Ante las versiones de una posible intervención de las fuerzas represivas esta madrugada un millar de personas abrazaron la planta de Pompeya y, según los delegados, lograron evitar el desalojo que ya estaría dictado.
Los trabajadores denuncian que el conflicto fue originado por un cierre fraudulento ya que, tratándose de un despido masivo, debió haberse presentado un concurso preventivo de crisis con anterioridad a la desvinculación de los 380 operarios. Mientras tanto, según denunciaron, la empresa sigue funcionando y desarrolla su actividad en otras plantas.
Según la comisión interna el sábado tuvieron acceso a información de fuentes judiciales fidedignas sobre la preparación del desalojo para este lunes a partir de las 5 am y convocaron a sindicatos, comisiones internas, organizaciones de DDHH, sociales y politicas, y a los trabajadores en general. El comunicado asegura que el cierre fraudulento ha sido avalado y custodiado por el gobierno nacional, que nos mando a reprimir y espiar ilegalmente, y que ha dictaminado, a través del Ministerio de Trabajo, a favor de Clarín, dando por cierto el cierre a pesar de contar -por medio de la Afip y el Anses- con todos los instrumentos para comprobar que la empresa sigue en actividad.
Vecinos de la planta confirmaron a través de redes sociales que patrullas policiales recorrieron durante el fin de semana casa por casa informando que tienen una orden de desalojo para el lunes a la mañana y previniendo a los vecinos acerca de lo que ocurriría esta madrugada para recomendarles evitar la zona por posibles corridas, tiroteos o cosas mayores ya que esperan resistencia al desalojo.
Matías Friedrick, abogado representante de la empresa explicó a Tiempo que no tengo idea si había hoy mismo un desalojo. Sí puedo confirmar y ratificar que hay denuncias penales desde el comienzo de la usurpación con pedido de desalojo.
El abogado laboralista de Clarín explicó que nosotros comenzamos los juicios de consignación de las indemnizaciones y la gente será citada para que reciba el dinero o que el mismo se consigne judicialmente. Los contratos de trabajo ya están extinguidos, nosotros hemos querido pagar y ellos se han negado a percibirlos. Cuando tu acreedor se niega a percibir, para liberarte, consignás judicialmente.
Pablo Viñas, secretario general de la comisión interna de AGR- Clarín, denunció que por error han llegado a la fábrica órdenes de trabajo de YPF para AGR lo que demuestra que siguen en plena actividad. Serán aportadas a la justicia y al ministerio de trabajo como pruebas del carácter fraudulento del cierre. Por eso exigimos la estatización sin pago de la planta y su puesta en marcha bajo control de los trabajadores.
Viñas, aseguró que logramos que desistieran del desalojo pero mantenemos el estado de alerta porque el pedido sigue en pie. por último llamó a hacer activo el paro del 6 con cortes en los ingresos de la ciudad, participando del acto en el Obelisco y haciendo un cacerolazo a las 19 hs.
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