Shock anti República

El jueves pasado debían elegirse las autoridades de la Cámara de Diputados para el siguiente período, procedimiento que suele ser de trámite ordinario. No obstante, los diputados y las diputadas de JxC decidieron no dar quórum para dicha sesión, intentando justificar su accionar en una decisión de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, sobre los representantes de Diputados al Consejo de la Magistratura. JxC buscó bloquear el funcionamiento institucional, lo cual no fue posible ya que, por reglamento, hasta que no se elijan nuevas autoridades, continúan en su cargo las preexistentes. No complacidos con ello, hicieron caer la siguiente sesión de ese día, en la que se trataban siete proyectos de creación de universidades nacionales en distintas localidades del país.

Más preocupante aún que lo relatado, es que este proceso se produjo en un contexto de desbordes verbales y gestos ofensivos por parte de varios miembros de JxC, configurando una situación de violencia política y queriendo generar un clima de abierta crisis institucional, el cual no existiría de no ser por la postura de ese espacio político. Peor todavía: los gritos misóginos dirigidos a la presidenta de la Cámara fueron de tal magnitud que motivaron a un grupo de diputadas de la bancada del FdT a rodearla en actitud de apoyo y protección.

Fue un verdadero shock anti República, ya que se trata de una oposición que, situándose en el interior de una institución de la democracia, dejó testimonio de sus prácticas antidemocráticas.

Estoy convencido: el hito más palpable de esta violencia política que va creciendo es el atentado a la vida de la Vicepresidenta de la Nación. Y más aún, el desconocimiento de la gravedad del hecho de gran parte de la oposición.

No se trata de situaciones aisladas. Es una práctica violenta en pleno despliegue, que intenta interrumpir la valorable cultura democrática consensuada tras la caída del terror de la dictadura en 1983. Lo reitero, las prácticas antidemocráticas ya no amenazan a la democracia desde afuera de sus instituciones: lo hacen desde adentro.

En este tema es imprescindible prestar atención al alegato final de Cristina Fernández de Kirchner frente al tribunal que lleva adelante la causa Vialidad: “Esto, más que un tribunal, es un verdadero pelotón de fusilamiento”. “Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia estaba escrita. Lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal escrita”, sostuvo y agregó que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron.

En el mismo sentido, aparecen diversas expresiones en los medios concentrados. Como ejemplo de ellas, hay una nota de opinión de Clarín tras el intento de asesinato: “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, en el que se equiparan la bala y el fallo, y por lo tanto se asocia el tribunal que la juzga con un batallón de fusilamiento.

La situación política es muy difícil. Lo ya relatado y el hecho de estar pendiente el fallo por el caso Vialidad configuran un escenario complejo y desafiante. De allí que hay que seguir bregando, informando y militando contra aquellos que respaldan el avasallamiento de la división de poderes, reforzando con tesón las instituciones de la democracia, entre ellas el Poder Ejecutivo, y fortaleciendo la unidad del Frente de Todos, que debería seguir ampliándose cada vez más, para evitar que en las próximas elecciones ganen los violentos, partidarios, además, del ajuste económico a rajatabla, sin importar sus costos sociales.

El cuidado de las múltiples variables

En cuanto a los precios, el Gobierno y los representantes de las principales empresas petroleras acordaron la incorporación de los combustibles a los Precios Justos, estableciéndose que la nafta y el gasoil no deberán subir más de 4% durante diciembre, enero y febrero y 3,8% en marzo. Estos valores, en sintonía con los aumentos máximos establecidos para los restantes precios del programa, apuntan a cumplir con la previsión inflacionaria contenida en el Presupuesto 2023 (del 60% anual, o 4% mensual).

Por su parte, el jueves se reunieron funcionarios de Economía con representantes de empresas de consumo masivo, supermercados y mayoristas para evaluar el funcionamiento de Precios Justos y reforzar el abastecimiento de los productos que forman parte del acuerdo. Allí el secretario de Comercio, Matías Tombolini, habló de la importancia de reforzar la señalética y de que las góndolas estén “a tope”, para que el programa gane credibilidad. Afirmó que los productos de precios fijos tienen que estar en todos lados y que “la rentabilidad se va a terminar dando por volumen”. Es una mirada que debiera trascender a mediano y largo plazo, ya que ganar por volumen va en consonancia con el aumento de la producción, del empleo y del consumo.

Un aspecto central para la efectividad de los Precios Justos es el del monitoreo y las penalidades, para evitar arribar a “acuerdos de caballeros” que luego los grandes formadores de precios no respetan, tal como ocurrió en el pasado.

Una noticia a destacar, que pasó desapercibida en los grandes medios, fue la puesta en marcha del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, una herramienta que le permitirá al Estado contar con información clave para avanzar con mayor eficacia en las distintas políticas de precios, así como en el monitoreo de las mismas. Presidido por el titular de la Secretaría de Comercio, el Observatorio estará integrado por representantes de distintos ministerios y por tres representantes de las asociaciones de usuarios y consumidores: ya se definió su reglamento interno y una agenda de trabajo.

Respecto al cuidado del sector externo, el Directorio del BID aprobó este miércoles un nuevo préstamo de U$S 500 millones para la Argentina, vinculado a objetivos de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático. Estos recursos ingresarán a principios de este mes y podrán ser contabilizados como Reservas de libre disponibilidad. Así el BCRA sigue reforzando el poder de fuego necesario para evitar la especulación y la generación de falsas expectativas en torno al valor del dólar, contribuyendo a la estrategia de ir desacelerando la inflación.

El lunes, en tanto, entró en vigor la segunda versión del Programa de Incremento Exportador, que cuenta con el compromiso del sector agroindustrial de liquidar no menos de U$S 3000 millones, un objetivo muy factible de superar. Según información de medios especializados, en las cinco primeras jornadas ya se liquidaron unos U$S 956 millones, aunque el Banco Central acumuló en dicho lapso un saldo neto positivo de casi U$S 457 millones. Quiere decir que una parte de los dólares que ingresan se está destinando a apoyar a los sectores productivos, para que éstos puedan acceder a los dólares necesarios para la compra de insumos y bienes de capital importados, y que la economía no frene su marcha.

Más allá de la fuerte arremetida política de medios y oposición en contra del Gobierno, este último sigue ordenando la economía y atendiendo las necesidades del sector productivo, como también de los sectores sociales más desprotegidos.