Elizabeth Gómez Alcorta: “El camino para reducir la violencia por motivo de género es más Estado”

El 3 de junio de 2015 marcó un antes y un después para las mujeres de la Argentina y de América latina. El reclamo de esa jornada enmarcada en Ni Una Menos fue colectivo: se exigían medidas para que no se maten más mujeres ni personas LGBT. Ese reclamo que se masificó en las calles comenzó a ampliar su agenda y a pedir soluciones concretas al Estado. Ni Una Menos logró mostrar a la sociedad que la violencia de género tiene diversas aristas, que la desigualdad que los estados sostienen muchas veces pueden terminar en un femicidio. Que las soluciones para erradicar la violencia de género deben ser transversales y articuladas.

Uno de los temas de la agenda en aquella histórica marcha fue la creación de un registro de femicidios, pero, además, más presupuesto para abordar esta grave problemática. Recién cuatro años después de esa marcha, se creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que significó jerarquizar el área para dar respuestas políticas. “Ese hito del Ni Una Menos fue un efecto mariposa por el impacto de lo que vino después. No sólo fue una movilización autoconvocada, sino que tuvo una persistencia en el tiempo y en su agenda”, dice a Tiempo Argentino, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

“El Estado viene con una deuda muy grande porque una cuando piensa en términos históricos, el tiempo de la política pública de los temas de géneros es muy reciente. Las deudas siguen siendo muchas, pero empiezan a mostrarse que parte del camino es política pública, más Estado, más inversión”, agrega. El ministerio de las Mujeres presentó en julio de 2020 el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género cuya primera etapa finalizó. Entre los puntos más importantes fue la creación de programas que permitieron abordar algunas puntas de un gran problema.

–¿Qué impacto tuvieron los programas en las diferentes regiones del país?

–Parte de la decisión que tomamos fue territorializar y federalizar las políticas. Para tener un programa Acompañar como lo tenemos se firmaron 660 convenios con los municipios. Pero para ese impacto tenés que estar en los territorios. Las diferencias en nuestro país son muchas no solamente en términos de realidades. La tasa de femicidios es muy distinta en distintos lugares del país. Y hay otra diferencia y es que no todas las provincias tienen las mismas capacidades estatales. Cuando el fenómeno es tan extendido, tan profundo sabemos que se requiere de mucho Estado. Es una dificultad llegar a lugares donde hay poco Estado. Parte del balance que sí podemos detectar es que el camino para reducir las violencias es más Estado. A su vez, el Estado es homogéneo y trabajamos con las 24 jurisdicciones, que son muy disímiles. Eso hace que si vivís o estás en tal provincia tengas más riesgos de ser víctima de un femicidio que si estás en otra.

–Es el caso de lo que sucede en el NOA y NEA con el chineo y donde hay principio de año mataron a dos niñas wichi que fueron asesinadas a principio de año

–Ahí hay varios cruces. Por un lado, donde hay chineo, que es centralmente Salta, Chaco y Formosa, y puede ser algo de Santiago del Estero son las provincias que además tienen las tasas de femicidio más altas del país. Segundo, que obviamente a mayor nivel de vulnerabilidad hay mayor riesgo de estas violencias y a la violencia machista se le agrega una violencia estructural de profunda de discriminación y racismo vinculado a los pueblos indígenas y a mujeres aún más pobres en lugares donde el Estado todavía no ha llegado. Y que cuando llega no lo hace de un modo accesible. Es una obligación del Estado no hacer que las mujeres tengan que saltar vallas y obstáculos para poder acceder, el Estado tiene que ir a la comunidad, tiene que estar a disposición porque si no achicamos esa distancia, que es enorme va a seguir pasando. Y el chineo es una práctica profundamente arraigada muy invisibilizada, más allá de las hermanas indígenas, de las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. El ministerio tenía guías y programas en lenguas indígenas justamente porque era una barrera. Pero también está trabajando una campaña de difusión específica sobre el chineo. Lo cierto, es que hay una cuestión muy arraigada vinculada a creerse que tienen el derecho sobre la vida, sobre los cuerpos y sobre la sexualidad de las niñas indígenas. Cómo desarmar esta trama cultural tan potente, sin impunidad es el primer camino. Ahora para que no haya impunidad hay que poder denunciar, para poder denunciar tiene que haber un estado que te vaya a cobijar y no te vaya a revictimizar.

–¿Cómo se analizan los discursos de odio que generan a su vez cierta violencia?

–Esos discursos de odio de derecha neofascistas, ultraconservadoras, yo las llamo zombies porque no ofrecen nada. Es una derecha que es también un fenómeno mundial. Pero tienen una especial predilección con atacar las agendas de género y diversidad, y son antiderechos que tienen algo muy arraigado contra la población trans. Son discursos que cuando hablamos de las desigualdades que nos atraviesan a las mujeres, y la violencia de género afirman que se trata de ideología de género, un término acuñado en 1990 en el Vaticano y se expandió. Lo que no quieren es la transformación por la igualdad. Pero nuestra lucha es que todos, todas, y todes tengamos las mismas oportunidades para vivir una vida libre de violencias, para ejercer la representación política, para acceder al trabajo, para tener autonomía económica, para decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos, igual que hace siglos y siglos lo vienen haciendo los varones. La realidad es que hay una profunda diferencia ideológica, no solamente con los Javier Milei, Vox, las Patricia Bullrich y una parte importante del PRO que salen a decir en un coro con distintas voces que entienden que hay que cerrar el ministerio. Lo dijo Rodríguez Larreta, cuando dice «es una ficción que donde hay un problema hay que crear un ministerio». No, depende de cuál sea el problema. El problema es la desigualdad de la mitad de la población, la muerte por su condición de mujer e identidad de género, las violencias que atraviesan al menos una vez en la vida a todas las mujeres. Si tenemos niveles de violencia sexual como las que tenemos y vos no creés que es un problema que requiera la máxima jerarquía, efectivamente es una diferencia ideológica.

–¿Desde el ministerio cuál es la conquista más importante en estos dos años?

–Logramos despabilar al Estado, y que ya no pase inadvertido cuando un juez o una jueza dictan resoluciones diciendo barbaridades. Tenemos muy claro que no puede existir la inclusión sin nosotras en todos los ámbitos. El Estado entiende que se tiene que hacer cargo y eso es un montón. Falta pensar en clave de igualdad, porque mientras siete cada diez personas en Argentina pobre sigamos siendo mujeres, la realidad es que las violencias van a seguir estando porque son estructurales. Necesitamos de un proyecto político, de un gobierno nacional, necesitamos que esa distribución y ese crecimiento que estamos dando sea con igualdad. Y esto no alcanza con una o dos gestiones, tiene que ser parte de una política que sea por muchos años.

Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género

La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación compartió con periodistas de diferentes medios un informe con los resultados del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

El Plan (cuya segunda parte se presentará en julio) implicó un nuevo abordaje en los casos de violencia de género y que puso un especial énfasis en el acompañamiento económico y el trabajo con organizaciones. «El objetivo también era que no quede sólo en transferencias y que se enmarque junto a  las organizaciones», destacó la ministra. El programa Acompañar que implica un sueldo básico ($45.500) y se extiende por seis meses alcanzó 165 mil beneficiarias mujeres y LGBT desde noviembre de 2020 y mayo de 2022.

Otro punto fue la conformación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Géneros que busca crear un sistema amplio de información a través de diferentes organismos y fuentes, sobre los casos de violencia de género en todo el país.

Sobre el presupuesto asignado al ministerio, se detalla que hubo un incremento en el transcurso de dos años. Pasó de $ 272.742.641 (un monto que tenía en 2019) a $17.582.800.000 para el 2021. De ese presupuesto hubo una ejecución del 96,73%. Al 23 de mayo de 2022 el ministerio ejecutó 73,32%.

De la reunión también participaron Lara Gonzalez Carvajal, jefa de Gabinete; Josefina Kelly Neila, secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género; Laurana Malacalza, subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género; Carolina Varsky, subsecretaría de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género y Carolina Atencio, directora general de Prensa y Comunicación.

Los números de la Corte: 231 femicidios directos

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió la actualización del Registro Nacional de Femicidios correspondiente al 2021. Según el informe, se registraron 251 víctimas letales de violencia de género, un promedio de 1 femicidio cada 35 horas. De ellas, 231 fueron víctimas directas y, al menos, 20 fueron vinculadas.La edad de la mayor cantidad de víctimas directas de femicidios estuvo comprendida entre los 25 y los 44 años, con un total de 116 casos. El 81% de los femicidios directos se produjeron en un contexto de violencia doméstica.

El promedio de edad de los femicidas fue de 40,4 años. Al menos 25 pertenecían a alguna fuerza de seguridad, y 19 de ellos estaban en actividad al momento del hecho. El 93% fueron identificados. De ellos, al 31 de diciembre de 2021 el 66% estaba privado de la libertad con causas en trámite o condena; el 19% se había suicidado, mientras que el 1% falleció por otras causas; el 4% se encontraba en libertad; el 3% estaba en otras situaciones o no se contaba con datos al respecto, y el 7% permanecía sin identificar.

Otras cifras

Según el Observatorio Adriana Zambrano de la Casa del Encuentro, 205 mujeres mayores de 60 años fueron víctimas de femicidio en los últimos 7 años. El registro se realizó desde el 3 de junio de 2015 hasta el 27 de mayo de 2022.

Ni Una Menos

A siete años del primer Ni Una Menos, miles de mujeres marcharon en todo el país reclamando reforma judicial feminista, Ley Integral Trans, una efectiva aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), de la ley Micaela y la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.