En el gobierno creen que el Fondo y sus exégetas locales se quedaron sin argumentos para reclamar un programa que achique el gasto o imponga restricciones al déficit fiscal.
Alberto Fernández miró al movilero de TV, dudó un instante, se encogió de hombros y respondió.
–No. Es el Fondo…
Esa fue la sensación con que el gobierno recibió la evaluación interna que el Fondo Monetario Internacional realizó del préstamo otorgado a la Argentina en 2018. Un dossier en el que se exponen muchos de los argumentos de discusión de los últimos tres años y que esquiva las responsabilidades y motivaciones políticas a la hora de diseñar y poner en marcha un programa que hipotecó el desarrollo del país por un largo tiempo. Por eso, en el Frente de Todos campea la opinión de que la autocrítica es tardía e insuficiente.
No había margen para la sorpresa. «Es algo que ya sabíamos. Nosotros se lo contamos a ellos y el Fondo debió admitir lo que nosotros le decíamos», resumió el presidente tras el brindis navideño con el personal de la Casa Rosada. Se dice que Fernández ya estaba al tanto del contenido del documento y que ese había sido el tema de una reunión especial en Olivos con la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En realidad, el dossier de 135 páginas, realizado por un equipo de economistas encabezado por el noruego Odd Per Brekk y presentado como una rutina administrativa en los programas que incluyen criterios excepcionales (como el que se firmó con Argentina), es un «mea culpa» con mucha tela para cortar. En primer lugar, reconoce el fracaso del programa pese a que se siguieron «las políticas y procedimientos relevantes del Fondo». También admite que hubo fuga de capitales, algo que podría haber sido motivo para cancelar la ayuda financiera mucho antes de julio de 2019, cuando se tomó la decisión. Y destaca como puntos flojos la falta de control sobre los flujos financieros y una reestructuración de deuda que evitara que el dinero prestado se evaporara en pagar vencimientos urgentes y desmedidos. Estos dos últimos temas, dijeron los auditores, fueron «descartados desde el principio» a pedido del gobierno de entonces, en un explícito pase de facturas a los funcionarios macristas que lo negociaron.
Luego el documento se explaya en otras cuestiones vinculadas al desconocimiento de las particularidades de la economía argentina y la muy optimista apuesta a que algunos criterios excepcionales (un supuesto respaldo institucional y social al programa y la esperanza de un pronto regreso al financiamiento a través de los mercados) pudieran jugar a favor. Demasiadas y muy gruesas equivocaciones, en definitiva, para un organismo con los recursos técnicos, humanos y políticos del FMI. «La estrategia del programa probó ser demasiado frágil para los profundos desafíos estructurales y la realidad política de la Argentina», concluye.
Lo que pone de mal humor al gobierno es que esta catarata de errores, que produjo «sustanciales riesgos financieros y de reputación al Fondo», según reconoce la declaración oficial, no alcance para torcerle el brazo y obligarlo a negociar por fuera de sus manuales (los que el mismo informe reconoce que no sirvieron para nada en el caso argentino). Es decir, que se consideren alguna quita de capital, plazos más extendidos para devolver los U$S 42 mil millones que aún se deben, intereses más bajos, reembolso de las cuotas ya pagadas y algún otro gesto que mitigue los perjuicios causados. Es lo que viene pregonando desde hace varios meses el ala más dura del oficialismo, que cuestiona los «programas enlatados» de los que Washington no acepta moverse. «La autocrítica está muy linda, pero deberían tener un poco de vergüenza intelectual», dijo el senador Oscar Parrilli, uno de los voceros de esa línea.
«Debió haber más autocrítica en el Fondo. Es tan grande la deuda, que dentro de los marcos que hoy dispone el FMI no se puede resolver con un solo paso», dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán. «Un acuerdo nos va a ayudar en el corto plazo para ir despejando el horizonte financiero, pero curar las heridas que generó el endeudamiento en dinero extranjero del gobierno de Juntos por el Cambio nos llevará más de una década», vaticinó.
Lo que en el Palacio de Hacienda tienen claro es que después de esta autocrítica el FMI y muchos de sus exégetas locales quedarán sin margen para exigir libre salida de capitales, tipo de cambio flotante, emisión cero y otros conceptos que fueron pilares del fallido stand by. Una victoria pírrica, de cara a un inevitable nuevo acuerdo. «
Fiscal pide copia del informe
El fiscal Franco Picardi pidió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que la evaluación ex-post del FMI sobre el acuerdo con Argentina sea incorporada a la causa por «defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” que involucra al expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios de su gestión. La fiscalía requirió a la magistrada que pida copia del informe al Ministerio de Economía porque su contenido «podría resultar de interés para la presente investigación dado el marco fáctico desarrollado en el requerimiento de instrucción y su respectiva ampliación». En marzo, el gobierno había denunciado penalmente por el préstamo a Macri, a los exministros Nicolás Dujovne (Economía) y Luis Caputo (Finanzas) y a los expresidentes del Banco Central, Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.
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