Vicentin y lo que está en juego

Luego de la reunión del jueves que mantuvieron el Gobierno y los directivos de Vicentin, y más allá de ciertas interpretaciones sesgadas que se dieron desde algunos medios, se mantiene la idea original. El Presidente de la Nación lo dejó en claro luego de la citada reunión: “La expropiación es la herramienta, no hay otro modo”. El jueves arrancó formalmente la intervención de la empresa: una medida preventiva, para que no se agrave la situación existente, mientras se define el proyecto de expropiación que se enviará al Congreso. No deja de ser otra herencia de la que hay que hacerse cargo.

Estamos hablando de una empresa privada que maneja cerca del 10% de las exportaciones de granos y aceites. Sin embargo, surgieron airados rechazos al anuncio, como si estuviéramos en presencia de una empresa que se encuentra en una situación próspera, y de un día para el otro aparece un supuesto Estado intervencionista que se quiere quedar con ella. Vicentin está inexplicablemente casi en situación formal de quiebra, y el problema es que representa una amenaza concreta para el erario estatal, para los cerca de 5.600 trabajadores directos y para los pequeños productores y demás proveedores. 

El adjetivo “inexplicable” se vincula con que el país viene de atravesar una serie de años donde el negocio agroexportador ha sido extraordinariamente rentable. No obstante, la empresa tiene un tendal de perjudicados: además de los bancos públicos y la gran cantidad de productores agrícolas, también está el resto de los proveedores, en su mayoría pymes, a las que tampoco se les pagó. La empresa le debe $ 9.500 millones al Estado nacional en concepto de impuestos y contribuciones, mientras que sus proveedores de granos tienen un 26% de la deuda total de Vicentin. Todos éstos perderían con la continuación del concurso de acreedores, porque el objetivo de este procedimiento es licuar las acreencias o reducirlas lo máximo posible, para garantizar la viabilidad de la empresa a expensas de dichos acreedores.

Cabe preguntar entonces, si es cierto que la empresa tiene un patrimonio negativo a consecuencia de sus elevadas deudas, la continuación del concurso de acreedores, ¿no terminaría licuando todas esas deudas, mediante la registración a pérdida de la banca pública y el resto de los acreedores, para luego retomar sus operaciones con sus dueños u otros nuevos (muy probablemente extranjeros), en un mercado que seguirá dando grandes ganancias? La intervención y la justicia echarán luz sobre estos temas. Pero lo primero es evitar que se acumulen más daños y recuperar una empresa que, en el mejor de los casos, ha sido pésimamente gestionada.

Desde algunos sectores se sigue tratando de correr el eje de la cuestión. El último comunicado del Foro de Convergencia Empresarial llama a que se actúe en el marco de la Constitución, aunque eso es lo que el Gobierno está haciendo. Vuelven a decir que esto va en contra de la iniciativa privada y de las inversiones necesarias para generar empleo, cuando bajo la lógica del Estado canchero que pregonan, lo que abundaron fueron las inversiones especulativas. Nos quieren llevar a un juego en el que pareciera que se está a punto de nacionalizar el comercio exterior, o de estatizar todas las empresas privadas, cuando esos temas han sido reiteradamente descartados desde el Gobierno nacional.

En el fondo, lo que tratan de evitar es que ganen espacio ideas de otro tipo. Entre ellas la que hace a la potestad de intervenir que tiene el Estado como representante de los intereses colectivos, por encima del interés particular o sectorial. Cuando en el propio mundo desarrollado se están llevando a cabo salvatajes de empresas estratégicas, como es el caso de Lufthansa por parte del gobierno alemán (un gobierno que comulga con el recetario ortodoxo). Y en nuestro país hay sectores que no quieren que se mencionen estos temas. Por eso hablan de confiscar, no de expropiar, que es el término correcto y el que está contemplado en la Constitución. Por eso hacen alusión a la supuesta falta de legitimidad. Pero el Gobierno está planteando que enviará un proyecto al Congreso para que trate el tema de la expropiación, actuando en el marco de sus facultades.

La intervención tiene sentido como medida preventiva para que no se agraven las cosas, que no se le pase factura al Estado, a los proveedores y los distintos acreedores, y que la empresa vuelva a operar con normalidad. Esto es lo esencial. Para ratificar la necesidad de la intervención, podemos citar los dichos de un editorialista de La Nación: “Ellos (la dirección de Vicentin) estaban viendo de vender algunos activos e ir manejando el concurso de acreedores, donde el empresario concursado tiene una participación importante, distinta de la que le corresponde cuando ya quebró. Había varios tiburones que olían negocios alrededor de la empresa y querían de alguna manera quedarse con negocios del grupo”. Más claro, imposible.

Los actos concretos avalan la conducta, al menos llamativa, del grupo Vicentin. Según indica el decreto 522/20: “Aantes de entrar técnicamente en cesación de pagos, la sociedad cedió, para saldar deudas comerciales, un tercio de su participación en la sociedad Renova S.A. al grupo Glencore, el cual pasó a tomar el control efectivo de la empresa al adjudicarse el 66,67% de las acciones, perdiendo de esta forma Vicentin S.A.I.C. el control de una empresa estratégica dentro del grupo económico”. Para el resto de los acreedores, el concurso, con las pérdidas que esto les ocasionaría.

Este proceso de expropiación resulta ideal para considerar aspectos que desde hace tiempo he venido hablando, como es la importancia de incluir en la gestión y control a todos los actores que se encuentran involucrados. Sería una oportunidad excelente para llevar a la práctica un esquema de gestión coparticipada pública, que incluya al Estado pero también a todo un sector de empresas de la economía social, como a las cooperativas de productores, y a todo aquello que represente intereses colectivos por encima de intereses individuales. La tercera pata en la gestión deberían ser los trabajadores de la empresa. Estamos ante una gran oportunidad para discutir estos y otros temas.

Más plazo para negociar

El Gobierno decidió extender hasta el 19 de junio el vencimiento de la invitación a los tenedores de ciertos bonos elegibles para presentar las órdenes para canjear sus bonos. El Ministerio de Economía comunicó la noticia en su página web. En el comunicado de prensa se indica que se continuó debatiendo con distintos grupos de inversores, y se recibieron sus comentarios. El ministro Guzmán habló en reiteradas ocasiones de que se está avanzando en las propuestas, analizando las sugerencias de los inversores para maximizar su adhesión, pero reiterando que el rango de mejoras es muy acotado.

El ministro también indicó que están apuntando a reprogramar los vencimientos de la deuda con el FMI para no tener que realizar ningún pago de capital en los próximos tres años, es decir hasta el 2023.

Por sobre todo, se intenta preservar los objetivos de sostenibilidad de la deuda, y la necesidad de un período inicial sin pagos de los servicios, para destinar esos recursos a las exigencias que impone la pandemia y a las necesidades de crecimiento inclusivo en los próximos años.