos menos lo hace el Poder Judicial”, asegura Daroqui.

En una década de registro, más de 14 mil personas denunciaron alrededor de 50 mil hechos de torturas y malos tratos producidos por agentes penitenciarios y de las fuerzas de seguridad. Lo más grave, sin embargo, es que los números de casos fueron creciendo año tras año.

Se estima que es consecuencia de las políticas criminales que acentuaron el punitivismo y la mano dura que llevaron a una profunda crisis al sistema de encierro. Sólo en el último año, entre diciembre de 2018 y mismo mes de 2019, la cantidad de personas detenidas en cárceles aumentó un 6%, esto significó más sobreencarcelamiento y agravamiento de las condiciones de detención. También se detectó el uso exacerbado de la prisión preventiva.

“Muchas personas detenidas, además de comunicar lo que les sucede, también denuncian penalmente. Siempre son más los que comunican que los que denuncian. Esto sucede porque temen a represalias o por la simple convicción de que no se va hacer nada al respecto”, detalla Daroqui. En la mayoría de los casos las causas no se investigan y son destinadas al archivo. “Es muy difícil pensar en erradicar una violencia que es estructural. Es el castigo en el encierro y en las prácticas policiales en territorio. Pero si se puede controlar, disminuir, sancionar y prevenir. Creo que tiene que ver con una convicción de los sectores políticos gobernantes -cualquiera sea el gobierno- y del Poder Judicial”, agrega la investigadora.

El equipo del RNCT durante 2019 inspeccionó 13 cárceles bonaerenses que, sumado al trabajo de monitoreo del Comité Contra la Tortura de la CPM, registró 2.358 hechos de tortura y malos tratos denunciados por 439 personas, en su mayoría hombres jóvenes. Como ocurre desde hace varios años, la deficiente atención a la salud es el hecho más denunciado. El trabajo hace un estudio focalizado sobre el aislamiento, el encierro dentro del encierro, que es el tercer tipo de tortura más denunciado.

“Los organismos de control, por ejemplo, la PPN y la CPM tienen una activa intervención en estos temas denunciando casos, presentándose como querellantes, interponiendo hábeas corpus”, destaca la directora Daroqui. “Así realizan una intervención constante como así también impulsan medidas para limitar, prevenir y sancionar estas practicas”, subraya.

En las cárceles federales la situación también es crítica. Durante el 2019, 1.009 víctimas denunciaron 2.842 hechos de torturas y malos tratos, agravamiento en las condiciones materiales de detención, agresiones físicas y aislamiento son las más denunciadas. El informe pone el acento en las agresiones físicas, que no sólo incluye una variedad de prácticas, como ser, golpes, asfixia, pata-pata, picana, submarino seco y húmedo, entre otras, sino que su ejecución ocurre en simultáneo con otros hechos de tortura.

“Estoy convencida que las intervenciones de estos organismos de control y de las organizaciones sociales hacen visible la problemática. De alguna manera han limitado ciertas prácticas, pero no erradicado, porque es un problema estructural”, sostiene Daroqui. Durante 2019, en la provincia de Buenos Aires se registraron 482 hechos de malos tratos y torturas ejercidos sobre 108 víctimas por parte de policías u otras fuerzas de seguridad, en su mayoría de la policía bonaerense.

El registro también cuenta con un relevamiento de las prácticas violentas de la Gendarmería Nacional en el territorio durante el periodo 2014-2019. Esta fuerza de seguridad cumple simultáneamente funciones militares, policiales y penitenciarias.

“Los organismos de control y derechos humanos tienen sus limitaciones y no hay un Poder Judicial ni político que realmente asuma la responsabilidad. Creo que este es un camino a recorrer, una lucha permanente. Hay que seguir trabajando para que esto no se naturalice, no se niegue y no se oculte”, enfatiza Daroqui.

“Es una problemática que debe enfrentar la clase política y el Poder Judicial mediante el gobierno que sea. Y de ningún modo garantizar la impunidad para quienes perpetran estos actos, sino para sancionar y controlar lo que sucede en las cárceles y en las prácticas policiales en territorio”, concluye la experta.