Tras el arreglo económico, gobierno y fondos discuten la letra chica del canje

El acuerdo global alcanzado con los acreedores permitirá al país ahorrar algo más de U$S 26 mil millones en los próximos cuatro años y despejar los riesgos de reclamos judiciales en los tribunales de Nueva York por los atrasos de los últimos meses. Con esa tranquilidad, el gobierno encara la recta final hasta el canje de los títulos de deuda emitidos bajo legislación extranjera que están en manos de acreedores privados, que totalizan algo más de U$S 66 mil millones.

Todavía quedan varios pasos hasta concretar la operación y por ello el plazo de aceptación para los tenedores de esos bonos fue prorrogado hasta el lunes 24. Por estas horas, el mayor trabajo les toca a los abogados de ambas partes, que están definiendo las cláusulas legales que incluirán los doce nuevos bonos que lanzará el Ministerio de Economía (seis en dólares y seis en euros), cuya vida útil expira entre 2029 y 2046.

Una de las condiciones pactadas, en las que los bonistas hicieron especial hincapié, fue revisar las cláusulas de acción colectiva (CACs), también llamadas antibuitre porque buscan evitar que sectores minoritarios de acreedores puedan impedir una reestructuración apoyada por la mayoría. Esas reglas cambiaron con el tiempo: mientras los bonos de 2005 y 2010 incluidos en el canje obligan a un consentimiento mínimo del 85% de tenedores del capital para su aplicación, en los emitidos en 2016 ese piso bajó al 66%. El proceso de evolución fue avalado por la ICMA (International Capital Market Association), organización que elabora los protocolos a seguir en las emisiones de títulos.

El objetivo de los acreedores pasa por reducir el margen de los deudores (en este caso, el gobierno argentino) para forzar los números y asegurarse llegar a esos pisos con la eliminación de las series en donde una reestructuración coseche menos adhesiones. Esa amenaza de reasignación y su derivada PacMan (en la que mediante mejoras sucesivas el deudor logra aplicar las CACs y se va “comiendo” a los renuentes) fue la que blandió el ministro Martín Guzmán en los últimos tramos de la negociación. Ahora podría ser regulada, aunque Hacienda reclamó “que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional” (léase el apoyo concreto del G-20 y del FMI, entre otros organismos de peso) antes de aplicar esos ajustes.

Para los fondos de inversión, esta precisión es fundamental para marcar las reglas de juego en futuras operaciones, porque les da mayor fuerza en la negociación. De hecho, en el acuerdo con Ecuador, que reestructuró un tramo de su deuda por U$S 17 mil millones al mismo tiempo que la Argentina, los acreedores exigieron que la administración de Lenin Moreno se comprometiera por escrito a no aplicar el PacMan durante los primeros cinco años.

En cambio, para el gobierno el debate se torna secundario, porque se estableció que los pisos de las CACs en los nuevos títulos se mantendrán como estaban en los bonos originales. Y sobre todo, porque sumando los tres clubes de bonistas a los tenedores del 35% del capital que ya habían manifestado su aceptación a la oferta antes del 4 de agosto (y a los que se les extenderá a su favor los beneficios otorgados después de esa fecha), se alcanzaría el plafón para validar el canje.

La expectativa en el entorno de Guzmán es superar el 90% de adhesiones. Si lo logra, superaría el 76% logrado por Roberto Lavagna en 2005. “Considerando lo que debía y lo que va a pagar, creo que esta puede ser la mejor reestructuración de deuda en la historia de la Argentina”, opinó el ex viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, en un reportaje radial. El propio Lavagna, a pesar de algunas diferencias con la manera en que se está abordando el tramo de deuda bajo ley local, también felicitó a Guzmán. “Haber alcanzado este acuerdo en uno de los componentes de la deuda es muy positivo para Argentina. Esto contribuye a que se generen mejores condiciones para la recuperación, las que deben ser aprovechadas con políticas acertadas”, declaró el ex candidato a presidente en las redes sociales.

La hora del Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario siempre está. Con el panorama un poco más despejado, el próximo objetivo del ministro Martín Guzmán es reordenar la deuda de U$S 44 mil millones generada por el programa stand by que el expresidente Mauricio Macri pidió al organismo. La devolución del capital debería comenzar en septiembre del año que viene.

El objetivo del gobierno es postergar los vencimientos por al menos de tres años. Se descuenta que a cambio el Fondo pedirá poner en orden las cuentas fiscales, deterioradas por las consecuencias económicas del coronavirus. “Si se opta por un acuerdo de facilidades extendidas, habrá que incluir reformas estructurales y consistencia macroeconómica. Eso requiere una mejora paulatina en las cuentas fiscales y acumular reservas internacionales, dado el precario punto de partida”, señala el último informe de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), firmado por Daniel Artana.

En los últimos días, Guzmán fijó una posición bastante firme en relación a los eventuales condicionamientos del Fondo. “Las políticas las decidiremos nosotros. No hay estabilización posible sin dejar crecer la economía”, anticipó.

Al revés que otras veces, el Fondo se mostró amigable con el gobierno argentino durante su negociación con los bonistas privados. La directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, saludó el acuerdo a través de las redes sociales: “Felicitaciones al presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y al principal grupo acreedor de la Argentina por llegar a un acuerdo con la deuda del país. Es un paso muy importante”.