¿Y la calidad institucional?, por Carlos Heller

El gobierno está entusiasmado con el resultado de las elecciones, a pesar de que dos tercios de la población votó en contra de las políticas del oficialismo. Ante la confirmación de la GCT sobre la movilización a Plaza de Mayo el martes, Mauricio Macri expresó su sorpresa: «Tuvimos elecciones el domingo último y los argentinos han ratificado esta vocación de cambio». Un cálculo errado del apoyo recibido, pero que tiene la intención de deslegitimar los reclamos de los trabajadores.

La vinculación de las elecciones de medio término con la economía es innegable. Con anterioridad a las PASO, el gobierno suspendió aumentos tarifarios (se acumularán luego de octubre), lanzó préstamos para jubilados y perceptores de AUH, entre otras medidas. También se planteó que el ingreso de la expresidenta Cristina Fernández al Senado generaría una serie de males, entre ellos una estampida de inversionistas, cuando estos no se han visto en estos 19 meses de gobierno macrista. Así, el dólar aumentó 2 pesos (+12%) a partir de junio, con un fuerte incremento de las compras de divisas para atesoramiento.

Luego de las PASO, los mercados festejaron y el dólar mostró una baja pronunciada. En verdad, los mercados (metáfora utilizada para designar a grandes operadores, corporaciones privadas y consultorías internacionales) utilizan tanto la especulación como la política para hacer negocios. Ese es su objetivo último. Y en el medio, la producción y la población sufren.

Resulta interesante también reflexionar por qué el gobierno y los mercados están tan exultantes con el resultado de las elecciones. Quizá la respuesta pase porque están suponiendo que muchos de los legisladores de las fuerzas no oficialistas terminarán luego contradiciendo su discurso preelectoral y acompañarán al gobierno en las reformas que sigue impulsando cotidianamente.Esta reflexión nos lleva a plantearnos el tema de la calidad de la política, que fue y sigue siendo uno de los caballitos de batalla del gobierno y de parte del opo-oficialismo (aquellos opositores que terminan votando las leyes esenciales del gobierno, contra los intereses populares). Esta calidad se reduce significativamente cuando el discurso preelectoral –por el que se recibió el apoyo de los votantes– no es sostenido luego en los hechos. Actitudes que llevan al desencanto ciudadano respecto de la política en general.

Esta cuestión de la calidad institucional referida a las cuestiones de campaña electoral entra en zona roja cuando, por ejemplo, se utiliza el aparato del Estado para estos objetivos. Julio Blanck (Clarín, 17/8/17) sostiene que «el aliento del gobierno a la jugada de Randazzo pudo haber sido discreto, pero fue importante e innegable», para aseverar luego que el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, «Federico Salvai, se ocupará de que los intendentes que acompañan la aventura de Randazzo ‘tengan todo lo que necesiten’ para afrontar la campaña hacia octubre». Probablemente estas actitudes estén más allá de la voluntad del propio Randazzo, pero evidencian la estrategia del gobierno.

¿Serán estas las actitudes de elevada calidad institucional de las que pretende ufanarse el gobierno? ¿Será este el mentado fortalecimiento de la República? Creo que son todo lo contrario, y allí hay nuevamente una discordancia entre el discurso y los hechos. Porque estos procedimientos deslegitiman tanto el relato como las prácticas.

Las reformas en carpeta

Están en las gateras: la reforma laboral, la fiscal (con fuerte ajuste del gasto), la de la Seguridad Social y la intensificación de la apertura comercial y financiera.

Entre otros apoyos y elogios a este paquete, se destaca el del Banco Mundial. En su visita, su presidente, Jim Yong Kim, sostuvo: «Macri no está apurándose con las reformas porque está protegiendo a los pobres». La frase indica con claridad que las reformas estructurales impulsadas y esperadas generarán un fuerte impacto negativo en la sociedad, en especial sobre la población de menores recursos. Típicos sincericidios que se escapan en los discursos protocolares.

Veamos el estado de las reformas. La flexibilización laboral la hemos tratado en extensión en las últimas columnas, utilizando el ejemplo de Brasil. La reforma tributaria tiene cada vez más desarrollo, y lo que se conoce es que el gobierno de Macri aplicará las recomendaciones «del mercado». La OCDE propone una ampliación de la base imponible del IVA y una reducción a las alícuotas de ganancias para empresas, entre otras medidas. FIEL coincide con estas propuestas, pero le agrega modificaciones que harán más pesada la carga sobre las pymes. Si bien el empleo y los salarios públicos están en la mira de ambos, es el FMI el líder en cuanto a la reducción del pago de salarios por parte de los organismos estatales.

El FMI, que tiene dilatada experiencia en los temas de ajuste, dio su receta para la Argentina: propone una reducción del gasto del 5,55% del PIB. Como además sugiere menores impuestos (por 1,05% del PIB), el déficit fiscal sólo se reduciría en 4,5% del PIB. Todo esto «gradualmente» hasta fin de 2019. Una propuesta que refleja que el denominado gradualismo surge desde una visión ortodoxa: en verdad, el ajuste pleno ya está en marcha.

La cuestión de la Seguridad Social está también en la mira. LA OCDE y el FMI proponen cambiar la fórmula de indexación de los haberes previsionales de forma tal de reducir el gasto (y achicar el monto real de los haberes de jubilados y pensionados). Un gran golpe a los jubilados actuales y futuros. También sugieren aumentar la edad jubilatoria de las mujeres. El FMI va más allá y plantea reducir el haber que recibirá un trabajador que se jubila: del 72% actual del salario promedio en actividad hasta el 60 por ciento. Un gran golpe a los jubilados futuros.

El editorial de La Nación no se queda atrás (18/8/17). Explica la necesidad de aumentar la edad para jubilarse, dado que «entre jubilados, pensionados, empleados públicos y beneficiarios de planes sociales y asignaciones familiares, son 20 millones de personas en esa condición». Aclara: «Pero son solo 8 millones las personas que trabajan formalmente en el sector privado y pagan impuestos». Es una comparación engañosa, que hace agua: los trabajadores estatales brindan un servicio sin el cual el gobierno no podría funcionar, y además pagan impuestos. El cálculo tiene solapamientos, puesto que se suman beneficios y no beneficiarios (por ejemplo, hay cerca de un millón de jubilados que también cobran pensión –en ese caso, se los cuenta por dos–). Ni hablar de que suma las asignaciones familiares por cada hijo que son ayudas que reciben los empleados privados.

Tampoco considera que los jubilados han aportado durante toda su vida, y que a aquellos que han accedido a la moratoria, se les descuenta parte de su haber para compensar los años no aportados.

Casualmente, Marcos Peña y Emilio Basavilbaso se acaban de ufanar, en la comunicación de un nuevo incremento de haberes jubilatorios por ley, de la elevada cobertura de adultos mayores con pensiones y jubilaciones, aunque omitiendo comentar que ambos logros son parte de la «herencia recibida». Como al pasar, La Nación lamenta que «el restablecimiento de un sistema de capitalización, que podría ser una decisión sensata», por ahora no cuente con muchos adeptos.

En resumen, el ajuste sigue cada vez más intenso y dirigido hacia los trabajadores activos y pasivos. Esta tendencia seguirá si no es enfrentada, no solo en las urnas, sino también reclamando una genuina calidad institucional. «