El 2 de septiembre de 2020 el entonces presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, habló exultante en la conferencia de prensa sobre la operación realizada por las Fuerzas de Tareas Conjuntas de Paraguay, ubicado en los alrededores del cerro Guazú, Concepción, celebrando la muerte de dos niñas. Habló de un enfrentamiento con integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo. Sin embargo, se trató de un operativo donde secuestraron, torturaron y mataron a María Carmen y Lilian Mariana Villalba, dos niñas argentinas de once años que estaban en la zona visitando a sus padres, ejerciendo su derecho a la identidad.
En el operativo, la tía y mamá de las niñas, Laura Villalba, junto a su sobrina de 14 años Carmen “Lichita” Villalba fueron testigos de aquel hecho que el gobierno paraguayo, a través del Ministerio Público Fiscal, se ocupó de encubrir. Laura se recibió de enfermera en Paraguay estaba trabajando en una clínica en la Argentina. Hoy está presa por dos causas, una de ellas no tiene sustento jurídico y la otra está enmarañada en trampas armadas por la misma Justicia. Lichita está desaparecida.
La familia Villalba padece desde hace más de 20 años la persecución del gobierno de Paraguay, donde las prácticas de la dictadura militar (que allí terminó en 1989) persisten en fuerzas de seguridad y en la estrecha relación e intervención del estado en el Poder Judicial. Con una de sus hermanas presa (Carmen Villalba, mamá de Lichita que cumplió su condena hace dos años, pero sigue en prisión) la familia debió mudarse a la Argentina. Llegaron primero a Clorinda donde la policía persiguió al hijo de Carmen, de 12 años, lo roció con veneno y lo asesinó. Eso motivó a que la familia se mudara a Puerto Rico, Misiones, de donde a principios de 2022 tuvieron que irse porque sus vidas estaban en peligro. Un peligro institucionalizado a través del gobierno de Paraguay.
Presa por buscar a su sobrina
El sábado 2 de septiembre se cumplieron tres años del crimen de las niñas. Myrian Villalba, mamá de Lilian Mariana y tía de María Carmen y Lichita, hoy vive con sus hijos y los de sus hermanas. Su vida cambió drásticamente desde ese 2 de septiembre en que asesinaron a las niñas. Está al frente de la campaña de pedido por aparición con vida de Lichita y de libertad a Laura y sobre ella pesa una orden de detención por “violación del deber de cuidado y violencia familiar”, una de las acusaciones por las que está detenida Laura.
–¿Cuál es la situación actual de Laura?
–Laura tiene dos causas. El 23 y 24 de agosto se tenía que realizar el juicio por violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar, ésta es la tercera vez que se suspendió a pedido de la fiscalía. El Estado paraguayo dice que ella es responsable de que nuestras niñas estuvieran el 2 de septiembre en ese lugar. Y realmente es absurdo, porque los militares y los policías capturaron vivas a nuestras niñas. Ése es el juicio que Laura tendría que haber enfrentado. Se suspendió porque uno de los tres fiscales “no se sentía bien”. En la audiencia preliminar no permitieron que la defensa presente pruebas a pesar de que nuestro nuevo Código Procesal Penal y la Constitución Nacional garantiza la amplitud de las pruebas. Una de esas pruebas es la carpeta que investiga el doble infanticidio de Lilian y María Carmen.
–¿Cómo fue la detención de Laura?
–La detienen el 23 de diciembre mientras buscaba a Lichita, que fue vista por última vez el 30 de noviembre. La detienen sin orden de captura ni antecedentes penales. Enseguida ordenaron su remisión y prisión preventiva. No hay ningún caso en Paraguay que tenga antecedentes: que una mujer civil haya parado en un cuartel militar. A Laura la tuvieron 24 horas vigilada, la dejaban salir una hora de la celda, pero sola sin contacto. Fue así hasta que intervino el Mecanismo de Prevención contra la Tortura y se hizo un pedido ante las Naciones Unidas. Una vez que se hizo el pedido decidieron trasladarla a la Penitenciaría Regional de Misiones San Juan Bautista Misiones donde se complica muchísimo su asistencia. En Paraguay las personas privadas de libertad si quieren comer se tienen que cocinar. No hay una asistencia por del Estado cada preso que está ahí, sus familiares son los que se preocupan para que sigan con vida para alimentarse. Si se enferma, lo mismo tiene que proveer medicamentos.
–¿Desde cuándo estaban las niñas?
–Ella se tomó vacaciones y se fue a Paraguay a llevarlas a las niñas. Siempre tratamos que ellas tengan conocimiento de su papá, tengan esa relación familiar, por más de que sea esporádico. No dimensionamos lo que podía suceder, porque la inteligencia paraguaya en una conferencia de prensa posterior reconoció que apenas pisaron Encarnación empezaron a seguirlas a ellas y a las niñas. Es decir que siempre supieron dónde estaban. Aprovecharon para montar ese operativo el 2 de septiembre y atacar el lugar. Se las llevan vivas, una de ellas estaba herida pero la otra no. Sabemos que fueron llevadas con vida. Luego nos llegaron las fotos de las niñas con uniformes (que les pusieron ellos) con cortes y con signos de tortura.
Las mentiras del ejército
La pandemia del Covid fue la excusa perfecta para las fuerzas armadas de Paraguay. A los uniformes los quemaron y tiraron los cuerpitos de Lilian y María Carmen a unas fosas comunes por “protocolo” anticovid. De allí lograron rescatar los restos de las niñas para realizar al menos un examen. Fueron dos médicos forenses que las vieron. El primero ni las revisó y dijo que las chicas tenían entre 17 y 18 años. El segundo apenas se acercó, tuvo que reconocer que las víctimas asesinadas por el gobierno de Paraguay eran niñas.
En el operativo hirieron también a Lichita, una de las niñas, de 14 años. Logró escapar junto a su tía, otra prima y su hermana melliza quien ya declaró ante el Comité de Niños de Ginebra. Después de su desaparición su tía Laura comenzó a buscarla desesperadamente hasta que el 23 de diciembre la encarcelaron.
Veinte días antes la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) había asegurado que las autoridades de Paraguay «destruyeron pruebas fundamentales y cometieron otras graves irregularidades» en la investigación. En ese informe, la organización asegura que la muerte de las dos niñas de 11 años fue causada por agentes de fuerzas de seguridad del Estado. También que las autoridades paraguayas violaron tanto sus propios protocolos de investigación como normas internacionales de derechos humanos. Y recomendó una investigación independiente que hasta ahora no sucedió.
–¿Qué pudieron reconstruir de Lichita?
–Nada. Sabemos de ella hasta el 30 de noviembre. Estaba herida porque la hirieron de refilón en la cabeza y tenía otra herida en la pierna. Ella junto a Laura trataban de salir de allí, pero estaban acorraladas, la melliza de Lichita y su otra prima sí lograron salir, pero de ella no sabemos nada. Su hermana y su prima encontraron luego en la zona donde estuvo por última vez cartitas y notas que Lichita escribía para su mamá. Pero nada más que eso.
–¿Cómo es el trabajo de las fuerzas armadas en esa zona?
–Es una zona de comunidades indígenas que están olvidadas e históricamente muy abandonadas por el Estado. Existe mucho temor porque la zona está militarizada, a las chicas que estaban circulando por ahí han tratado de ayudarlas, pero es difícil porque también el narcotráfico es muy fuerte. Estamos hablando de una frontera con Perú, con Brasil y en Paraguay, es una zona bastante acosada por militares y por narcotraficantes.
–Lo llamativo es que son mujeres y son niñas, ¿cuál es la relación?
–Te diría que tienen algo con los niños. En una época a nosotros nos allanaban nuestras casas una vez por mes seguro. En esos primeros allanamientos lo primero que buscaban eran las fotos de los niños, no las nuestras. En este campamento había hombres y mujeres, pero ellos decidieron agarrar a las dos niñas. Por eso es que nosotros seguimos peleando para que se reconozca ese doble infanticidio. «
Acompañamiento
A pesar de que está comprobado que el gobierno mató a las 2 niñas argentinas de 11 años, la familia Villalba no tuvo ningún acompañamiento institucional.
“Es un sistema vertical. Todos cumplen orden superior y entonces no tienen ninguna intención de realmente investigar”, dice Myrian. “O en el caso de la Defensoría de la Niñez, tampoco van a hacer una denuncia formal contra los militares. Hay muchas cosas que no sabemos, por ejemplo, hasta pudieron haber abusado de nuestras niñas, pero no lo sabemos porque no se investigó. Yo estoy segura que ni hay carpeta fiscal hay en ese caso. Nosotros exigimos que aparezca esa carpeta, pero hasta ahora no se sabe nada”.
No es el único caso en Paraguay en los últimos tiempos, dice Myrian. Recuerda que hace apenas unos años mataron un chico adolescente que fue asesinado por las fuerzas y no se denunció. También un referente campesino que fue asesinado de 50 balazos en la puerta de su casa. La situación del país provoca también ciertos frenos a las organizaciones civiles.
“Ese 2 de septiembre cuando le matan a nuestras niñas hubo una manifestación espontánea frente al Panteón de los Héroes. Al día siguiente todas las personas que participaron en esa manifestación fueron procesadas. Inclusive algunos tuvieron que pedir asilo político. Y estamos hablando de 20 o 30 personas. Con el temor que existe en Paraguay te pueden armar una causa sin ningún tipo de prueba y te empaquetan o te etiquetan con la ley Antiterrorista”, cuenta.
En el caso de la Argentina tuvo un acompañamiento para pedir los cuerpos de las niñas y también para conseguir el asilo político en el país.
