El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad presentó el primer informe elaborado por el Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de género, (Sicvg) que reúne información desde 2013 a diciembre de 2022.
De acuerdo a esos datos se asistió a 669.339 personas en situación de violencia en el país. La cifra incluye también a las consultas realizadas en este sentido.
Durante la presentación, que se realizó en el salón Cúpula del Centro Cultural Kirchner la ministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina recordó el peso político que tuvo el histórico grito de Ni Una Menos en 2015 y habló de la construcción colectiva para “construir una Argentina libre de violencias”.
“No estamos acá por arte de magia. Podemos llegar a este lugar porque hubo muchas conquistas de compañeras y compañeres que nos dejaron los cimientos sólidos y el camino abierto para que podamos dar una respuesta transparente como Estado, presentando una herramienta federal e interseccional”, señaló.
“Estamos presentando una herramienta importante que no son sólo datos, hay historias, ¡hay relatos de personas que necesitan del acompañamiento institucional!, afirmó. “Esta herramienta va a lograr la transformación que necesitamos”, agregó la ministra Mazzina.
Junto a la ministra, las funcionarias Josefina Kelly Neyla, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género de Nación y Victoria García Llorente, directora nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la información destacaron el trabajo que se realizó a lo largo de tres años para conformar este sistema.
“Este sistema permite planificar y pensar políticas públicas en el momento y que no está enfocado en riesgos solo de mortalidad. En la práctica vamos a tener que seguir mejorando y adoptarlo a otras posibilidades”, resaltó Kelly. Por su parte, Victoria Gallo Llorente, contó “escuchar a las jurisdicciones fue un trabajo de investigación que hicimos con consultas y capacitaciones. Este sistema es el resultado de un gran trabajo”.
Los números del Sicvg
De acuerdo al registro entre 2013 y diciembre de 2022 hubo un total de 669.339 personas que fueron asistidas por estar en situación de violencia de género. Este sistema permite conocer en profundidad las características de las violencias y determinar el nivel de riesgo que está viviendo la persona que se acerca a pedir ayuda.
Lorena Balardini es directora técnica de Registros y Bases de Datos del MMGyD. Durante su exposición en la segunda parte de la presentación destacó que el Sicvg permite reconocer los aspectos y las condiciones de vida, eso es fundamental para determinar el tipo de protección”. Agregó que se sofisticó la medición de riesgo a partir de los tipos de conductas y de violencias. En ese sentido, destacó que más del 75% de las consultantes eran de alto riesgo.
A partir del análisis de este informe que busca, tal como lo indica el documento, “sistematizar la información con un enfoque estadístico y ser una herramienta de consulta, articulación y seguimiento, lo que contribuye a la elaboración de políticas públicas con sustento empírico a nivel nacional y federal”, se determinó que el 97,5% de las personas agredidas son mujeres, y el resto del porcentaje corresponde a la población LGBTI+.
Destaca a su vez que es en el ámbito doméstico donde existen más casos de violencia: un 97,1%. Del resto, el 1,3% de los registros son por violencia laboral, y un 1,2% por violencia institucional.
En cuanto a las personas agresoras, el 95.8% son varones, 87,8% son parejas o exparejas; 23,2% tienen armas de fuego.
El informe también muestra que el 53,9% de las personas que sufren violencia tienen hasta nivel secundario incompleto, el 1,7% señala estar cursando un embarazo en actualidad o haber transido uno recientemente; y el 1,7% tiene alguna discapacidad.
Entre los registros tomados por el mismo ministerio el 4% son migrantes, el 1,5% pertenecen a pueblos indígenas, el 0,9% están en condición de refugiada, el 0,5% son afrodescendientes, el 1,6% tienen alguna discapacidad, el 1,0% están en situación de trata, el 0,8% tienen algún conflicto penal y el 0,1% están privadas de su libertad.
Entre las novedades el registro incluye variables para determinar los distintos motivos de violencia de la comunidad LGBT.
En la elaboración del informe se analizaron datos de nueve áreas de género provinciales y seis municipales. Además, el aporte de un organismo judicial y cinco dispositivos territoriales de protección, datos del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres de diecisiete provincias y siete organismos nacionales, y la información de cuatro programas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
El informe en su conclusión destaca que, de los casi 700 mil registros, hay un 50% de datos exhaustivos que implican la posibilidad de registrar asistencias e intervenciones.
Una política pública federal
En la presentación se realizaron dos exposiciones una sobre la elaboración del registro y otra sobre el impacto y las implicancias federales del mismo.
En la primera, Romina Chiesa, directora nacional de Protección de Víctimas de Violencia por Razones de Género del MMGyD manifestó que encontraron una herramienta fundamental para las provincias. Y agregó, “es importante conocer las políticas del ministerio y defender lo que supimos construir en estos años”.
Enel caso de Florencia Sotelo, directora de articulación territorial para el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia explicó que uno de los aportes fue a través del programa Acercar Derechos y del cuerpo de abogados que comenzó a trabajar en junio de 2021. “Estamos en condiciones de analizar y corregir lo que no funciona y focalizas en construir cómo llevar adelante el acompañamiento”. Anticipó que trabajan en ampliar la cantidad de abogados en los territorios
Por su parte, Claudia Perugino, coordinadora del Programa Acompañar, destacó que ese programa vino a complementar el trabajo que se hacía desde el Ellas Hacen (que levantó el gobierno de Macri) y el trabajo con la línea 144 que estaba vaciada. “Hoy es un programa que se acercó a 280 mil personas. Así se unificaron los datos y con ellos la mirada sobre la violencia económica. Buscamos jerarquizar las áreas, comprar herramientas tecnológicas. Este es un sistema de construcción permeable a cambios”.
Perugino también destacó la necesidad de defender el ministerio que vienen siendo atacado desde diferentes sectores políticos.
En la tercera parte de la presentación estuvieron representantes de las provincias. En primer lugar, estará Fabiana Gómez, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca; Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros de Chaco; Carla Ballestero, subsecretaria de Promoción y Protección de la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja; y Lorena Gigena, subdirectora del Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, para aportar su experiencia provincial.
Para la funcionaria catamarqueña el Sicvg brinda la posibilidad de sistematizar los datos que llegan al organismo. Desde la Corte Suprema de Justicia de Catamarca firmaron un convenio en diciembre de 2021 para contar con la herramienta. En ese marco se realizaron capacitaciones a quienes tienen contacto directo con las víctimas.
“Este sistema brinda información para la mejor tomade decisiones”, destacó Gómez quien hizo hincapié en la articulación institucional para evitar la revictimización.
Por su parte, Silvana Pérez detalló que en Chaco existían un gran déficit y abandono en políticas de género previa a la existencia del ministerio. El distrito que tiene un alto índice de femicidios pasó de tener tres áreas de género a 57. También afirmó que el trabajo fue pensado desde la gestión de equipos y que hubo un descenso importante desde la implementación del Sicvg. En la plataforma hoy se registran 6793 casos de diferentes tipos de violencia.
Carla Ballestero explicó que en La Rioja había poca estructura informática y edilicia que no contenían a los equipos que debían hacer su trabajo en esa provincia. “El Sicvg era una herramienta que demandaban los gestores territoriales. En nuestro caso, vino a movilizar la revisión de profesionales, los espacios físicos de atención y la necesidad de equipamientos informáticos. Fue una imagen clara de lo que es una política pública federal”.
En La Rioja se firmaron convenios con los municipios y se elaboró junto al Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos de la provincia un formulario único que abarca lo judicial y lo administrativo.
En el caso de La Pampa, Lorena Gigena contó que en esa provincia se venía pensando en la necesidad de un registro de esas características. “Contar con ese acompañamiento es fabuloso (del ministerio) porque el Indec y la Dirección de estadística no los podían brindar. Cuando nos informan de este sistema pensamos que era lo que estábamos necesitando”.
La funcionaria agregó, “invitamos a participar a los municipios. Tenemos 80 pero el gran inconveniente es que hay algunos muy distantes y con poca conexión a internet, pero 25 los están implementando. Tenemos buena relación con la OVD del poder judicial. Nuestra intención es que puedan sumarse”.
En el cierre del encuentro, Erica Laporte a cargo de la Unidad de Gabinete de Asesoras del MMGyD dijo: “Esta es la política más federal de este ministerio. Va a contar 700 mil historias. Vamos a contar con el primer sistema que contiene datos de la población LGTBI. También está el sistema travesti trans y tiene el desafío de la implementación del cupo laboral travesti trans”. Destacó la posibilidad de relevar los datos de cuidado y dijo que implicará que se piensen políticas públicas al respecto. “En dos años se cargaron 700 mil historias. Fue maratónico”, finalizó.
