Zonas frías y otras necesidades

En la semana se registró una intensa actividad en la Cámara de Diputados. Uno de los proyectos tratados, que obtuvo media sanción, fue la reducción de las tarifas de gas en las denominadas zonas frías del país. También se aprobó el proyecto de ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” y se sancionó la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina, ya aprobada por el Senado.

Con el proyecto de zona fría se apunta a beneficiar a cerca de cuatro millones de usuarios y usuarias (actualmente 850 mil reciben los beneficios). Es una medida necesaria, de espíritu federal, y que va en la línea con la necesaria segmentación del cuadro tarifario y con la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.

En el texto se contempla una reducción del 30% para los consumos de gas de usuarios de las nuevas zonas, que llegará al 50% en el caso de usuarios de mayor vulnerabilidad. Se incluye en este segmento, por ejemplo, a aquellas personas que reciban Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, pensiones no contributivas y jubilados —hasta 4 salarios mínimos—, monotributistas sociales, usuarios que perciben seguro de desempleo, personal de casas particulares y quienes reciban una pensión vitalicia, como los veteranos de Guerra de Malvinas. En materia territorial, la tarifa diferencial abarca a 17 provincias y más de 230 departamentos.

Las necesidades son muchas, más si se tiene en cuenta que, producto de las políticas del anterior gobierno, en el período 2016- 2019, un total de 2.939.000 hogares cayeron en la “pobreza e indigencia energéticas”, según ENARGAS. Se puede arribar a este dato considerando que entre enero 2016 y abril 2019, la factura promedio residencial se incrementó algo más del 1.000% y pasó a significar del 2% al 11% del Salario Mínimo.

El necesario ida y vuelta legislativo permitió introducir mejoras en el proyecto, fruto del debate, y de esta forma se obtuvo un importante acompañamiento. De hecho, prevaleció en ciertos sectores de la oposición la sensación de reconocimiento porque se habían introducido cambios que ellos habían pedido.

Los aspectos ideológicos no estuvieron ausentes y por ejemplo se llegó a afirmar que “si bajás la tarifa van a consumir más”. Un pensamiento típico de oferta y demanda que pasa por alto lo que ocurre en la órbita de las necesidades esenciales: si en ciertas zonas se consume más es porque hace más frío, porque el invierno es más largo y es más crudo. Y cuando no hay posibilidades de costear la tarifa, se pasa frío. Esto es lo que se está tratando de resolver.

Respecto del supuesto impacto en las cuentas públicas, hay que tener en cuenta que el proyecto gira sobre la existencia de un fideicomiso que fue creado oportunamente, y que con este proyecto se prorroga por diez años. El mismo se autofinancia y es solidario, debido a que el costo de la ampliación se distribuye entre el total de los usuarios y usuarias de la red de gas natural del país, y resultaría en un cargo adicional de un 0,5% sobre la factura promedio. Es decir, que el conjunto soporta el beneficio para aquellos que viven en zonas que necesitan consumir más porque hace más frío. Otra vez, la solidaridad se muestra como una potente respuesta ante los argumentos individualistas que se esconden detrás del planteo de que toda iniciativa que intenta nutrir la paleta de herramientas del Estado es una potencial fuente de déficit fiscal.

Un aspecto importante es que los criterios de territorialidad no se basan en localidades seleccionadas a dedo sino en categorías establecidas en las zonas bio-ambientales utilizadas por ENARGAS, bajo norma IRAM 11603/2012, que tienen que ver con las amplitudes térmicas de los últimos diez años, lo que le da una objetividad absoluta. Más allá de esto, se trató de deslizar que hay una “intención electoral”, una frase que no resiste ningún análisis ya que más de la mitad de los municipios alcanzados son gestionados por la oposición. 

Este tipo de comentarios no sorprende, a la luz de la bajada argumentativa que se hace desde el aparato mediático. Un diario de elevada circulación (6/6/21) tituló: “En modo campaña, acelera el Gobierno el gasto público en obras, planes y subsidios”. Al interior de la propia nota se indica que “con estos refuerzos presupuestarios el Gobierno pretende inyectar recursos a un amplísimo espectro de ciudadanos (votantes). Por caso, con la ampliación de la Tarjeta Alimentar el Estado reparte todos los meses hasta $12.000 a las familias de 3,7 millones de chicos menores de 14 años. El programa REPRO II, en tanto, pretende alcanzar a 13.000 empresas y 330.000 empleados. Con la ampliación de la Asignación por Hijo (AUH) el objetivo es llegar a 700.000 familias; el programa Potenciar Trabajo, por su parte, reparte otros $12.264 a casi un millón de trabajadores de la economía popular”. Una buena síntesis de algunas de las últimas medidas, más allá de los vanos intentos de desprestigiar la política y desmerecer el gran esfuerzo que se está haciendo desde el Estado Nacional. Además, es la esencia de lo que se prometió en la campaña presidencial.

Respecto del monotributo, en la semana se dio respuesta a las preocupaciones por los recargos que los beneficiarios del régimen simplificado debían afrontar, producto de la actualización de las escalas y de los componentes de la cuota, con retroactividad a enero. En este marco, se conocieron los detalles del proyecto elaborado por la Presidencia de la Cámara de Diputados a solicitud del presidente Alberto Fernández, que se empezará a tratar en breve y apunta a dejar dichos cambios sin efecto y a introducir otras mejoras. En lo fundamental, se mantiene el valor mensual de la cuota de enero a junio de 2021 tomando como referencia el valor de diciembre de 2020. En el caso de la categoría A, la más baja, el tope de los ingresos brutos aumenta un 77,2% respecto a los valores de 2020, en la B un 75,6%, con incrementos descendentes que llegan al 41,8% para la categoría K, la más alta. Esto permitirá que muchos contribuyentes no tengan que pasar a una categoría más alta o que ingresen a otro régimen. El incremento de los topes se aplicaría a partir de julio próximo, con la recategorización semestral.

El gobierno sigue mostrando que está rápido de reflejos, que tiene los objetivos claros y actúa prontamente en la medida en que las circunstancias lo exigen, en un contexto complejo de emergencias sanitarias y sociales.

Todas las decisiones tributarias y de gasto público están en sintonía con una mayor equidad y con la recuperación del mercado interno y el empleo. No hay que olvidar que cerca de 1.300.000 trabajadoras/es y jubiladas/os dejarán de pagar Ganancias. En el caso de las empresas, el 90% pagaría una alícuota menor del Impuesto a las Ganancias que la que pagó el año pasado. En cambio, el 5% de esas empresas (que acumulan el 80% de las ganancias totales) pagará una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en los años anteriores.

Es una buena síntesis que permite comprender cuál es la dirección por la que se transita. Si en el anterior gobierno se escuchaban los reclamos de los mercados, hoy el oído y las políticas están atentos, principalmente, a las necesidades de la gente.