Veinte años transcurrieron de la resolución 167/96 que autorizó la producción y comercialización de la Soja RR, propiedad de Monsanto, y que cambió para siempre el modelo agrícola del país. Y el aniversario llegó con una Marcha Mundial contra Monsanto, que tuvo su epicentro local ayer, por quinto año consecutivo, desde las oficinas de la multinacional hasta el Obelisco, mientras la agroquímica exige al gobierno nacional una «aduana privada» para cobrarles regalías a los productores por el uso de semillas, y enfrenta denuncias judiciales de pueblos fumigados. De los 40 países que organizaron esta marcha, la Argentina fue el cuarto con más ciudades adherentes veinte, de Salta a Esquel. Una reacción masiva que tiene un porqué.
«Estamos contra la agricultura industrial y transgénica basada en el uso masivo de agrotóxicos. Decían que acabarían con el hambre del mundo: pasó todo lo contrario.» Quien habla es Julián Galeano, integrante de la asamblea organizadora. El reclamo central fue el rechazo a que la Argentina se incorpore al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), un deseo del presidente Macri. Impulsado por EE UU, propone quitar medidas proteccionistas a favor de mayores beneficios de patentamiento para las grandes transnacionales.
Estos 20 años fueron todo ganancia para las empresas de agronegocios. Con Monsanto a la cabeza, aumentaron su rentabilidad y su injerencia en el país, con escaso control oficial, al tiempo que se sancionaban normativas favorables, como permitirles fumigar a sólo 50 o cien metros de los pueblos, cuando el mínimo debería ser mil. La estrella fue el glifosato, principio activo del herbicida RoundUp. Con la asunción de Cambiemos, la relación se hizo explícita. La gestión de Macri cambió el rótulo del Ministerio de «Agroindustria», y en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal nombró como titular de Asuntos Agrarios a Leonardo Sarquis, ex gerente de la división Semillas Vegetales de Monsanto.
Recién el año pasado, el Ministerio de Salud empezó a publicar los «efectos colaterales» del modelo agrario. «Se vio claramente que los departamentos que usan glifosato tienen el doble de mortalidad por cáncer. En los pueblos sojeros de Chaco, las familias tienen un 30% de sus miembros enfermos de cáncer; en los ganaderos es entre 3 y 5%», grafica Medardo Ávila Vázquez, titular de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Sobre la base de los informes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, la Red Universitaria de Ambiente y Salud advirtió que el consumo de agrotóxicos aumentó un 983% en 25 años: de 38 mil toneladas en 1990 a 370 mil en 2015. Medardo subraya: «La Argentina es el país que más glifosato usa por habitante al año, con 5 litros por kilo.» La superficie cultivada creció hasta 30 millones de hectáreas (70% es transgénico), y ya son 12 millones de personas las expuestas a estos herbicidas.
Pero las plantas se hacen más resistentes. En la misma hectárea donde en 1996 empleaban tres kilos por año de glifosato, hoy aplican doce. Y los vecinos toman conciencia: unos 150 municipios ordenaron sacar a los agroquímicos de las zonas urbanas.
En Monte Maíz, en el sureste cordobés, toda la vida pasa por la agricultura. A principios de 2000, empezaron a darse cuenta: desde la aparición del glifosato aumentaban los casos de cáncer, lupus, alergia y abortos espontáneos. Recién en 2014, con el aporte de Ávila, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, pudieron comprobarlo: en Monte Maíz los nuevos casos de tumores cada año son cinco veces más que la tasa informada por la OMS para el país: 1070 casos cada 100 mil habitantes, contra 200. Colon y pulmón, los más usuales.
«Fumigaban en clubes, escuelas, en la plaza. Mezclaban productos sin control de los ingenieros agrónomos, que tienen el librito de Monsanto en la facultad. Pocos toman conciencia de que es un veneno», enfatiza Gladys Rodríguez, maestra jubilada de 70 años. Su hermano y su primo murieron de cáncer. Sólo en 2014 detectaron 34 casos nuevos: el cura, el director del hospital, funcionarios. La última: una maestra de 30 años que falleció en Laborde, al lado de Monte Maíz. En julio de 2015, el Concejo Deliberante prohibió fumigar a menos de 500 metros de la última casa del pueblo, aunque los silos con glifosato permanecen en la zona urbana.
En marzo del año pasado, el glifosato fue recatalogado como probable carcinógeno humano por la OMS. Cinco meses después, un equipo de científicos de la Universidad de La Plata detectó presencia de glifosato en el 85% de los productos de higiene personal que contienen algodón, y en el 76% de frutas y verduras. El Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de esa universidad publicó un trabajo que demuestra por primera vez que el herbicida también evapora y cae con las lluvias. Tanta es su presencia cotidiana, que la Facultad de Agronomía de la UBA desarrolló el «glifotest», para detectarlo rápidamente en agua, suelo y alimentos. Pero en las universidades también hay connivencia. Acuerdos, como la cátedra de Cerealicultura, entre la UBA y Monsanto, o sanciones a quienes investigan: el decano cordobés de Agronomía pidió la expulsión de Ávila.
Jorge Rulli, referente del grupo de Reflexión Rural, explica que «las consecuencias de lo transgénico son impredecibles. Por eso creo que Monsanto se prepara para anunciar un salto tecnológico menos vulnerable a críticas, dejar un poco la soja, volcarse al maíz para combustible y vender una parte a Bayer.»
La cuestión se centra en la soberanía alimentaria y el modelo de producción de alimentos. Galeano propone la agroecología, sin el tinte industrial, «una agricultura sin pesticidas, que puede alimentar al mundo, generar más empleo y no dañar al medio ambiente». Los médicos de pueblos fumigados presentaron una cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fines de 2015. También hay una demanda colectiva por daño ambiental encarada por un grupo de abogados contra el Estado y once corporaciones transgénicas, exigiendo una indemnización multimillonaria a toda la sociedad. Y el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, en La Haya, una Corte Internacional evaluará a Monsanto por «crímenes contra la Humanidad y el Medio Ambiente».«
«Decepcionados» con el gobierno de Macri
Más allá de tener ex empleados de Monsanto en el Ejecutivo, y de llamar «de Agroindustria» al Ministerio de Agricultura, el Gobierno Nacional enfrenta un conflicto no deseado con la multinacional agroquímica por la llamada «Cláusula Monsanto». Se trata del testeo a los camiones de los productores por parte de las grandes firmas del sector para controlar la biotecnología en las semillas (RR2 o Intacta), que según Monsanto cuentan con protección de la propiedad intelectual. Pero los productores se niegan a pagarle más a Monsanto por las semillas. Esta «aduana paralela» volvió a unir en el reclamo a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, que señalaron que «Monsanto aprovecha la inacción del Estado para asumir el rol de fiscalizar la producción de soja e imponer así retenciones».
A mediados de abril, el gobierno sacó una resolución que establece que cualquier control de granos debe contar antes con la autorización de la cartera a cargo de Ricardo Buryaile. El «ninguneo» a Monsanto generó reuniones de funcionarios con los altos mandos de la firma a nivel mundial, aunque en ninguna estuvo Mauricio Macri. Su administración no niega el actual sistema, ni siquiera que la empresa cobre regalías por su producto, pero apunta a que el control de semillas esté en manos del Estado. La cuestión se agravó estos últimos días: el miércoles, Monsanto suspendió el lanzamiento de su nueva semilla transgénica XTEND. Su CEO global, Brett Begemann, señaló que se sentía «decepcionado» con el gobierno.
Monsanto en las escuelas porteñas
A muchos padres de niños que asisten a escuelas primarias porteñas les llegó un pedido de conformidad para que el colegio participe de una encuesta para el programa «Mi escuela saludable», del Gobierno de la Ciudad, que busca «promover hábitos saludables para prevenir y disminuir el avance del sobrepeso/obesidad». Las firmas que componen ILSI Argentina, la consultora que analizará los resultados, son grandes multinacionales, muchas denunciadas por su accionar en términos ambientales y de alimentación saludable. Entre ellas figuran Monsanto, Coca-Cola, Bayer y Syngenta Agro S.A.
