El hijo del genocida y presidente del partido Fuerza Republicana fue denunciado en 2020 por una colaboradora de su partido.
El pedido de desafuero de Bussi, que se conoció la noche del miércoles fue solicitado por el juez Guillermo Matías Puig, a cargo del Juzgado de Instrucción Conclusional I, en el marco de la causa que investiga al legislador tucumano por el abuso sexual de una mujer cuya identidad se mantiene bajo reserva por la Justicia.
Según consta en la denuncia realizada por Lupe (es su nombre ficticio) en junio de 2020, la mujer trabajó durante 2019 como colaboradora en algunas actividades del partido Fuerza Republicana, que preside Bussi y, a comienzos de este año tomó conocimiento de que alguien había abierto una cuenta en un banco a su nombre, en la que había un monto superior a los 500.000 pesos.
Según explicó en ese entonces el abogado de la denunciante, Salvador Iovane, la mujer intentó sin éxito resolver esa situación por cuenta propia “pero no pudo”, tras lo cual “acudió al partido a informar la situación; trató con distintas personas y luego con Bussi, quien le indica coactivamente que cese con la intención de denunciar esa irregularidad y comete el abuso sexual como un acto de intimidación”.
Debido a que Bussi fue denunciado en el 2020, el expediente se tramita bajo el viejo Código Procesal Penal, que establece que el legislador debido a sus fueros, debe ser sometido a una “investigación jurisdiccional”, la cual “no podrá exceder de dos meses, bajo pena de caducidad”, de acuerdo con el artículo 14.
Es por eso, que el abogado defensor de Bussi, Juan Colombres Garmendia, solicitó el archivo de las actuaciones al considerar vencidos los plazos ya que ha transcurrido un año y medio desde que la joven efectuó la denuncia.
Sin embargo, Puig no hizo lugar el archivo de la causa, por lo que la Legislatura tucumana deberá resolver si hace lugar al pedido del juez y le quita los fueros al líder de Fuerza Republicana.
Un pedido internacional
El martes, junto a la colectiva Actrices Argentinas, se realizó una presentación ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DDHH).
«La denuncia por abuso sexual contra Ricardo Bussi, actual legislador de Tucumán e hijo del genocida Antonio Bussi, llegó a la ONU y a la Comisión Interamericana de DDHH por la falta de respuesta del Estado argentino. Esta denuncia muestra las garantías extra constitucionales que la legislación provincial le concede a Bussi y a otros abusadores del poder político», expresó la colectiva a través de un comunicado.
La presentación se realizó junto al abogado de Lupe, Salvador Iovanne.
El caso
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