La llegada de Javier Milei a la presidencia implicó un retroceso enorme en materia de políticas públicas de género. La famosa “motosierra” que prometía ir contra una “casta” nunca determinada durante la campaña se usó directamente para los programas orientados a proteger los derechos de mujeres y diversidades. También fue contra la salud y la educación pública, lo cual también genera impacto directo en la población femenina y diversa.
En las últimas semanas, la presentación del Presupuesto 2025 generó alarma en las organizaciones de la sociedad civil y en una pequeña porción del mundo político por la ausencia de partidas previstas para políticas de género. La situación se agrava aun más ante el crecimiento de la pobreza (teniendo en cuenta que el sector más dañado es el de las mujeres y LGBT), la violencia fomentada por los discursos de odio que el mismo gobierno difunde, y el preocupante aumento en las cifras de los femicidios.
El martes 15 de octubre la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha convocó a una reunión con diferentes sectores para debatir sobre ese presupuesto, pero también para intercambiar datos y argumentos que dejaron expuesta lo grave de la situación actual.
Del encuentro participaron Agustina Rossi del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Malena Vivanco de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); María Julia Eliosoff del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad; Fernanda Tarica de la Fundación Shalom Bait; Mónica Troncoso, referente Nacional de La Poderosa; Luci Cavallero del colectivo Ni Una Menos y María de las Nieves Puglia de FUNDAR.
“Se ha quitado todo lo que tiene que ver con políticas de género. No hay ni siquiera mención del Programa Acompañar que hoy está planteado como un programa que dura tres meses”, dice a Tiempo Argentino la diputada Mónica Macha. “Hoy para acceder hace programa hace falta una denuncia. Todo esto representa un retroceso enorme, no solamente en la economía de las mujeres que sufren violencia por motivos de géneros, sino en todos aquellos saberes en donde concluimos que la denuncia en una fiscalía o comisaría puede estar a veces en el inicio o a mitad del proceso, o hacia el final. O puede no estar. En ese sentido, este gobierno plantea un retroceso en los saberes que a lo largo de estos años fuimos consolidando”.
La preocupación, define Macha, es “extrema” porque a ellos se suma la precarización laboral, el aumento de las tareas de cuidado y la falta de alimentos debido a los precios elevados.
“Para las mujeres, lesbianas y trans de nuestro país, este presupuesto es casi una reducción al feudalismo”, expresó, Luci Cavallero, referente de Ni Una Menos durante la reunión que se realizó en Diputados.
“El ajuste extremo que está llevando el gobierno, este shock neoliberal recargado que está convalidando gran parte de nuestro Congreso es un presupuesto que, de aprobarse, así como está, convalidaría la desaparición de las políticas de prevención y abordaje de las violencias, tanto la línea 144 como el Acompañar, pero también de las políticas de salud sexual y reproductiva. Les pedimos encarecidamente, desde el movimiento transfeminista que rechacen este presupuesto y que puedan marcar claramente que hoy tenemos un doble beneficiario de este presupuesto que es Marcos Galperín, tanto por las exenciones tributarias, -es el sector que se está beneficiando-, como por los intereses usurarios que cobran a las compañeras que están sosteniendo como pueden en los barrios este ajuste neoliberal”, agregó.
La Ley Brisa, con demora
De acuerdo a los datos brindados por el Observatorio Adriana Zambrano de Casa del Encuentro, en los primeros nueve meses se contabilizaron 225 víctimas de violencia de género en la Argentina. Hubo 202 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, tres lesbicidios, tres trans-travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Entre los datos más relevantes, el observatorio destaca que son 255 hijxs que quedaron sin madre. De ese total, el 52% son menores de edad. La situación de desamparo de esxs hijxs no es nueva. En muchos casos, los femicidas luego de asesinar a sus parejas se suicidan o son encarcelados por lo que lxs hijxs quedan a cargo de los familiares más cercanos. Por ese motivo, en 2018 se sancionó la Ley Brisa (27.542), que brinda una reparación económica mensual y cobertura social hasta los 21 años. Hoy, denuncian se detectaron grandes atrasos en el pago de ese derecho.
“Hubo muchos retrasos, corrimientos de fechas de pago y demás desde que asumió el nuevo gobierno” detalla Marcela Morera, de Atravesadxs por el Femicidio. “No ingresaban los trámites nuevos porque no hay quien firme ese ingreso. Quedaban estancados”, agregó.
Desde Capital Humano, dijeron a Tiempo que de 2023 quedaron iniciados 150 trámites de los que faltaba revisar la documentación, y que tras esa revisión comenzó la incorporación de lxs niñxs al programa. En septiembre, afirma la cartera, se pagaron 50 casos nuevos y están en proceso 120 para octubre.
Esa revisión hasta 2023 estaba en manos de la Comisión Permanente de Seguimiento (COPESE) integrada -antes de la llegada de Milei- por ANSES, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el eliminado Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. El ingreso se hacía por Anses y eso agilizaba los trámites y permitía que la evaluación de los casos sea más rápida. Por ende, el ingreso de lxs niñxs al programa era más fluido.
Capital Humano afirma que hubo dos reuniones con la COPESE y que actualmente está integrada por esa cartera, el Ministerio de Justicia y ANSES. A pesar de ello, según denunciaron las organizaciones, muchos ingresos de pedidos para la reparación fueron por ANSES y quedaron estancados en Capital Humano.
“Hace unos días avisaron a algunos compañeros que su trámite había avanzado y que tendrían novedades del cobro hacia fin de año. Es decir, un año después de haberse iniciado el trámite”, agregó Marcela.
Desde la creación del programa hubo 2.105 solicitudes, sin embargo, en 2024 sólo hubo 37.
Los datos del informe sobre el Presupuesto
- Entre las mujeres desocupadas (donde es esperable encontrar mayores niveles de dependencia respecto del agresor), las situaciones de violencia se observan en un 73,6% de los casos.
- 95,7% declaró que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos.
- Entre las mujeres que tuvieron 3 o más hijos/as, las situaciones de violencia se observan en el 60,7% de los casos.
- 7 de cada 10 de las personas asistidas tiene a cargo niños menores de 14 años.
- 4 de cada 10 mujeres y LGTBI+ asistidas habitan en viviendas provisorias.
Lo que no se nombra, no existe
En los informes que se debatieron en Diputados el martes pasado, se destacó que desaparecieron las etiquetas de políticas de género. También que se notó la desaparición de las palabras “mujeres” y “diversidades”. En el presupuesto 2025, la palabra “mujeres” y “diversidades” no se encuentra en los documentos oficiales. «Este cambio representa una invisibilización de las políticas que tienen como objetivo abordar las desigualdades por motivos de género».
También se destaca que «en el Presupuesto 2025 se ha eliminado la meta física relacionada con el porcentaje de bancas ocupadas por mujeres en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado».
Con relación al presupuesto vigente la disminución es significativa, «considerando que la inflación acumulada en Argentina fue del 211,4% en 2023 y del 90,3% hasta septiembre de 2024».
