El derecho al aborto: el aporte a la salud más allá de los debates

Por: Maby Sosa

El descenso de la muerte materna y del embarazo adolescente son las claves de una ley fortalecida en su práctica cotidiana.

El derecho al aborto legal cumple este año tres de su sanción. Se lo ganó en las calles, a fuerza de años de militancia feminista, colectiva y transversal, y por decisión política. Una decisión que en primer lugar tuvo como objetivo dar una respuesta a las consecuencias directas de la ilegalidad que caía directamente sobre las personas gestantes; y en segundo lugar, brindar una libre autonomía de los cuerpos.

Si algo faltó en las plataformas electorales de las PASO fue la construcción de una agenda feminista para profundizar los avances en materia de derechos de mujeres y diversidades. Ante los resultados, el candidato con mayores porcentajes de votos, eligió además plantear un retroceso significativo: plebiscitar el derecho al aborto.

“Resulta contradictorio que se proclamen liberales y vayan contra un derecho que garantiza libertad para las mujeres. Evidencia que no defiende la libertad si no que defienden al patriarcado. En los 40 años de democracia creo que el derecho al aborto es el más debatido, el más militado. No recuerdo otro que haya llevado tanta gente a la calle, que haya tenido tantas organizaciones involucradas”, dice Victoria Tesoriero, Subsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación.

Para Tesoriero la propuesta del candidato de la Libertad Avanza es una respuesta a los avances feministas. “El movimiento feminista es un gran concientizador social que ha alcanzado presencia en la calle y un avance de derechos con impacto a nivel regional e internacional. Eso iba a tener un costo para nosotras, como una una devolución de los sectores más conservadores”.

Socorristas en Red es una organización que nació en 2012 y desde entonces acompaña interrupciones autogestionadas (realizadas en su casa) o dentro del sistema público.

“Es importante que se visibilice que hay una ley, que hay personas que abortan y hay otras personas que acompañan a quienes quieren abortar. Todo en el marco de esta ley”, destaca Melany de Juan, integrante de la red. También afirma que existen persecuciones dentro del sistema de salud y que, a partir de la amenaza por retroceder, es necesario “reforzar el libre acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas”.

Las cifras IVE

La ley IVE permite además implementar políticas públicas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. El “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal” es un informe coordinado por el proyecto Mirar del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health. Tiene como objetivo analizar la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el país. Destaca que entre los aportes más importantes tras la aprobación de la ley “se observa un descenso de la fecundidad adolescente”.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación informó que a partir de la ley se registró un descenso del 40% de la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto.

La fantasía de replicar lo que pasó en los Estados Unidos con el aborto es una idea que ronda en la cabeza libertaria. Las características de esta ley indica que acá en la Argentina retroceder en este derecho no será nada fácil.

¿Se puede plebiscitar?

La propuesta de plebiscitar para Tesoriero “es inviable y muestra un desconocimiento absoluto de la legislación y de la Constitución”, dice.

Por su parte el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat aporta. “La propuesta de consultar, vía plebiscito o referéndum, sobre la no afectación del derecho a la vida del feto, es inconstitucional además de inconveniente. Ya existe una ley votada por el Congreso Nacional, de protección de la decisión de la madre de poder interrumpir voluntariamente el embarazo dentro de un límite temporal de 14 semanas”.

Barcesat recordó que la Constitución contempla la figura de la consulta popular, y que puede ser no vinculante, cuando se plantea por iniciativa popular, o vinculante cuando la convoca el Congreso. “Para eso tiene que lograr las mayorías necesarias en ambas cámaras. Sólo podría modificarse tal ley por otra que tendría que transitar el mismo camino para su tratamiento y aprobación”, apuntó.

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