Presentes recorrió las rutas y cortes en Jujuy, donde comunidades originarias encabezan reclamos, cosechan apoyos y reclaman se anule la reforma de la Constitución jujeña. Inician huelga de hambre y vuelven a la tradición de la crucifixión.
“No nos gusta que el gobierno sacó (aprobó) la reforma”, dijo a Presentes, plantada en uno de los ocho cortes que se mantienen desde la zona llana de la localidad de Perico hasta La Quiaca, la última ciudad argentina antes del límite con el Estado Plurinacional de Bolivia.
Los pueblos originarios que habitan el territorio de la provincia de Jujuy siguen en las rutas en rechazo a la reforma de la Constitución provincial. La consideran lesiva de sus derechos, porque, entre otros cuestionamientos, deja abierta la posibilidad de que se avance sobre el territorio indígena y criminaliza las protestas sociales.
En todos los cortes se replica un reclamo: que renuncie el gobernador Gerardo Morales (ahora candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio) y que se anule la reforma de la Constitución jujeña. A diferencia de lo que ocurrió el 17 de junio, cuando la Policía de Jujuy reprimió la protesta en Purmamarca invadiendo las rutas nacionales, jurisdicción de las fuerzas de seguridad de la Nación, ahora no se ven policías uniformados en los cortes. Unos pocos gendarmes desarmados organizan el tránsito cuando se permite el paso.
A lo largo de toda la provincia de Jujuy parece haber un extendido consenso sobre la legitimidad de la protesta que encabezan las comunidades originarias. En los cortes se destaca el trato respetuoso, y la mayoría de les conductores, viajeres habituales y turistas, expresa su apoyo a les manifestantes, que también reciben muestras de acompañamiento a través de colaboraciones con comida y abrigo para hacer más soportables las frías noches del invierno en la Quebrada y en la Puna, con temperaturas por debajo del grado cero.
Cada corte añade particularidades al reclamo general contra la reforma. En Perico, la demanda, sostenida con un corte parcial de la ruta nacional 66 a la altura de la finca El Pongo, es por los recursos que genera la plantación de cannabis medicinal. Según recordaron en la protesta, la finca originalmente fue donada al Estado jujeño para que destinara los recursos que generara al hospital de Perico y “a los pobres de Perico”. Pero eso no está pasando.
Después de la capital provincial, San Salvador, en la Quebrada de Humahuaca, la serie de cortes de ruta empieza en Purmamarca. En realidad, es un bloqueo al estilo de los que se realizan en Bolivia, una sucesión de obstáculos: vías viejas, grandes piedras, troncos. Desde la rotonda donde confluyen las rutas 9 y 52, se extienden por unos cien metros sobre ambas vías. Es un punto estratégico, porque la 52 pasa por el costado de Purmamarca y sigue hasta el Paso de Jama, donde se adentra en territorio chileno.
Esta es la ruta del litio, conduce a Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, y a Susques, ahí está el Salar de Olaroz, donde se encuentran los emprendimientos mineros trasnacionales Exxar y Sales de Jujuy. Por otro lado, la ruta 9 sigue su recorrido hacia La Quiaca, donde termina en el puente internacional que comunica con la ciudad boliviana de Villazón.
Por la ruta 9 después del corte de Purmamarca hay otro en Tilcara. El sol del mediodía calcina a conductores que deben esperar en la larga fila de vehículos hasta la nueva hora en que se permitirá la pasada, cada seis horas desde el sábado 24. Y, sin embargo, cuando por fin pueden pasar, la gran mayoría hace sonar sus bocinas en señal de apoyo a les manifestantes.
Más arriba, en el pequeño pueblo de Uquía (famoso por su parroquia con antiguos cuadros de ángeles arcabuceros), otra manifestación retiene el tránsito. Un vocero que se presentó como Jorge contó que en ese poblado de pocas casas 52 familias viven en un asentamiento. Y acusó por ello a la comisionada municipal Gabriela Flores (del oficialismo jujeño).
Según dijo, las 52 familias vivían en la Quebrada de las Señoritas, un sendero que sube por un pequeño cañadón y es una de las atracciones turísticas de la Quebrada de Humahuaca. Pero la comisionada “se apropió del lugar” y no les permite vivir ahí. Y, como en casi todo Jujuy, en el corte de Uquía se repite la consigna: «Morales se tiene que ir», que anule la reforma. Están “hartos de la corrupción” de les comisionades y de que “Morales los maneje”, dijo el vocero.
Siguiendo por la ruta, un poco más allá del paraje Huasadurazno, en San Roque, poco antes de la ciudad de Humahuaca, otro grupo corta la ruta 9. Después de Humahuaca, hay otro corte a la altura de la Comunidad Negra Muerta. También ahí, como en los otros cortes que recorrió Presentes, temen la presencia de infiltrades. Habrá que explicar, mostrar documentos y credenciales.
Mencionar conocides en común, pedir que se verifique con elles de ser necesario, para que se afloje la desconfianza. Entonces el comunero Severiano (no querrá dar más datos), sesenta y pico de años, flaco, de mediana estatura, ropa oscura, sombrero negro, expondrá sus conocimientos sobre el territorio que habita. También sus quejas sobre la gestión de Gerardo Morales.
En esa zona varias comunidades tienen títulos de propiedad comunitarios, dijo, pero “con tremendos engaños”, porque en esos documentos figura el término “tierra” y no “territorio”. Cuando el Convenio 169 de la OIT precisa que los pueblos originarios tienen derecho a obtener la titulación de los territorios que habitan ancestralmente. La diferencia no es simplemente semántica. Poseer la tierra implica solo tener derecho a lo que está sobre ella. El territorio comprende todo, incluso lo espiritual, pero también lo que está por debajo de la superficie, como los minerales tan preciados hoy en día.
“La reforma (de la Constitución se hizo para dejarnos sin territorio”, aseguró Severiano. “Y ni siquiera la tierra nos van a dejar”, añadió ante el asentimiento de otres comuneres. “Por eso estamos aquí, para defender el territorio para nuestros hijos”, añadieron unas mujeres que escuchaban, ninguna de ellas quiso identificarse. Esa es la experiencia que ven, siguió el vocero, en El Pongo, en el pueblo de Caspalá -donde el gobierno de Jujuy destruyó territorio comunitario y avanzó con obras sin la consulta ni el consentimiento comunitario-, en Angosto de Perchel -donde la empresa Telecom puso antenas y fibra óptica sin consulta ni consentimiento-, y en Salinas Grandes con el litio.
“Hablemos de litio”, invitó Severiano: “Dentro de poco no vamos a tener agua, ya tenemos sequía”, agregó. El daño al ambiente se ve en esa zona de la Quebrada, insistió, con su brazo izquierdo señalando hacia el oeste. Ahí, tras los cerros está Minera Aguilar, instalada en 1930 y que explota zinc, plomo, plata, cadmio y cuyos directivos fueron cómplices del terrorismo de Estado.
“Hasta el año 70 esos cerros estaban cubiertos de nieve todo el año”, recordó el vocero. Y encima, en Abra Pampa, más arriba, por la ruta 9, pretenden instalar un basurero, en el marco del Plan Girsu que impulsa el gobierno provincial. Eso contaminará las aguas hacia abajo, sostuvo Severiano.
Otres habitantes de la esa zona, que se adentra en la Puna, repetirán razones similares para rechazar la nueva Constitución de la provincia. En el cementerio de Condorcito, adonde fue a acompañar el entierro de su tío Felipe Mamaní, Luciano Mamaní, lamentará la reforma. Y destacará el valor de la protesta que llevan adelante les comuneres, que llamaron Tercer Malón de la Paz. Precisamente, Felipe Mamaní fue, a sus 18 años, uno de los maloneros del Primer Malón de la Paz, realizado en 1946. También reclamaba que se reconocieran derechos territoriales.
En el mismo cementerio lo despidió otra pariente, docente hoy en día en Abra Pampa, participante de la protesta en esa ciudad de la Puna. Allí la organización de las comunidades mantiene el bloqueo por cerca de cien metros sobre la ruta 9. Improvisando refugios con tarimas y avivan fuegos en el centro para soportar el frío de la noche. Un grupo de comuneres canta “Que caiga la reforma”. También aquí les manifestantes prefieren no identificarse.
El último lugar donde se resiste la reforma es el acceso a La Quiaca. Un bloqueo que se extiende por unos cien metros, con refugios a ambos lados de la ruta. Allí se reúnen referentes de comunidades originarias puneñas, organizaciones sociales y gremios, en una protesta en la que prima la organización. Con asambleas cada día para tomar decisiones.
Ese bloqueo es sostenido por una organización que reúne a las demás, la Multisectorial. Esta nació en la crisis de 2001 y fue impulsada por el cura Jesús Olmedo. Olmedo denunció la extrema pobreza en la que se vive en esa ciudad, donde residen unas 30 mil personas y donde no hay más fuentes de trabajo que el empleo público, y la vida en los territorios.
En el corte la gente se reúne en torno a los fuegos, donde a media mañana ya se prepara la comida. Cada conversación ratifica la exigencia: que se anule la reforma. La actividad es incesante. Por un costado se desarrolla la asamblea, por otro lado, se firma una nota dirigida a la Presidencia de la Nación y a la Secretaría de Derechos Humanos nacional. En el centro, cerca del mediodía, adultos y adolescentes integrantes de la Banda de Casira de Somos irrumpe con un huayno: “Nunca nos escuchás, Morales; siempre decís que no, Morales; esto se terminó, Morales; nunca vas a cambiar, esto se terminó”.
Rosalinda Ancasi muestra entonces sus dotes para alegrar: agarrada del brazo de la comunera Eloísa comienza a bailar alrededor del grupo. Después del canto, el baile y la comida, se conocen las decisiones para la jornada del lunes 26 de junio.
Se decide el comienzo de una huelga de hambre por parte de algunes manifestantes. Y para el martes, un simulacro de crucifixión como las que hacía el cura Jesús Olmedo, para llamar la atención sobre el rechazo a la reforma de la Constitución y las inequidades que se viven en La Quiaca.
Este artículo pertenece a la Agencia Presentes y es reproducido por Tiempo Argentino a partir de un convenio de publicación para difundir periodismo especializado y de calidad.
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