Un informe oficial reveló que el aumento de precios y tarifas agravó la pobreza

«Quiero que este sea el punto de partida para que evalúen mi gestión», fue la frase del presidente Mauricio Macri que quedó inmortalizada a fines de septiembre de 2016 cuando el Indec divulgó los datos de pobreza en la Argentina. 

En ese momento se supo que el 32,2% de los argentinos vivían en hogares que no lograban reunir los ingresos necesarios para solventar el costo de la Canasta Básica Total y que, por lo tanto, eran pobres. 

Se trataba de unas 12,7 millones de personas, según las proyecciones sobre el total de la población. La envergadura del dato relativo al primer semestre de 2016, signado por los despidos, la devaluación y los tarifazos, le ofrecía al gobierno la oportunidad de mostrar una reducción paulatina de ese indicador. Así lo consiguió cuando, un año después, los números oficiales llevaron ese porcentaje hasta un 28,6% luego del 30,6% del semestre intermedio. 

Sin embargo, ahora, la dinámica parece haber tomado un rumbo inverso. Es que, si bien el informe de pobreza de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre de 2017 se conocerá recién el 28 de marzo, se acaba de dar a conocer un dato que constituye un insumo clave a la hora de establacer la cantidad de personas que no superan el umbral de la pobreza. Se trata de la medición del valor de la Canasta Básica Total de diciembre de 2017, que fue fijada en $ 16.677 para una familia tipo con dos hijos. O sea que se incrementó un 26,8% con relación al mismo mes del año anterior. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec arrojó como resultado para el mismo período una inflación del 24,8%. La comparación indica que el poder adquisitivo del segmento que no supera la pobreza se deterioró dos puntos más cuando se lo compara con el resto de la población. 

Esto, siempre y cuando los ingresos del segmento hayan aumentado en consonancia con la inflación, una meta poco probable en un sector de la población caracterizado por el desempleo, la informalidad laboral y la changa. 

Esa situación, además, podría traducirse en la caída en situación de pobreza de un número sensible de hogares que, estando apenas por encima de la línea de vulnerabilidad extrema el año pasado, no hayan logrado incrementar sus ingresos un 26,8 por ciento.

El estudio del Indec establece también el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que determina el umbral de los llamados «pobres indigentes», que alcanzó los $ 6644. 

En este caso, sin embargo, el incremento fue del 21,7%, 3,1 puntos por debajo de la inflación oficial. 

La diferencia en la evolución de una y otra canasta sirve para sacar algunas conclusiones. Es que, para salir del umbral de la indigencia determinado por la CBA, es necesario reunir los ingresos para hacer frente a las 8479 calorías que necesita una familia tipo compuesta por un varón adulto, su esposa y dos hijos para sobrevivir, mientras que la CBT, a través del llamado coeficiente de Engel, incorpora otros rubros elementales como los servicios básicos de la vivienda. 

Es este punto el que explica el defasaje, puesto que, según el IPC Nacional, el ítem Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció durante el año 2017 un 55,6%, muy por encima de la inflación general del 24,8%. También empujaron al alza los rubros salud y educación. Por su parte, el ítem Alimentos y bebidas trepó un 20,4 por ciento.

La dificultad para los más pobres ahora reside en el hecho de que estos ítems que componen la Canasta Básica Total tienen un carácter inelástico. Se trata de bienes y servicios, cuyo consumo no depende de las decisiones que pudiera adoptar una familia sino que son necesidades básicas elementales que deben ser satisfechas taxativamente y no pueden ser reemplazadas por otras. Por esa razón tienen más peso en la CBT. En eso se diferencian de otros estratos de la sociedad que, en última instancia, tienen margen para modificar sus hábitos de consumo, relegando gastos suntuosos o esparcimiento, entre otros gastos.

Esta situación va a tender a agravarse durante 2018, puesto que hay una frondosa agenda de aumentos de tarifas de los servicios básicos y del transporte por encima de las metas de inflación que se fijó el gobierno (ver nota páginas 6 y 7).

Cambios en la medición

En este momento el Indec desarrolla un operativo de gran escala como es la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares(ENGHO) mediante la cual releva datos de ingresos y gastos en 45 mil hogares de todo el país. Uno de los objetivos es el de actualizar los hábitos de consumo de la población y, a partir de esa información, rediseñar las canastas que se utilizan para determinar el Indice de Precios al Consumidor y la Canasta Básica Total capaz de determinar el umbral de la pobreza que hoy surgen de la ENGHO de 2005, ya que la de 2012 fue descartada. 

Cuando en noviembre las autoridades hicieron la presentación del operativo ante la prensa explicaron que, uno de los aspectos que especialmente pretenden redefinir es el peso de los consumos energéticos. La hipótesis que, a priori, manejan desde el Instituto es que la ponderación que los servicios públicos tienen en la actualidad en las canastas está sobredimensionada luego de las actualizaciones tarifarias que obligaron a la población a medir sus consumos. Por eso esperan poder reducir su peso en la canasta.

La Reforma previsional y la AUH: otro golpe al bolsillo

La reforma que se aprobó en diciembre modificó la fórmula para determinar la movilidad jubilatoria y la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, además de desechar el 6,1% de inflación de los últimos tres meses de 2017, atará ambos beneficios al IPC. La AUH, pensada para garantizar un ingreso a los chicos más vulnerables (según la última EPH el 42,5% de los niños de 0 a 14 años son pobres), en esta dinámica quedará atada a un índice que va por detrás de las necesidades reales de sus beneficiarios.

El gobierno prepara un índice de pobreza paralelo al Indec

El presidente Mauricio Macri tiene un decreto para la firma mediante el cual creará un instituto dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que tendrá como propósito elaborar un nuevo índice de pobreza.

La medición se desarrollará en paralelo al relevamiento del Indec como parte de la Encuesta Permanente de Hogares y que publica de manera semestral tres meses después de cumplido cada período.

El argumento oficial para promover la iniciativa alude a la necesidad de que el mencionado Consejo creado en 2002 por Eduardo Duhalde y que depende directamente de Presidencia de la Nación, asuma entre sus tareas la de evaluar y monitorear el impacto de las políticas sociales desplegadas por diferentes organismos oficiales.

Estos van desde el Ministerio de Trabajo y el de Educación hasta la cartera de Desarrollo Social liderada por Carolina Stanley, quien será convocada a participar, de alguna forma aún no establecida, de la iniciativa.

Desde el punto de vista metodológico, el nuevo índice diferirá del que actualmente elabora el Indec en que este tendría un abordaje de tipo multidimensional. 

Esto implica que el índice no definirá la situación de pobreza solamente a partir de los ingresos familiares con relación al valor de una Canasta de consumo preelaborada sino que pretenderá evaluar otras variables sociodemográficas como podrían ser  el acceso a la vivienda, la salud, la cultura y la educación. 

De este modo, el proyecto apunta a establecer el impacto de determinadas políticas públicas sobre la vida de las personas y su acceso a bienes y servicios intangibles, diluyendo parcialmente el impacto de la suba de precios sobre los índices de pobreza.

Si bien existen otras experiencias a nivel internacional, lo cierto es que el Indec, que se dispone a celebrar sus 50 años este miércoles, actúa en función de estándares de organismos estadísticos internacionales.

Si bien desde el organismo oficial de estadística se excusaron de compartir una opinión pública, este medio pudo saber que al interior de los equipos técnicos la iniciativa que podría derivar en un índice paralelo generó desazón, tomando en cuenta que, aunque en manera incipiente, el Instituto ya está embarcado en la elaboración de un índice de pobreza de tipo multidimensional para complementar su actual medición. «