Sin respuestas del FMI, el gobierno rasca la olla para pagar la deuda hasta diciembre

La falta de recursos y el cierre de los mercados de crédito activaron la búsqueda de un plan alternativo. Hoy por hoy, el gobierno saca cuentas y rasca el fondo de la olla para llegar a fin de año, asumiendo que la prometida ayuda del Fondo Monetario Internacional se va a demorar más de lo previsto y que incluso puede no llegar jamás.

La relación con el organismo sigue empantanada y la carta que jugó Mauricio Macri para destrabarla no dio resultados. El presidente decidió asistir en persona a la reunión que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, iban a sostener en Nueva York con funcionarios del FMI. Pero a estos últimos, la sorpresiva presencia del jefe de Estado no los intimidó. Por eso mantuvieron la decisión de frenar por ahora el apoyo económico al país, tras los incumplimientos del acuerdo stand by.

«La situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja. El Fondo trabajará para una reanudación de la relación, que puede tener que esperar un tiempo», dijo David Lipton, número 2 del organismo. Lacunza sólo trajo de su viaje una foto con Kristalina Georgieva, la nueva directora gerente, y la promesa de más reuniones dentro de 15 días.

 Ante ese cuadro, en Hacienda gestionan el día a día. No saben si los U$S 5400 millones que el Fondo debería haber girado en septiembre llegarán después de las elecciones, a fin de año o no vendrán. Tampoco saben cómo seguirá la situación a partir del 10 de diciembre, cuando probablemente cambie la conducción política del país.

Para llegar a esa fecha, lo que hay en caja son U$S 12.802 millones de libre disponibilidad que tiene el Banco Central. Ese es el cálculo que difundió por las redes sociales el economista Amílcar Collante, quien descontó de las reservas internacionales del Banco Central (U$S 49.441 millones) las sumas inmovilizadas por el swap con China, el préstamo con el Banco de Pagos Internacionales, los encajes de los depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario y los U$S 7198 millones que el FMI exigió dejar en el Central para fortalecer su balance.

El total que efectivamente puede usar el BCRA es bastante menor a los U$S 18.341 millones de los que disponía al 9 de agosto, último día hábil antes de las PASO. Así y todo, duplica la necesidad de divisas hasta fin de año entre letras y bonos, que superan los U$S 11.300 millones, aunque de ellos sólo unos U$S 6500 millones se deben cubrir sí o sí en billetes verdes.

En dólares y en pesos

Para achicar esos compromisos fue clave el reperfilamiento (nombre mucho más elegante que default) de las letras de corto plazo que dispuso el gobierno. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esto permitió postergar hasta 2020 obligaciones por U$S 9306 millones. Aun así, hasta fin de año los vencimientos vigentes de Letes, Lecap y otros títulos similares insumirían U$S 5227 millones, de los cuales alrededor de la mitad está en moneda dura y el resto en pesos. También unos dos tercios de los U$S 6123 millones a pagar por los bonos soberanos (intereses de diversas series de Bonar, Bonte y Discount) deben ser abonados en billetes verdes, según declaró la Secretaría de Finanzas en su informe sobre deuda pública actualizado al 30 de junio.

¿Sería viable que el Central agote en tres meses la mitad de sus reservas netas? ¿Alcanzarían los pocos más de U$S 6000 millones remanentes para cubrir las demandas de divisas para importaciones, respaldar los depósitos y enfrentar la fuga de capitales que sólo en agosto se llevó U$S 5909 millones? ¿Se volverá a emitir pesos para los eventuales faltantes? En el gobierno creen que el camino es mantener el vínculo con el FMI y buscar algún modo de recuperar el acceso al crédito. 

«Para que el próximo gobierno, gane quien gane, pueda desplegar su programa sin la asfixia de vencimientos de deuda necesita reencontrarse con el mercado voluntario de deuda, lo cual implica una negociación voluntaria con los acreedores», dijo Lacunza en la convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Bariloche. Esa renegociación, está claro, dominará los primeros meses del próximo gobierno, más allá de su color político.