Reemplazaría a las Leliq. Con ese dinero, el Estado daría los préstamos que las entidades retacean a las Pymes para afrontar la crisis provocada por la pandemia.
La iniciativa apunta a rescatar buena parte de las Leliq, las letras de liquidez que el Central entrega a los bancos para retirar el exceso de dinero del mercado. Actualmente, las Leliq (creadas durante el macrismo para reemplazar otros títulos de parecidas condiciones, las Lebac) otorgan un interés del 38% anual. A cambio de ellas, el BCRA obligaría a los bancos a suscribir nuevos bonos del Tesoro con los que se financiaría el déficit del Estado, agudizado por las medidas tomadas para paliar el cese de actividades a partir de la cuarentena.
De este modo, el dinero que quedó liberado a partir de la reducción de encajes (alrededor de $ 350 mil millones), que el Central pretendía que fuera otorgado para asistir a las pequeñas y medianas empresas, sería absorbido para solventar el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que contempla aportes a las firmas afectadas para pagar sus sueldos; el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) a los trabajadores no registrados y monotributistas de las categorías más bajas; y otras líneas similares que dispuso el Ejecutivo.
En el equipo económico se entusiasman con esta nueva canilla de financiamiento, que podrían tener costos más acordes con los que el mercado le está cobrando a Hacienda (la última licitación de letras tuvo un costo de 31% anual) que la referencia de las Leliq. El ministro de Economía, Martín Guzmán, insiste en desarrollar un mercado en pesos, en previsión de que el crédito externo seguirá ausente con o sin default. “Necesitamos generar instrumentos de crédito y financiación en nuestra propia moneda si queremos garantizar un desarrollo federal sostenible e inclusivo”, les dijo la semana pasada a los gobernadores, en una reunión destinada a que las provincias reestructuren sus deudas en dólares.
Viejas facturas
La eventual puesta en marcha de estas medidas implica admitir el fracaso de los bancos en su principal misión: facilitar el crédito al sector privado. La crisis del coronavirus agudizó las críticas oficiales.
El primero que tomó la lanza fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. «El tema del financiamiento nos preocupa. Estamos en diálogo permanente con el sector bancario. Es un sector que tiene que hacer un esfuerzo más grande. Tienen la liquidez y la capacidad para prestar al sector Pyme”, dijo hace un par de semanas. Los bancos se excusaron bajo pretextos técnicos (por ejemplo, en las demoras oficiales en armar el sistema de garantías que respaldaría esos créditos). Lo cierto es que según cálculos del Banco Central, se otorgaron préstamos por poco más de $ 100 mil millones, menos de un tercio de lo que se esperaba.
Este lunes hubo otro episodio con el frustrado lanzamiento de los créditos a autónomos y monotributistas. A pesar de los anuncios, en las pantallas de homebanking no estuvieron disponibles las prometidas solicitudes online de esa ayuda (un monto variable de hasta $ 150 mil, a depositar en tres tandas en el saldo de la tarjeta de crédito y con devolución en 12 meses con seis de gracia). Desde las entidades financieras argumentaron que la AFIP no había informado el listado de potenciales beneficiarios. El organismo prometió tenerlos listos para el lunes que viene.
En las últimas horas hubo un nuevo pronunciamiento, esta vez de parte del Frente de Todos. “Nuestro gobierno se hizo cargo del 50% de salarios a su cuenta, la reducción de 95% de aportes patronales y la extensión hasta $10 mil pesos del seguro de desempleo, entre otras medidas. Así como el Estado y la ciudadanía asumieron su mayor compromiso con la comunidad, de los bancos todos esperamos un mayor involucramiento para facilitar soluciones. La crisis también transparenta qué papel elige jugar cada uno en la sociedad”, manifestó la coalición oficialista a través de las redes sociales.
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