La rectora María Eugenia Catalfamo había sido nombrada por el Poder Ejecutivo y en acuerdo con el Senado provincial, conforme lo establece la ley vigente. El primer acto del gobernador electo de Juntos por el Cambio, Claudio Poggi, que asumió este 10 de diciembre, fue desplazarla, intervenir la universidad y enviar efectivos policiales a la casa de estudios.
El primer acto de Claudio Poggi (Juntos por el Cambio) como gobernador fue intervenir la universidad por decreto y enviar durante el domingo 10 de diciembre –mientras se celebraba el día de los derechos humanos y 40 años de democracia en Argentina- a la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo COAR a ocupar el edificio del rectorado, sus inmediaciones, prohibir la libre circulación y requerir documentos de identidad.
Este lunes, según informó Catalfamo, trabajadores y trabajadoras de la universidad no pudieron entrara cumplir sus funciones. “Los móviles estaban dentro de la universidad, en el rectorado, solicitando documentación a cada una de las personas que quisieran pasar por el portón”, señalo. No obstante, según expresó, quienes sí pudieron pasar fueron los nombrados como interventores por el gobernador. “Solo podían entrar otras personas que fueron a tomar la universidad, a establecer una intervención de la cual nosotros no fuimos notificados como corresponde, a tomar el poder de una casa de estudios que tiene 20 años de vigencia”, advirtió.
Durante la conferencia de prensa en el Senado provincial, el vicerrector de la Universidad de La Punta (ULP), Marcelo Amitrano, confirmó la presentación de una denuncia en la Justicia contra el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, y su actual ministra de Seguridad, Nancy Sosa, “por amedrentamiento y abuso de poder” sucedidos durante la intervención a la casa de estudios provincial. Asimismo, que durante este lunes se presentará una acción de amparo.
“A los que tenemos memoria sabemos que ver uniformados en la institución educativa no ha sido bueno nunca, no se empieza por ahí, hay una intencionalidad de mandar un mensaje, de amedrentar, apretar y tratar de marcar una posición por la fuerza”, aseguró Amitrano.
El directivo confirmó que presentaron denuncia ante la Fiscalía en contra del gobernador y la ministra de Seguridad ya que “los efectivos allí presentes manifestaron de ellos recibieron la orden de tomar esa medida”, expresó. Amitrano subrayó que “si la ley vale esperemos que valga para lo mas sagrado que tiene la universidad que es la prohibición del ingreso por la fuerza de efectivos policiales como sucedió un domingo casi de noche”.
Tanto Catalfamo como Amitrano alertaron sobre el conflicto de poderes que genera la decisión de Poggi ya que transgrede un acuerdo aprobado en el Senado, en el cual ya se habían discutido las cuestiones formales que el decreto aduce como motivo de la intervención, es decir, no se produjo ningún hecho nuevo. En este sentido, Catalfamo alertó sobre el grave precedente que podría significar para las universidades del país, que podrían verse intervenidas por sus poderes ejecutivos. “No hay hecho nuevo que amerite una situación de emergencia y aunque lo fuera, hay herramientas más democráticas y pacificas como las sesiones extraordinarias para que el Senado se expida”, agregó Amitrano. “Se está avanzando sobre otra cosa: es perseguir a un rector por lo que piensa, no por cuestionamientos a lo que gestiona, perseguir por el espacio político en que milita”, concluyó.
Pocas horas después de asumir, el gobernador Claudio Poggi decretó la intervención de la Universidad de La Punta y envió a la Policía a bloquear el ingreso a la casa de estudios. El mandatario designó a Luis Guillermo Quintas como interventor, a María Eugenia Vergés Secretaria General y Marcelo Genaro Neme Secretario Legal y Técnico.
Mediante un decreto firmado también por el ministro de Educación, Guillermo Araujo, el nuevo titular del Ejecutivo dispuso la intervención por seis meses y dejó sin efecto la designación de María Eugenia Catalfamo, que había sido nombrada con acuerdo del Senado de la Provincia. Desde la Agencia de Noticias informaron que el flamante interventor, Quintas, “afronta algunos problemas personales” por lo que Vergés “quedará a cargo de la casa de estudios hasta que el interventor normalice su situación”.
En el documento, el gobernador cuestiona que la designación de Catalfamo “fue irregular”, porque al momento de ser nombrada ocupaba una banca en el Senado de la Nación. Asimismo, considera que no cumple con tres requisitos para estar al frente de la casa de estudios. Así lo afirmó en un comunicado: “No fue nunca profesor titular de alguna universidad acreditada, tampoco tiene cinco años de actuación académica universitaria ni cuenta con experiencia en la dirección y gestión de organismos públicos o instituciones privadas, ni participó en proyectos de alcance internacional, como exige el mismo estatuto”.
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