El Ministerio de Salud de Buenos Aires informó que se registraron 16.700 interrupciones dentro del sistema público a un año de la legalización.
Al cumplirse un año de la sanción de la ley de IVE votada en un 30 de diciembre de 2020 signado por la pandemia y por la flamante llegada de las vacunas contra el coronavirus, la provincia de Buenos Aires difundió números y desafíos que enfrentó la cartera sanitaria en la aplicación de la ley del aborto.
De acuerdo a un informe oficial en la provincia, desde la promulgación de la ley. se registraron 16.700 interrupciones intencionales “decididas por las personas en el ejercicio de su soberanía”.
El 95% fueron interrupciones voluntarias (IVE) y 5% a interrupciones legales (ILE).
En tanto, el 90% de las personas que solicitaron acceder a un aborto lo hicieron dentro del primer trimestre de gestación, y el 75% de los casos corresponden a tratamientos de tipo farmacológico con uso de misoprostol, mientras que el 24% a tratamientos quirúrgicos.
Por otro lado, el relevamiento destacó que la mayoría de los municipios cuentan en la actualidad con efectores que garantizan el acceso al aborto, que se capacitó a más de 1.000 trabajadoras y trabajadores, y que, desde la promulgación de la ley, se incorporaron a la Red de Acceso al Aborto de la provincia 90 nuevos centros de Salud y hospitales, lo que suma un total de 494 establecimientos públicos que realizan la práctica.
El balance emitido por la cartera provincial también repasó el estado de situación en el que se encontraba la provincia al momento de sancionarse la ley: “No había materiales comunicacionales de difusión adecuados, ni registros ni datos oficiales sobre ILE sistematizados y confiables”.
Por lo tanto, “no era posible establecer la cantidad de abortos legales que se realizaban”, y, en ese sentido “estimar las compras de misoprostol y de otros recursos necesarios para garantizar el acceso a la práctica”.
Por ello, el documento oficial destacó la compra centralizada de misoprostol con el objeto de contar con ese insumo, en el marco de un convenio con el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) de Santa Fe.
Sobre los tratamientos con este medicamento esencial para llevar adelante la interrupción del embarazo, se precisó que hasta la fecha se han adquirido 61.699, lo cual representó una inversión de $155 millones de pesos y un ahorro de $244 millones comparado con el mismo medicamento a valor de mercado.
Durante 2020 la provincia de Buenos Aires distribuyó 19.305 tratamientos y en lo que va de 2021 un total de 42.567, lo que significa que se ha duplicado la distribución de tratamientos a partir de la sanción de la ley.
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