Este viernes venció formalmente el plazo para que los tenedores de títulos de deuda pública argentina bajo legislación extranjera ingresaran al canje por nuevos instrumentos. Sin embargo, el gobierno piensa en dejar abierta la negociación algunos días más, en un intento por convencer a los fondos de inversión que tienen la mayor parte de esos bonos.
El Palacio de Hacienda no informó el porcentaje de adhesión a la propuesta de canje, que será determinante para que la oferta tenga validez legal y sea de aceptación forzosa. Los acreedores tenían tiempo hasta las 18, hora de nuestro país, para informar su posición ante la SEC, el organismo estadounidense a través del cual el gobierno canalizó la proposición. Los resultados se conocerían avanzada la noche o bien en la mañana del sábado, según informó la agencia Télam.
«Argentina permanece abierta al diálogo. Hicimos una oferta sostenible de buena fe y apreciamos que parte de nuestros acreedores ya la hayan aceptado. Con otros estamos tratando de alcanzar un acuerdo. El objetivo es restablecer la sostenibilidad de la deuda», dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán.
A grandes rasgos, la operación consiste en el canje de U$S 66.238 millones en títulos emitidos bajo legislación extranjera por otros nuevos con tasas de interés mucho más bajas (arrancan en 0,5% anual y van creciendo hasta un máximo de 4,9% por año) y un período de tres años de gracia. En términos generales, el flujo de intereses caerá un 62%. Además, el monto de suscripción de los nuevos bonos lleva implícita una quita de capital de algo más de 5%. Según informó Guzmán, el ahorro combinado para el país será de algo más de U$S 41 mil millones.
El primer resultado parcial fue el del tramo local, que abarca los tenedores de estos títulos radicados en nuestro país y que fijaron su posición ante la Comisión Nacional de Valores. El miércoles, cuando cerró el plazo, habían ingresado al canje los tenedores del 70% del capital de esos títulos. Sin embargo, a efectos del cómputo total, esa fracción es muy pequeña ya que el grueso de los papeles están en manos de fondos de inversión internacionales. A través de lobistas e incluso de declaraciones filtradas a algunos medios de comunicación locales, varios de esos fondos expresaron su descontento con los términos propuestos y pidieron “un endulzante” (léase, un pago inmediato en efectivo o algún bono adicional) para compensar los intereses que dejarán de cobrar en los próximos años.
El viernes 22 expirará el período de gracia con que cuenta Argentina para abonar U$S 503 millones en intereses impagos de los bonos Global. Si no efectúa el pago, o si el canje no queda aprobado antes, ese día el gobierno entraría en default y los bonistas podrían iniciar el litigio ante los tribunales de Nueva York, Londres y Tokio, como lo habilitan los títulos cuyo cambio se negocia.
