Alertan por un “retroceso en el abordaje judicial del abuso sexual en las infancias”

Por: Luciana Rosende

El sobreseimiento de un progenitor denunciado por abuso infantil reflotó la preocupación de abogadas, psicólogas, especialistas y mamás que advierten sobre una “reacción” de parte de hombres denunciados y organizados, amparados por un sistema judicial que termina revictimizando a niños y niñas que se animan a hablar.

“Alerta por Martín”. Así se difundió, cambiando el nombre real, el caso de un niño cuyo progenitor, denunciado por abuso sexual, fue sobreseído dos días antes de Navidad. Pese a que su mamá había presentado pruebas de abuso con acceso carnal y el acusado y había estado denunciado por lo mismo en al menos un caso más. Mientras se preparan la apelación y el pedido de recusación al juez Alejandro Ferro, diversas organizaciones abocadas a los derechos de las infancias advierten sobre prácticas sistemáticas en el abordaje judicial del abuso sexual infantil que revictimizan a niñas, niños y adolescentes, apuntan a las madres y dan cuenta de una creciente organización entre progenitores denunciados, con todo un andamiaje legal detrás.

“Estamos analizando junto con diversos especialistas y organizaciones de infancias que hay un retroceso en distintos ámbitos del poder judicial sobre el abordaje del abuso sexual en las infancias”, advirtió María Elena Naddeo, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y titular del Programa de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo. Y agregó: “Hay cierta liviandad con el abordaje de las pericias, se descartan rápidamente pericias realizadas por profesionales tanto del ámbito público como del privado, con destacadas trayectorias. Frente al cuestionamiento de progenitores, rápidamente los juzgados descartan esas pericias, ordenan hacer nuevas y empieza un tema de revictimización de niños, sometidos a numerosos diagnósticos y se descree de la palabra de pediatras y madres fundamentalmente, que son las primeras que toman contacto con la palabra de chicos. Vemos un hilo conductor, negando la existencia del abuso, no creyendo en los indicadores, y en función de eso se organiza una estructura judicial que prácticamente se convierte en una muralla muy difícil de escalar para quienes quieren ser escuchados”.

Eso es lo que denuncia Daniela, mamá de Martín. Tras varias señales previas, a principios de este año su hijo de siete logró poner en palabras situaciones que había vivido con su progenitor. La mujer realizó la denuncia y comenzó un periplo que llevó al sobreseimiento del denunciado la semana pasada. “Ante mi denuncia, omitieron dictar la medida de protección. Lo hicieron 14 días después y le dieron tiempo al imputado y su abogada para denunciarme por impedimento de contacto. Es una figura relativamente nueva y se la llama la Ley Apadhesi (Asociación de Padres Alejados de sus Hijos), dictada entre gallos y medianoche para usar como herramienta de ataque a las madres que denuncian abuso. Me atacaron con una denuncia penal a los días de denunciar”, relató Daniela a Tiempo, haciendo referencia a la Ley 24.270.

“Esto se da en todo el país, pero más en CABA, donde hay mecanismos aceitados de encubrimiento en tres dimensiones: las pericias al niño, el examen físico y la pericia psicológica y psiquiátrica al imputado”, enumeró Daniela. Y denunció que la coordinadora del equipo técnico infanto-juvenil del Ministerio Público Tutelar de la Justicia de CABA, tras la entrevista con el nene, “dijo que cognitivamente está bárbaro, pero lo emocional lo omite y mi hijo en la entrevista, cuando lo quieren llevar a conocer la Cámara Gesell, salta de la silla, se esconde detrás de un sillón y dice ‘de esto no voy a hablar’. Lo dice en el informe, pero igual pusieron que está en condiciones. Lo presionan a ir a una Cámara sabiendo que va a ser sin éxito porque no respetan sus tiempos”.

La mujer también cuestionó que en la entrevista a ella sólo apuntaban a cómo era su vínculo con el denunciado. “En el último párrafo del informe dicen que el niño no pudo hablar en Cámara y que si lo llegara a hacer hay que tener en cuenta que puede estar contaminado por la madre, la psicóloga o la médica. Obstruyen a mi hijo el derecho a ser oído en el futuro. ‘Si hablás en el futuro no te vamos a creer’, es el mensaje”, lamentó la mamá.

También afirmó que presentó ante el Juzgado en lo Criminal 36, a cargo de Alejandro Ferro, el informe de una pediatra de un hospital público que en mayo había hallado evidencias de lesiones por abuso con acceso carnal. Eso fue desestimado y el juez pidió un informe forense que arrojó un resultado contrario en agosto. “Informaron que no veían nada. Llevé a mi perito, que vio y discutió, firmó en disidencia e informó lo que se veía. Pedimos que citen a la médica a declarar pero el imputado la denunció a ella y a mí penalmente por falsedad ideológica. De esa manera el juez no le permitió declarar”. En septiembre, la mamá de Martín volvió a presentar como pruebas fotos de las lesiones físicas. “La contraofensiva del imputado fue solicitar que se me cambie de querellante a imputada, con el argumento de desconocer la atención de mayo y decir que si en agosto no había lesiones y en septiembre hay fotos con lesiones, hay que imputárselas a la madre. Redoblaron la apuesta. Frente a eso mis abogadas pidieron más producción de pruebe, pero el juez dictó un sobreseimiento sorpresivo, en el mismo momento en que el fiscal decía que la denuncia hacia mí y hacia la médica estaban desestimadas. “Con esto el juez habilita al imputado y su abogada a un ataque hacia mí y puede pedir la revinculación, una cautelar y hasta pedir la tenencia. Ni que hablar de la desprotección hacia Martín”.

Otra vez el argumento del SAP

Al advertir sobre un “retroceso” en los abordajes de denuncias por abuso infantil, Naddeo enfatizó que “se volvió a hablar de algo que había sido desterrado, del Síndrome de Alienación Parental (SAP), como si las palabras de los chicos vinculados a haber sido abusados pudieran ser inculcadas por su madres para acusar a progenitores. Esto ha sido cuestionado por la Sociedad Argentina de Pediatría, las asociaciones de psiquiatría, no existe ese síndrome. Solo existe en el ámbito jurídico y es utilizado por las defensas de acusadores de manera sistemática”.

Sobre el caso puntual de Martín, Naddeo indicó que se está enviando una nota a la Defensoría Civil que interviene “para que tome las medidas necesarias en resguardo del niño para evitar que un sobreseimiento intempestivo lo ponga a en contacto con el progenitor y pueda generar mayores traumatismos”.

“Emitimos el ‘Alerta por Martín’ porque peligra. Es lamentable que no se haya escuchado al niño cuando pudo hablar”, planteó Victoria Acebedo, de la organización Yo Sí Te Creo, una de las que acompaña a Daniela. “Vemos accionares que se repiten una y otra vez. Daniela es una mamá protectora muy fuerte, que está pensando, tiene recursos, pueden pensarlo en conjunto con otras personas, pero vemos otras madres sin recursos económicos o sin personas a quien recurrir, porque al darse todo dentro de la familia a veces quedan aisladas o incluso señaladas”, añadió.

Renata Vismara, presidenta de la asociación Mundanas, también acompaña el caso y pidió una reunión con el Ministerio Público Tutelar porteño, a cargo de Carolina Stanley. “Todo lo que tiene que ver con abusos sexuales en niñeces corresponde al fuero federal, pero por acuerdos recientes el Ministerio Público empezó a hacer informes en estas causas. En este caso presentaron un informe sobre ‘falsas memorias’ como llaman ahora al SAP. Creemos que es un precedente gravísimo, ya lo habíamos superado eso. Nos encontramos con que este informe repite de forma textual cuestiones sobre la memoria implantada. Son informes que se usan como elemento principal para el sobreseimiento de abusadores en Capital. Citan siempre lo mismo: hay mucho desarrollo teórico sobre consecuencias del abuso infantil y muy pocos autores que siguen sosteniendo las memorias implantadas, pero se agarran de eso y hacen oídos sordos a lo demás”. Formularon un pedido de reunión, también, con el Ministerio de Mujeres y Géneros: “Porque entendemos que es una problemática que tiene que ver con cómo se sigue castigando a las madres, y en el medio sufren los pibes”.

Acción y reacción

Para Naddeo, este “retroceso” tiene que ver con que “hay una cierta coordinación de padres acusados de abuso y violencia, que se han organizado y empezado a hacer lobby en distintos estratos judiciales. Y se refuerza una vieja concepción, una visión conservadora del Poder Judicial que sacraliza a la familia, una visión patriarcal. El avance de los derechos humanos en las últimas décadas hizo que hubiera más cantidad de denuncias, y acá se está produciendo una reacción frente a eso”. Naddeo agregó que “cuando desde el movimiento de mujeres se plantea una reforma judicial con perspectiva de género, estamos hablando de esto. Porque analizan el delito de abuso con la misma vara que un robo, con muy poco sentido de proteger a las víctimas, y se trata de eso”.

“Todos nos pusimos en alerta con este caso de Martín”, dijo Graciela González, directora del Departamento de Prevención de la violencia y el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y autora del libro “La palabra de los niños”. “Casos como este nos llegan todos los días. Hay muchos más niños abusados de los que pensamos”, afirmó. Sobre los porqués, sostuvo: “Se luchó mucho desde el feminismo y estamos bien de leyes. Pero lo que no se cambia con facilidad es la cabeza y el prejuicio de los que las aplican. Tenemos una especie de disciplinamiento que hacen sobre las madres protectoras, y ahora van por las psicólogas y las abogadas. Ya nos han denunciado, tenemos un caso que llegó hasta la Corte. Eso hace que la gente no quiera atender estos casos”.

González contrastó que “si vas a denunciar que te robaron el auto no te dicen ‘es mentira, inventaste eso para estafar al seguro’. Pero si denunciás el abuso a tu nene o nena no te creen”. Por otra parte, remarcó que “hay una figura que es el abogado del niño, hay una ley pero los jueces se niegan a que entren. Tenés una ley que dice que hay que escuchar lo que dice el chico, tenés la experiencia de psicólogos que decimos que los chicos no mienten sobre algo que no han visto nunca. Pero últimamente se basan en que todas las denuncias son falsas. El SAP no existe y en la Asociación de Psicólogos generamos un manifiesto sobre que no se puede aplicar. No hay manera, lo usan igual. Lo único que se logró es que no lo llamen SAP. Dicen que la mamá lo influencia, dicen lo mismo con otras palabras”.

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