El reclamo para que los progenitores cumplan con su obligación alimentaria atraviesa generaciones en nuestro país. Abuelas, madres, hijas y nietas lucharon por la redistribución económica y reconocimiento del valor de las tareas de cuidado.
En Argentina, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares del INDEC, existen 1.600.000 de hogares monomarentales. En ellos está a cargo de una “jefa de hogar” que trabaja mucho más que el promedio y lo hace en sectores con mayores tasas de informalidad laboral.
En estas casas viven unos 3 millones de niños, niñas y adolescentes. A estas familias les ingresan un 20% menos de dinero, por lo cual las condiciones de vida se deterioran para madres e hijos. Uno de los factores que explican este empobrecimiento es que 3 de cada 5 hogares monomarentales no recibe la obligación alimentaria en tiempo y forma, de acuerdo a los datos recolectados por UNICEF.
Estos son los casos en los que se dice “cuando un progenitor no puede, siempre hay una madre que debe poder con todo”, dice a Tiempo Argentino, Mary Breard, licenciada en Trabajo Social y directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Detrás de las cifras hay maternidades precarizadas, mujeres que trabajan el doble, cobran menos por el mismo trabajo que varones, y al mismo tiempo son madres que crían y cuidan solas.
Marcela Gómez Vizzoni, activista de los Derechos Humanos de la Diada Madre e Hijo/hija cuestiona hasta el nombre de la problemática. “No podemos hablar de cuotas, porque a nuestros hijos no podemos decirles vas a comer un 20 o un 30%”. Las jefas de hogar se endeudan para cubrir las necesidades de ir a la escuela, atender su salud, tener una vivienda, comprarse útiles, ropa, zapatillas, medicamentos, libros, etc. Más de la mitad de estos hogares toma créditos para comprar cosas esenciales y el deber compartido termina pesando sobre una sola persona.
¿Se puede denunciar?
Las jefas de hogar están entrampadas en varios sentidos. Para iniciar una demanda por alimentos, hay que recurrir al Poder Judicial donde se presentan diversos obstáculos comenzando por los prejuicios basados en estereotipos de género. “Antes costaba reclamar por vergüenza. En la época de mi abuela o mi mamá estaba el fantasma de la vividora, la mantenida, la vaga que quiere sacarle plata al pobre hombre. Ahora se suma la mirada de la mamá luchona de la que todo lo puede” relata Vizzoni.
Además, hay una escasa o nula información sobre los costos de llevar adelante una demanda, desde el traslado a Tribunales, pagar abogados, dejar a sus hijos a cargo de otras personas para poder seguir procesos que duran 1 a 3 años.
De acuerdo al Informe de Obligación Alimentaria elaborado por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, de las más de 6000 mujeres encuestadas un 45% no conoce el marco normativo, el 41% no conoce la ley de violencia de género y el 69% no conocía el Registro de Deudores Alimentarios.
Son muy pocas las mujeres que llegan a la justicia. Cuando por fin llegan, su permanencia implica vivir y transitar situaciones de violencia institucional en audiencias, en largas esperas, en maltrato por parte de los abogados de los progenitores que ponen en juego hasta su salud mental.
La mirada sesgada de la Justicia
Las sentencias no reflejan la situación económica actual, con una inflación del 100% Los porcentajes que fijan van del 20 al 35 % del salario del padre como aporte alimentario.
Para la abogada feminista Sabrina Cartabia, esto se debe a un sesgo que mantiene tiene el Poder Judicial que ve en la cuota alimentaria un tributo o una multa. “Hay que cambiar con medidas legislativas el proceso judicial. Con Notificaciones electrónicas, un índice de los costos de crianza que signifique un piso desde donde partir y no un techo que haya un registro nacional de deudores y que ante el incumplimiento entren a la central de deudores del Banco Central. De la situación actual se desprenden la maternidad como una escala a la pobreza”.
Para Maru Breard se necesita una reforma judicial feminista que contemple fallos con perspectiva de género, jueces y juezas formados en materia de género y una justicia que hable con un lenguaje claro, para todos y todas. “La justicia que tenemos hoy en Argentina cuida a los progenitores que evaden sus responsabilidades y nos cierra el camino para que nos sea totalmente imposible llegar a ellos”.
Chantajes y control
“Tener hijas o hijos es una decisión personal, pero implica un costo. Cuando la crianza no es compartida, la carga de los cuidados recae principalmente en las mujeres. Cuando los progenitores se ausentan y no cumplen con la cuota alimentaria, lo que viven esas madres tiene un nombre, no le busquemos muchas vueltas: se llama violencia económica” manifestó Ayelen Mazzina, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.
El incumplimiento por parte de varones de su obligación parental es violencia por razones de género de acuerdo a la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Es de tipo directa. Afecta a la mujer y a niños, niñas y adolescentes vulnerando sus derechos.
“La violencia económica es difícil de identificar y se mantuvo invisibilizada durante años, es por ello que aún nos resulta extraño hablar de ella. Por otro lado, tiene consecuencias materiales y emocionales como el deterioro en la autoestima y las ideas de ‘inferioridad’ y consecuencias simbólicas y psicológicas como la dependencia y la no toma de decisiones de estas mujeres que la sufren” señala Breard.
También el cumplimiento parcial de la cuota alimentaria significa un pago a cuenta gotas, la progenitora tiene que velar por ese cumplimiento del deber alimentario.
Los grados de violencia se incrementan hasta llegar a la física. “Negociación que tienen que establecer diaria y permanentemente las mujeres con los progenitores, se produce un menoscabo de su libertad, un chantaje para recibir la cuota que es físico, psicológico, verbal, hasta sexual” remarcó la funcionaria de la Cámara de diputados de la provincia. Entonces el incumplimiento es intencional para coartar la libertad de las mujeres, ya que no tiene autonomía económica.
Un índice para criar con igualdad
Para Marcela Durrie, militante peronista y feminista, las causas y consecuencias son sociales. “La Justicia fija cuotas bajísimas. A veces de 3000 pesos por hijo, ni siquiera indexar por una norma que viene desde la convertibilidad de Cavallo. Las madres que pueden dejar de reclamar por contar con sus propios ingresos lo hacen a costa de un enorme esfuerzo y un empobrecimiento. Lo podemos notar en las cifras actuales de pobreza, donde mujeres e infancias se ven mayormente perjudicadas”.
El último 8 de marzo, se anunció a nivel nacional la construcción del índice de crianza por parte del el INDEC. El indicador realizará una canasta de consumo para la manutención y cuidado de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. De acuerdo al Instituto se comenzó a desarrollar la metodología de cálculo, que contendrá los bienes y servicios básicos necesarios para proporcionar alimento, vestido y educación, además de las tareas de cuidado.
Según informó Gonzalo Grandis director de comunicaciones del INDEC no hay una fecha definida para que se conozca esta cifra que podría ser un elemento más integral para dictar sentencias de alimentos.
La ministra Ayelén Mazzina, consideró que este índice es una herramienta para reconocer el trabajo de cuidar y garantizar los derechos de las infancias. “Es parte de un compromiso político del Ejecutivo, que debe ser acompañado por los otros poderes del Estado. Por eso necesitamos reformas procesales que establezcan sistemas de identificación mucho más eficaces y que entiendan que los pibes comen todos los días, que necesitan vestirse, tener una vida digna, que no pueden esperar los procesos judiciales que demoran años” dijo en el acto de presentación del Indice.
Registro de deudores
El Registro de Deudores Alimentarios funciona hace 20 años en distintas provincias argentinas, pero todavía no ha llegado a la Nación. Cuando el deudor llega a ese registro es un hecho consumado, es el último eslabón del problema y es una herramienta para quienes tuvieron la oportunidad de acceder a la justicia.
Según un relevamiento realizado desde la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Buenos Aires, la existencia de este Registro en las provincias no modificó en nada la realidad de las madres y las infancias.
En PBA se encuentran inscriptas: 2.546 personas de las cuales – 2518 son varones y 12 son mujeres, esta proporción muestra de forma clara y cuantitativa que es una problemática de género y que no es representativa de la realidad en cuanto a los inscriptos. Los números hablan solos, no representa al número de incumplidores de su deber alimentario en toda la Provincia de Buenos Aires. Las madres que llegan al registro son pocas, porque no hay acceso al derecho de la información ni acceso a la justicia.
Hacia donde ir
Actualmente, existe un proyecto normativo que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El proyecto apela a la modificación de varios aspectos actuales del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia de Buenos Aires lo cual genera un avance y difusión de la temática.
En noviembre de 2022 la Cámara de Diputados aprobó y envió a la Cámara Alta la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos (REDAM). Hasta la fecha no ha recibido tratamiento. Este registro no está disponible tampoco en todas las provincias.
El incumplimiento de la “cuota de alimentos” está en la agenda pública y plantea la discusión respecto a quienes están a cargo del sostener la crianza de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo a las funcionarias, letradas y activistas esto es posible gracias a las organizaciones feministas, las madres organizadas y las cabezas de hogares monomarentales que en pandemia empezaron a quitarle el velo de lo privado a esta problemática y lo hicieron público. En medio de las crisis solapadas entre lo sanitario, lo económico y lo climático también surgió la crisis de los cuidados.
Qué hacer
Seis medidas posibles para revertir el incumplimiento de la obligación alimentaria.
- Modificación del proceso judicial que permita las notificaciones electrónicas.
- Celeridad en el proceso de alimentos provisorios con el uso del índice de Crianza (INDEC)
- Que deudores alimentarios ingresen a registros o reciban sanciones ante el primer incumplimiento
- Creación de un registro Nacional que centralice los deudores (pendiente en el Senado)
- Ingreso de los deudores alimentarios a la central de deudores Banco Central y VERAZ
- Que se derogue el de los deudores alimentarios a la central de deudores Banco Central de la República Argentina y VERAZ.
Sabrina Cartabia Abogada feminista especialista en Género. Forma parte de Subsec. de Pol. de Gén. y Div. Sexual del Ministerio de las Mujeres PBA (Fuente: IG Ni Una Menos)
