Pasó una semana desde que las familias del Colegio Nuevo Horizonte de San Cristóbal, fueron informadas que, a menos de 20 días del comienzo de clases, la institución privada iba a cerrar sus puertas por supuestos “problemas económicos”. El colegio funciona hace más de 30 años en Matheu 1472 y abarca los tres niveles educativos: inicial, primaria y Secundaria. A diario recibe más de 400 estudiantes, un tercio de ellos con alguna discapacidad. Las familias denuncian que la decisión del cierre la tenían tomada el 26 de diciembre pasado y que les avisaron a último momento. Por esta razón, durante la jornada, familias, docentes y estudiantes, realizaron un abrazo simbólico al edificio escolar, acompañados por referentes sindicales y educativos. Las familias sospechan que detrás de esta situación se esconde un negocio inmobiliario.

“Continuamos en la misma situación que la semana pasada: acompañando a las familias, tomando decisiones y cumpliendo administrativamente porque la dirección general de Escuelas privadas de la Ciudad, hasta el día de hoy, tampoco se acercaron a la institución”, afirma a este medio Ramón Benítez, el rector del colegio Nuevo Horizonte que la semana pasada fue despedido junto al personal docente y no docente. Tras la jornada de reclamo, Benítez sostuvo en diálogo con Tiempo que él insiste con la gravedad de este hecho: “Esto no es un quiosco, ni una farmacia, y mucho menos una verdulería, donde vamos a comprar un producto para satisfacer necesidades. Estamos hablando de una escuela que tiene que trabajar con jóvenes, niñas y niños que tienen derecho de acceso a la educación”. Al ser consultado sobre el accionar de la familia Montes de Oca, dueña de la institución, manifestó que “todavía los representantes del colegio no dieron la cara para tratar de resolver o de destrabar el conflicto. Solamente tenemos la presentación del Legislador Gabriel Solano, que puede haber una luz en el camino”.

El proyecto de ley presentado por el diputado Solano, declara de utilidad pública al establecimiento y asegura la continuidad pedagógica y laboral, manteniendo los puestos de trabajo de todo el personal. “No puede ser que cierre un colegio en esta ciudad donde faltan más de 56 mil vacantes, y mucho menos por un negocio inmobiliario como todo indica que es lo que va a suceder. El Estado lo tiene que declarar de utilidad pública y proceder a garantizar su continuidad”, explica a Tiempo el diputado porteño del FIT, Gabriel Solano. El legislador del Partido Obrero entiende que en esta situación existe un interés superior a cualquier otro que es la defensa de continuidad de una escuela. “No puede cerrar un establecimiento educativo y mucho menos en vísperas del comienzo de clases, sin darle la posibilidad a cientos de familias de poder encontrar vacantes en otra escuela pública o privada”.

La institución pertenece a la familia Montes de Oca, cuya dueña es Beatriz Monte de Oca, y el encargado de comunicar el cierre del colegio fue Cristian Sanmartino. De acuerdo a lo que pudo confirmar Tiempo la semana pasada, el colegio recibía el 60% de subsidios del total de sus ingresos por parte del Estado. Ese dinero destinado al pago de salarios de maestras, maestros y profesores y, las cuotas, que con los nuevos aumentos rondaría los 35 mil o 40 mil pesos, eran destinadas al sostenimiento del colegio.

Responsabilidades compartidas entre la patronal y el gobierno porteño

Los gremios docentes acompañaron desde un primer momento el reclamo de las familias. Durante el abrazo al colegio también estuvieron presentes: “La responsabilidad es obviamente de la patronal que hizo esto de forma sorpresiva y, al parecer con un negocio inmobiliario de fondo, pero también es responsabilidad de la Dirección General de Educación privada del ministerio, que hoy tampoco se hizo presente, pero tampoco estuvo presente anteriormente como debería estar”, cuenta a este medio Mariano Mango, Secretario de Gestión Privada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera). También desde la asociación docente Ademys, acompañaron la jornada de reclamo e hicieron responsables al ministerio de Educación de la Ciudad. “El gobierno no advirtió esta situación y debería garantizar la continuidad escolar de todos las familias y al día de hoy no hay ningún tipo de novedad, y sigue sin dar respuesta, destaca la Secretaria Adjunta de Ademys, Amanda Martín. Para la ex legisladora porteña del FIT no quedan dudas que el ministerio sabía de la venta de este inmueble desde un primer momento: “Esto se encierra en una política más general del gobierno de la Ciudad de una fuerte especulación inmobiliaria que no deja nada en pie, inclusive instituciones educativas como estas”, agrega.

Tiempo se puso en contacto con la cartera educativa que conduce Soledad Acuña para conocer si el ministerio va a mediar en esta situación para evitar el cierre. Sobre eso no respondieron pero dijeron que “está trabajando la supervisión en el tema para ofrecer propuestas en escuelas de la zona. Desde el ministerio nos venimos reuniendo con ellos desde diciembre. Todos los chicos y chicas van a tener propuestas para ir a escuelas de Gestión estatal”.

La comunidad educativa desmiente al Ministerio y lo responsabilizan Las familias niegan lo manifestado por la cartera educativa de la Ciudad y señalan que la única propuesta alternativa que dieron para sus hijos, fue una planilla con valores totalmente desactualizados y que no tienen más oferta de vacantes. “Hay un desamparo total por parte del gobierno de la Ciudad y del ministerio de Educación, todavía estamos reclamando vacantes más allá de los colegios que se acercaron, es por eso que convocamos y apelamos a la solidaridad del resto de los colegios para que nos sigan brindando vacantes”, insta en declaraciones a Tiempo Paula Rossi, mamá de Dafne, una nena de 8 años que tiene síndrome de Down y que asistía al colegio que cerró. Rossi subraya que, en los últimos días se sumaron varios espacios y diferentes organizaciones políticas de todos los sectores a este reclamo . “Además de la falta de vacantes para nuestros hijos, apelo también al pedido a todos los colegios que si necesitan docentes y no docentes, hay 90 personas del Nuevo Horizonte que se quedaron sin trabajo, que por favor se comuniquen con nosotros porque están en una situación desesperante”.