Un proyecto de ley busca prohibir el cambio de género en menores de edad. Cómo el gobierno y los grandes medios abonan el terreno para tirar abajo la ley de identidad de género, modelo en el mundo en materia de derechos humanos.
En las últimas semanas, funcionarios argentinos publicaron en sus redes mensajes anti LGBTIQ+ y antitrans. Esto se suma al ataque sistemático del gobierno a la diversidad desde su asunción. El detonante fue un congreso sobre infancias trans organizado de forma autogestiva por La Casita Trans, una asociación civil cordobesa que trabaja por los derechos de las niñeces y juventudes trans y no binarias.
El primero en reaccionar fue el legislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra. Publicó un mensaje en la red social X, donde compartía el flyer de la actividad diciendo que era una “atrocidad”.
Recordemos que hasta aquí, el reconocimiento de niñes trans o NB es un derecho que se desarrolla bajo las normativas nacionales y tratados internacionales con estatus constitucional. Así lo establece la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos. Y se resguarda el libre desarrollo personal, y por sobre todes, resguardar el interés superior del niño, y la no discriminación.
Pero el ataque de nervios de Marra no es aislado. Unos días más tarde, el 7 de noviembre, la Dirección de Atención Ciudadana – una Dirección que trabaja con las organizaciones sociales, perfilando los reclamos útiles a la gestión de turno- organizó el II Seminario llamado “Género e Identidad: el problema de la sexualización infantil”. Allí la periodista Claudia Peiró convocó a la organización Manada: mamás y papás de niños adolescentes con “disforia de género de inicio acelerado». Este seminario tuvo la misma posición transfóbica que Marra sobre niñes y adolescentes pero con matices de patologización.
Uno de los ejes de este seminario fue promover “la detección temprana de disforia de género acelerada y el derecho de los menores y sus padres en el contexto de la ley de identidad de género” y el otro es una acusación de “adoctrinamiento” por la Ley de Educación Sexual Integral.
La organización hace tiempo desarrolla una crítica a la ley de Identidad de Género. Busca prohibirla para todes les niñes en virtud de una mirada patologizadora sobre las infancias y adolescencias trans. En Manada trabajan con “familias rotas por la ideología de género”, “rescatando a sus hijos de estas locuras”, vinculando a los padres de niñes trans con terapias de conversión. Dan cuenta que cuentan con “detransicionadores” de la identidad de género, y pautas para los padres: “reconocer sus errores”, “poner nuevos límites” y “respetar el nombre que pusieron a sus hijos al nacer”; “luego empiezan las mejorías”, prometen.
La interpretación de estos papis es que sus hijos son víctimas de una exigencia social sobre estereotipos, especialmente para las niñas, crecer y tener un cuerpo desarrollado incomoda a sus hijas, entonces usan ropa holgada, se cortan el pelo del mismo modo. Esta sensibilidad a la violencia, más “traumas”, más los animé, los lleva a “ablaciones corporales” llega a decir Patricia Galarza, integrante de Manada.
En una pobre oratoria, frente al asentimiento y aplausos de la vicepresidenta Villarruel, también se ocuparon de acusar la ley de la Educación Sexual integral. Una polémica que llegó a los grandes medios de comunicación cuando grandes medios de comunicación señalaron que había libros con contenido pornográfico e hipersexualizado distribuidos por la ESI de la Provincia de Buenos Aires.
Sileoni aclaró en una discusión con el periodista Eduardo Feinmann que no son pornográficos, que son para leer y acompañar con adultos, que no se les entrega a los niños sino a las bibliotecas de las escuelas y es bibliografía complementaria a docentes. Y además aclara: “la escuela no niega la diferencia entre el hombre y la mujer, no enseña prácticas sexuales, no alienta la homosexualidad o la transexualidad, no enseña a abortar. Te acepta como vos, en eso es mejor que la sociedad. No discrimina, no los persigue, no los mete en cana”. Al final, Feinmann coincide con lo que el II Seminario busca decir: “¿no es mejor dejar esto a los padres?”.
Sin salir del eje de la Identidad de Género, volvemos a Córdoba unos días más parte por una sentencia del 31 de octubre pero que llegó a los medios de comunicación nacionales hace unos días. Se trata de una persona que a fines de 2016 quedó detenida en Bouwer por violencia de género hacia su ex compañera. En 2018, cambió su género y sexo registral, motivo por el que fue trasladada al área de mujeres de la cárcel de Bouwer fue nuevamente imputada por ejercer violencia, amenazas, y abuso sexual hace una de sus compañeras detenidas.
Esta noticia provocó la reacción de la vicepresidenta Villarruel. A través de su cuenta de X señaló: «Esto es claro y simple, el que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a, y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia. Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo». Sin mención del Seminario “Género e Identidad: el problema de la sexualización infantil” no se entiende la mezcolanza de temas vinculados a la identidad de género que expresa.
Y por su parte Milei también en X aprovecha y repostea a alguien que dice: «Un abusador con condena dijo que se percibía mujer para ir a una cárcel de mujeres y terminó violando a compañeras de celda. Un logro del feminismo”.
Esta semana, el diario La Nación, publicó también una noticia de un jefe narco que habría pedido cambiar su identidad de género en la cárcel.
De esta manera se estigmatiza a las personas trans a partir de casos puntuales y también se presenta a la ley de identidad de género como una herramienta para uso delincuencial y no por lo que es: un instrumento para garantizar el derecho humano a la identidad.
El gobierno argentino viene atacando a la población LGBTIQ+ desde que asumió. A partir de los discursos y sus políticas.
Ejemplos: el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el cierre virtual del INADI, la prohibición del uso del lenguaje inclusivo, la prohibición de pasar contenidos culturales sobre diversidad sexual, la representación en el exterior de la política LGBTIQ+, los despidos por cupo trans, la falta reducción mínima o nula de las leyes de ESI y Micaela y la total clausura de las políticas con perspectiva de género y diversidad, aunque subsistan áreas que brindan atención a las violencias basadas en el género, aunque todas reducidas en personal, recursos y atendiendo casi exclusivamente a personas cis.
El traslado al Congreso de la Nación de esta agenda antiderechos tampoco es sorpresa o novedad a esta altura del año. Desde el inicio, el mileinismo intentó acordar con los partidos de centroderecha para lograr la gobernabilidad en Diputados y en el Senado.
Pero también en el Congreso vimos el constante coqueteo de LLA con los genocidas desde el inicio. Lastimosamente este año tuvo un capítulo de impunidad a los diputados asesorados por genocidas, sin más reproches de quienes tienen convicciones sobre los Derechos Humanos y el rol de nuestra sociedad en la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia.
Este punto también hay que problematizar porque este año pudimos ver que amplios sectores de la sociedad argentina se sienten cómodo con los recortes, los chantajes -si no quitamos derechos a algunos, entonces no hay plata para otros-. y las medidas revanchistas, mirando con indiferencia un gobierno que lleva la pobreza a más del 50% y quienes vivimos en áreas urbanas vemos dolorosamente la indigencia escondida bajo la alfombra macrista de la ciudad.
El anarcocapitalismo de Milei no busca la libertad sino la redistribución económica de un sector pequeño de la sociedad, destruyendo a otros sectores, como el cierre de algunos de los ministerios, las políticas públicas y sus trabajadorxs. Desarrolla esta posición desde el propio Estado, en la suma del poder que el voto democrático le da, le permite distribuir esos recursos a las áreas que benefician a los sectores más poderosos. Un ejemplo de esta redistribución es el aumento de presupuesto en la SIDE, que utiliza fondos sin declarar, permite investigar de manera interna, y gobernar con carpetazos. O bien, políticas como el RIGI, que benefician de manera directa a los grandes grupos de empresarios transnacionales sin que nada quede para el estado.
En política exterior en la Asamblea General de la OEA promovieron las terapias de conversión, se niegan a desarrollar la agenda 2030 con los objetivos para el desarrollo, votan sistemáticamente en contra de los derechos de las mujeres en toda su diversidad.
Respecto a lo que sigue me parece que los últimos meses fueron bastante elocuentes, especialmente respecto a la Ley de Identidad de Género. Por un lado, en términos de políticas públicas, el gobierno no envió los pliegos para la compra de hormonas para el próximo año, varias provincias están utilizando lo que tienen pero posiblemente sin las compras de nación no se cumplirá con el art 11 de acceso a la salud integral para el año 2025.
En la misma línea, las obras sociales ganaron en discrecionalidad debido a que su organismo de control estatal, la superintendencia de servicios de salud, dejó de tener dictámenes vinculados a la ley de Id de género para las O.S. Por lo que podemos esperar un mayo deterioro de las políticas públicas vinculadas a la diversidad.
Lamentablemente en el Congreso no estamos ni las feministas populares ni las trans defendiendo nuestros derechos. Seguramente senadorxs trans o diputades no solo estarían haciendo pedagogía con sus colegas sino que además eventos como el II Seminario no pasarían con la impunidad del silencio o la indiferencia. Y esto nos lleva a un planteo en torno a la política partidaria.
Hace tiempo que necesitamos un debate al interior de los partidos progresistas, porque el movimiento LGBTIQ+ no está en el congreso defendiendo nuestros derechos y la democracia argentina. Esto es problemático porque no podemos entrar y salir por interés electoral. No da lo mismo, a las personas cis hetero no se les juega la vitalidad o la urgencia. La impunidad de Milei y quienes votan con ellos es la ignorancia y la ausencia de los movimientos sociales en las instituciones democráticas.El espanto que siente Marra por el Congreso de Infancias Trans en Córdoba se desarticula cuando esta agrupación y otras sostienen un diálogo, una presencia, en las instituciones que representan a todo el pueblo.
Finalmente, las resistencias de los movimientos sociales, marcados por la época del tik tok, nos turnamos para la secuencia de eventos, actos y movilizaciones que buscan romper el aislamiento e indiferencia de los medios de comunicación. Las excepciones son sin duda: el movimiento estudiantil, la movilización de jubilades. Pero con muchas pérdidas de temas y agendas políticas, es decir de derechos, como el reclamo de recuperación de tierras que constitucionalmente están para las naciones originarias, medio ambiente, derechos de las personas con discapacidad, entre muchos temas vitales.
En todo este escenario, que es más florido, se desarrolla la democracia argentina y una pobre institucionalidad violentada por el gobierno, vulnerando derechos fundamentales. Un dato que llama la atención en la agenda libertaria es la repulsión que sienten por el ejercicio real de la libertad, entendida como un derecho fundamental para todes.
*Este artículo pertenece a la Agencia Presentes y es reproducido por Tiempo Argentino a partir de un convenio de publicación para difundir periodismo especializado y de calidad.
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