El exministro, durante cuya gestión se crearon varias universidades, critica el recorte a la educación superior. "Este gobierno aborrece la igualdad".
–¿Es un plan deliberado para vaciar la educación pública?
–Con Fútbol para Todos dijeron que iban a construir 3000 jardines, ahora volviste a ver las tribunas y ya avisaron que no van a construir ninguno. El Ministerio de Educación dice que las escuelas las van a construir las provincias. Falso: no va a ocurrir. La Provincia dice que las van a construir los municipios. Falso. Mientras, el Fondo para las escuelas técnico-profesionales es subejecutado lastimosamente; los gremios elaboran un informe sobre el estado de las escuelas bonaerenses que da miedo; pasamos de entregar 5.400.000 netbooks a distribuir algunos celulares en Provincia; el Plan Progresar quedó con un tercio del millón de beneficiados que supo tener; ya no se reparten libros; y las becas en universidades están atrasadas y sin actualizar, como las de Ingeniería, que buscaban incentivar que se interesen por esas carreras. Todas las obras nuevas en universidades están frenadas. Se lo dijo el presidente a los rectores hace unos días: «Obras, no va a haber ninguna más». Es parte de los 4 mil millones que se recortaron del presupuesto universitario.
–¿Cómo evalúa el trato del gobierno hacia los gremios?
–Decidió tenerlos de enemigos, junto al resto de los trabajadores, los defensores de los Derechos Humanos, los mapuches… Más allá de lo estrictamente salarial, el gobierno tiene un profundo desprecio por la educación pública, indisimulable a esta altura. Una de las primeras medidas fue atacarla con el decreto 336, de febrero de 2016, que dejó sin efecto los convenios de las universidades con el Estado, para abrir la puerta a negocios de las consultoras privadas y poner bajo sospecha al sistema universitario público. Y se empezó a escuchar ese despectivo de «universidades del Conurbano», cuando en realidad las 17 universidades creadas entre 2003 y 2015 representan apenas el 4,13% del presupuesto universitario.
–La marcha del jueves fue multitudinaria. Sin embargo, un día después el gobierno levantó la mesa de negociación salarial.
–Es que no tienen qué decirles a los gremios, por eso los patearon para el lunes. El gobierno mira y entiende. No es inoperancia. Pero decide que esto esté así y que haya un vaciamiento de las funciones del Estado. Si se retira el Estado, las provincias empiezan a perder. El aula que dejamos en diciembre de 2015 tenía tecnología, tenía netbooks, no digo que dejamos un sistema educativo que era un paraíso, pero había financiamiento, había libros. Hoy están abandonando el sistema público, y si lo abandonás, abonás el crecimiento del sistema privado. Por eso creo que no queda más que la movilización, trabajar, organizarse, volver a ganar el patio, la sala de maestros, hablar con nuestros compañeros, porque más de la mitad del millón cien mil docentes ha votado esto.
–¿Y por qué cree que votaron o podrían volver a votar por un gobierno que les recorta derechos?
–Quizás forman parte del núcleo duro de la clase media argentina, o había algunas cuestiones relacionadas con la obligatoriedad de la secundaria y cierto rumbo que tomaba la educación en términos de hacerse cargo de aquellos que la escuela dejaba en el camino, que no les gustaban. Habrá que seguir discutiendo, convenciendo, pero a todas luces se ve que esta escuela del neoliberalismo del emprendedurismo y la tecnocracia, que elimina el pasado y se lleva mal con la memoria, no va a tener modificaciones de rumbo con esta gestión.
–Pasados casi tres años, ¿qué autocrítica puede hacer sobre su gestión?
–Más allá de las operaciones mediáticas que padecimos (como anécdota, un lunes distribuimos la netbook número tres millones, y el martes Clarín puso en tapa un informe que decía: «Investigaciones prueban que las netbooks distraen a los alumnos en clase»), creo que lo importante es pensar en lo que viene, y yo no sería nada nostálgico a la hora de pensarlo. Un gobierno tiene que trabajar una relación distinta con los gremios, procurar que haya clases todos los días en la escuela pública, acuerdos salariales de largo aliento, incorporar a las familias, que haya más escuelas de jornadas extendidas, trabajar con los aprendizajes de los alumnos (que, por supuesto, no estaban bien), establecer una norma que financie la infraestructura y hacer una Ley de Educación, que es algo que no pudimos hacer. Podría decir 50 cosas más que nos faltaron, pero siempre dentro de un paradigma de un Estado presente y responsable. Estos tipos no se hacen responsables, y uno de los elementos que más lo demuestra es el presupuesto universitario. «
El lunes, reunión con los gremios, en la quinta semana de paro
Horas después de la multitudinaria movilización del jueves en defensa de la universidad pública, el gobierno decidió el viernes a la mañana suspender la Mesa de Negociación Salarial con los gremios universitarios. El nuevo encuentro con las autoridades será mañana, pero todo se encamina a una inédita quinta semana de paro, ya confirmada por uno de los sindicatos. «La falta de referencia de indicadores» para analizar el nuevo contexto, ante la megadevaluación del dólar, fue la justificación oficial para posponer la reunión con la comunidad universitaria que, llegado septiembre, está lejos de tener cerrada su paritaria.
Recién la última semana el gobierno admitió que el 15% de aumento que venía ofreciendo, en cuotas, ya no será «un techo». Pero no dio mayores precisiones. Incluso en la reunión con algunos rectores, el presidente Macri dejó trascender que las obras de infraestructura pautadas para este año no arrancarán, en el marco del ajuste del gasto público. Los docentes universitarios apenas recibieron este año dos adelantos de 5 y 5,8%, en mayo y agosto.
«De no haber una propuesta satisfactoria, la semana que viene se profundizará el plan de lucha con paros, clases públicas y acciones de agitación en reclamo por aumento salarial y en defensa del presupuesto universitario», advirtieron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). Mientras tanto, el plenario de secretarios/as generales de Conadu Histórica resolvió por unanimidad «continuar con el no inicio de clases y cese total de actividades por quinta semana consecutiva hasta el sábado 8 de septiembre inclusive». Ambos gremios coinciden en el reclamo de un 30% de aumento con cláusula gatillo, y la ampliación del presupuesto para las 57 universidades públicas.
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