El jueves se realizó la primera reunión ordinaria del Consejo Federal de las Mujeres que convocó la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia de la Nación y las consejeras provinciales que lo integran.

Durante el encuentro, las representantes exigieron respuestas acerca de cómo el gobierno nacional plantea trabajar sobre los femicidios y la violencia de género y elaboraron un documento firmado por las 23 titulares, donde afirman que las estadísticas demuestran la existencia de la violencia por motivos de género. “Necesitamos políticas públicas específicas y transversales para abordar esta problemática desde el Estado. Además, consideramos imperativo manifestarnos en contra de los discursos de odio que, en su gran mayoría, están dirigidos e impactan sobre todo en la vida de las mujeres y personas LGBTIQ+”, expresaron.

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, titular del único organismo con rango ministerial en el país, planteó durante el encuentro su preocupación sobre la falta de información concreta respecto a las políticas de género y responsabilidades del Estado nacional.

“Se tiene que respetar el marco legal de la Argentina, no le pedimos ni más ni menos que eso. Y respetar ese marco legal es garantizar políticas públicas y garantizar presupuesto. El gobierno nacional no puede desentenderse de sus responsabilidades”, dijo la ministra bonaerense. “Todos los mecanismos provinciales de mujeres y diversidades compartimos definiciones que son fundamentales y que dejamos por escrito, en el petitorio, a las autoridades allí presentes.”

Las consejeras federales reclamaron políticas públicas dirigidas a mujeres y LGTBI+. “Las provincias estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener el abordaje de las violencias por razones de género. Queremos saber ¿qué pasa con el Plan Nacional, que ya está por terminar su fecha? ¿qué pasa con el presupuesto para políticas de género? ¿qué pasa con la línea 144 que sostuvieron que va a continuar?”

La representante de Jujuy, Lourdes Navarro también remarcó, la importancia de que el gobierno nacional sostenga programas como el Acompañar, la línea 144 y aquellos vinculados a la prevención del embarazo no intencional y la Educación Sexual Integral. “Las provincias solas no tendrán jamás el mismo impacto en esta lucha contra la violencia, si no se cuenta con el apoyo claro y contundente del estado nacional”, expresó.

Por Salta, estuvo la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique quien luego de destacar el compromiso del gobierno de Salta en implementar políticas que prevengan y erradiquen las violencias por motivos de género, dijo: “es necesario que hablemos el mismo lenguaje, que coincidamos en que las violencias contra las mujeres y diversidades son un problema estructural y cultural que tiene nuestra sociedad. Por eso, entendemos que es fundamental seguir encontrándonos y buscando caminos de trabajo conjuntos para identificar desafíos comunes y potenciar las herramientas de gestión”, dijo la funcionaria. 

En representación de la provincia de Neuquén, Natalia Fenizi, secretaría de Género de la provincia, expresó: “las provincias identificamos la necesidad de un posicionamiento inequívoco ante la discriminación o la violencia por motivos de género.”

La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, Cecilia Labourié, dijo, “nos fuimos con sensaciones encontradas. Por un lado, nos llevamos la confirmación de la continuidad del 144 y del programa Acompañar, lo cual resulta positivo. Pero, por otro lado, nos encontramos con que no está planificado presupuesto para brindar asistencia y contención a víctimas. Es decir, no habrá recursos ni siquiera para la urgencia”, según expresa el portal APN.

También la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego, Adriana Chapperón, ante el pedido de información a la gestión actual, recalcó, “necesitamos contar con autoridades responsables y con interlocutores válidos en temas de género y diversidad, especialmente tras la reorganización de las competencias nacionales. Si bien Tierra del Fuego ya asiste activamente a mujeres y diversidades, también, se debe contar del apoyo del Estado nacional para fortalecer estas políticas, como la línea 144 y el programa Acompañar”.

Los pedidos

En el documento, las consejeras que participaron de la reunión elevaron los siguientes pedidos al gobierno nacional.

Comunicación: necesitamos tener precisiones con respecto a quienes son las autoridades e interlocutores válidos en los distintos organismos del gobierno en los que recayeron competencias y temáticas relacionadas a mujeres, géneros y diversidad.

Presupuesto: necesitamos precisiones en relación con el Presupuesto que el Gobierno Nacional presentó para el ejercicio 2025 para saber cuánto se invertirá en el abordaje de la violencia de género y acceso a derechos de mujeres y personas LGBTIQ+.

Programas: Solicitamos información y el estado de situación de programas y acciones claves para el abordaje de las violencias por motivos de género en las provincias: Acompañar, Línea 144, PAD, Patrocinio legal, Programa Generar, CTI: Centros Territoriales en ejecución y licitados, etc.

¿Cómo van a continuar? ¿En qué estado están las cargas que se hicieron durante todo el año? ¿Cómo van a continuar los pagos? ¿Cómo continuará la entrega de tobilleras?

Sobre el Acompañar necesitamos que se revise la decisión de solicitar la denuncia para cargar en el programa.

Plan Nacional Contra las Violencias: Necesitamos saber cómo se va a trabajar en el próximo Plan Nacional contra las violencias que vence este año.

¿Está previsto continuar el Plan? ¿Cómo se construirá? Necesitamos FEDERALISMO en la construcción del mismo.

Datos: Precisamos saber si se dará continuidad a investigaciones y recolección de datos imprescindibles para nuestra tarea como la Encuesta de uso de tiempo, brechas económicas, unificación de la toma de datos de femicidios, etc.

Articulación: Necesitamos que desde el organismo que tiene a cargo la implementación del Consejo Federal de las mujeres se propicie en este espacio la articulación con otras áreas de gobierno cuyas políticas impactan en los derechos de las mujeres, niñas y personas de la diversidad. ¿Qué pasará con el Plan ENIA? ¿Cómo se está asegurando la implementación de la ESI? ¿Qué hará la Nación con la provisión de métodos anticonceptivos e insumos para la realización de IVE e ILE?

Créditos BCIE: entendemos que queda un remanente de 21 millones de dólares que no fueron ejecutados y que tenían el destino de fortalecer políticas públicas en las provincias. Solicitamos que el mismo pueda ser transferido a las provincias.

«El Estado Nacional y los Estados provinciales tenemos la obligación de darle a las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+ una respuesta ante la problemática estructural y cultural de la violencia por motivos de género y las desigualdades que no les permiten vivir una vida plena y en ejercicio real de sus derechos», finaliza el contundente documento de las responsables provinciales.