Tarifas en la picota

Resulta imprescindible analizar los porqués de los tarifazos y desenmarañar los distintos relatos que construye el gobierno para justificarlos. Es sabido que durante los últimos años los precios de los servicios eran accesibles, en especial para el AMBA, pero ello no justifica los terribles aumentos que se dieron en electricidad, gas y agua, demoliendo el poder adquisitivo de los salarios, en especial de los más bajos.

La impugnación a los aumentos provino de la movilización popular desde que llegaron las primeras facturas y marcó un hito en la amplia protesta realizada el jueves pasado. También los frenos de la Justicia colocaron en una difícil posición al gobierno.

Creo que la gestión de esta administración no está basada en un proceso de aprendizaje por ensayo y error, sino en tomar las medidas que tienen planeadas, y en analizar el nivel de rechazo o aceptación de la sociedad. Si se produce un rechazo alto, intentan mitigar los efectos negativos. La decisión de colocar un tope del 400% para las tarifas domiciliarias del gas y del 500% para las empresas habla de esta estrategia. No se redujeron las tarifas, siguen siendo las mismas, pero con un subsidio mayor, con fecha de vencimiento a fin de año. De allí que no sólo hay que preocuparse por el actual tarifazo, que quintuplica (tope incluido) los pagos del año pasado para los consumidores, sino también por los que vendrán en el futuro cercano. Porque la decisión ya está tomada: realizar una gran redistribución de recursos hacia las productoras de gas, a costa de los bolsillos de los usuarios.

El gobierno pretende instalar como una gran carga al fisco estos topes a las tarifas del gas, unos $ 11 mil millones menos sobre la reducción de subsidios originalmente planificada. Este monto, que medido en dólares representa unos U$S 730 millones, puede compararse con los U$S 1200 millones que ganaron productores y comercializadores de soja (debido a los últimos aumentos de precios internacionales), quienes están presionando, además, para que se produzca la prometida rebaja de las retenciones a la soja del 30% al 25%, que implicaría una pérdida de recursos de entre U$S 1000 a 1200 millones para el fisco (Clarín, 13/07/16).

La dificultad de explicar el tarifazo y la estrategia de redistribución de ingresos llevaron al gobierno a intensificar las críticas a la “herencia recibida”, planteando como opciones “lo que hay” o el caos del colapso energético. Una gran mentira, porque la administración de los últimos años fue positiva. En el caso de los hidrocarburos, el conjunto de medidas tomadas la década pasada, incluida la recuperación de YPF, permitió incrementar un 27% los pozos perforados, un 17% los pozos terminados, un 41% los equipos operativos y un 137% el empleo del sector, respecto de la década anterior. Las inversiones en generación de electricidad fueron incesantes, y el gobierno saliente dejó procesos de inversión en ejecución por cerca de U$S 3000 millones, que incrementan la potencia instalada en 2300 Mw (un 13% del total), y proyectos de inversión a largo plazo ya encaminados por cerca de U$S 27 mil millones, entre los que se encuentran las represas Kirchner y Cepernic, y las centrales Atucha IV y V.

Más aun, el tarifazo gasífero se centra en el aumento del precio a la producción en boca de pozo a unos U$S 5 por millón de BTU, cuando los precios internacionales de referencia oscilan entre los U$S 2 y 3. Es este reconocimiento de rentabilidad a la producción de gas el que disparó en gran parte las tarifas. Sin embargo, el mensaje del gobierno es ahorrar energía, sin planes concretos de inversión (los deja a la decisión de las empresas) y reduciendo el consumo en un movimiento de tenazas de aumento de tarifas y recesión.

Es cuestionable lo que dijo el presidente, que tuvo que tomar muchísimas decisiones que le dolieron y le siguen doliendo, porque “si hubiera habido una alternativa para tomar otra decisión, la hubiera tomado pero no existía”.

Existen otras alternativas. Porque el problema no es el mayor consumo de gas y electricidad en este invierno tan crudo. El problema surge por las tensiones que genera una redistribución enorme de recursos hacia los sectores dominantes, el corazón del proyecto de gestión de Macri.

Esa transferencia se extiende a los evasores, a quienes se les otorgan grandes beneficios para blanquear su patrimonio. Los medios se están plagando de guías “para blanquear sin costo y obtener renta en dólares”. Como lo expresó el presidente Macri en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Ya no será necesario protegernos o escondernos”, utilizando la tercera persona del plural (nosotros), lo que indica el sentido clasista de su gestión. Hasta ahora, el sincericidio más grande cometido por Macri. Un contenido que se refuerza con su crítica, nada menos que en el discurso de celebración del Bicentenario, al ausentismo laboral, las licencias y las jornadas horarias reducidas. Neoliberalismo en estado puro.

Medidas PRO que imitan fórmulas K

En la columna pasada reflexioné sobre la decisión del BCRA de transferir al Tesoro Nacional $ 110 mil millones, el 75% de su ganancia durante 2015, una práctica fuertemente criticada por los actuales funcionarios cuando eran oposición.

Para quienes aún conservan su capacidad de asombro, el gobierno decidió la cancelación de deuda con organismos financieros internacionales por U$S 3952 millones con reservas del BCRA. La autoridad monetaria recibirá letras intransferibles denominadas en dólares, emitidas por el Tesoro a diez años y con una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA. El decreto reconoce que este tipo de operaciones realizadas en los años anteriores “se ha revelado eficaz para disminuir los costos de endeudamiento público”.

Una opinión sorprendente para un gobierno que propone al endeudamiento como la opción más eficiente y cuyos funcionarios censuraron esta práctica de pago con reservas.

Alfonso Prat-Gay comentó en 2013 sobre este mecanismo: “En ningún país del mundo se paga deuda con reservas sino que se refinancia. Acá se patinan las reservas en los acreedores externos, es la hipocresía del relato” (Iprofesional, 08/11/13).

En enero de 2015, Federico Sturzenegger se refería al tema como “una práctica que deja abierta la puerta a una emisión monetaria sin límites, con lo que la sociedad queda expuesta a una inflación creciente”. (La Nación, 02/01/15). Sin embargo, a la hora de gobernar, el pragmatismo manda.

Se conocieron las cifras de inflación del Indec para junio: el IPC marcó una variación de precios del 3,1% en el mes. Pero lo más significativo es que la denominada inflación núcleo (que excluye bienes y servicios estacionales y regulados) se ubicó en el 3,0%, tres décimas superior a la del mes pasado. Esta cifra da por tierra lo afirmado por muchos funcionarios en el proceso de desinflación. En verdad, el resultado es lógico, puesto que se está observando que los precios recogen, entre otros ítems, los mayores costos de la electricidad, el gas y el agua. A eso hay que sumarle que si bien es cierto que la demanda popular se debilitó en estos siete meses de gobierno macrista, parte de niveles elevados que dan pie a los formadores de precios para aumentar los valores de sus productos. Todo un desafío para el BCRA, que se ha impuesto la misión de bajar la inflación a través de elevadas tasas de interés, que repercuten negativamente y en mayor medida sobre las MiPyMEs y las personas. «