El ministro de Economía, Sergio Massa, debió alterar su adagio «de lunes a viernes, gestión; y sábado y domingo, campaña». Ayer, se mantuvo encerrado buena parte del día con sus colaboradores en el Palacio de Hacienda -y vía remota con los que están en Washington- en la búsqueda de variantes para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario.
Algunos indicios marcan que podría haber avances. Uno de ellos es que las medidas sobre el comercio exterior, que se iban a anunciar el viernes, podrían ser lanzadas hoy. Esas medidas, que implican una devaluación administrada, sólo tienen sentido en el marco de un acuerdo con el FMI que incluya la provisión de dólares para pagar los futuros vencimientos con el organismo.
En la posibilidad del acuerdo estaría pesando el hecho de que ambas partes habrían retrocedido de sus posiciones de máxima. En el caso de la Argentina, que el FMI le proporcione los dólares necesarios para cerrar el programa económico por el resto del año. Por el lado del FMI, que para aprobar la quinta revisión del acuerdo vigente, la Argentina se comprometa a una devaluación en regla y sostenga el compromiso de un déficit del 1,9% del PIB a fin de año, lo que implica un ajuste profundo ante la caída de la recaudación.
La delegación en Washington, que encabeza el viceministro Gabriel Rubinstein, enfatiza que el pedido de los negociadores del FMI, con Luis Cubeddu a la cabeza, no comprende la magnitud del impacto de la sequía. Con los números en la mano, buscan demostrar que la falta de dólares para alimentar las reservas del Banco Central, y de pesos para lograr un resultado fiscal más acorde a lo que se firmó en abril (con la aprobación de la cuarta revisión del acuerdo), hacen imposible el cumplimiento a partir del segundo trimestre en adelante. «Hasta el primer trimestre, los números son unos; después, son otros totalmente distintos», aseguró a Tiempo una fuente con conocimiento del diálogo con el Fondo.
Es decir, se estaría ante la posibilidad de un acuerdo de compromiso entre la Argentina y el FMI por el cual el Palacio de Hacienda recibiría alrededor de U$S 4000 millones, la mitad de lo que pretendía, y suficiente como para pagar los vencimientos con el mismo organismo de julio (U$S 2700 millones) y agosto (U$S 609 millones).
Para hacer eso, el FMI debería emitir perdones («waivers», en la jerga financiera) por los diversos incumplimientos de Argentina en el primer trimestre y en la perspectiva del segundo trimestre. El argumento sería, de nuevo, la sequía. Pero esos perdones irían acompañados de compromisos de Argentina para reforzar sus reservas y su resultado fiscal, como reclamó el FMI en su tuit del miércoles pasado.
Las medidas
Allí es donde entran en juego las medidas que podrían ser anunciadas hoy. Básicamente, apuntan a mejorar la recaudación e incrementar las reservas.
-Se ampliaría el universo de las importaciones de bienes a los que se les aplicaría el impuesto PAIS, con lo que se encarecerán en pesos. También se incluiría la compra de servicios en el exterior. Esto último podría impactar en los bolsillo de los consumidores que contratan a las plataformas de streaming y de las empresas que adquieren espacio en servidores (hosteo) en el exterior, muy común en las páginas web.
-El universo de los bienes importados no alcanzados por el gravamen quedaría restringido a los de la cadena alimenticia y energética y algún otro sector considerado estratégico.
-Las empresas que usen sus dólares para importar no pagarán el gravamen, más allá del rubro en el que operen.
-Se lanzará una cuarta edición del dólar agro, en este caso apuntando al maíz, el girasol y el sorgo y las economías regionales (arroz, maní, tabaco, azúcar, frutas, etc). La tercera edición de este dólar diferencial está vigente hasta el 31 de agosto en un valor de $ 300 por unidad. Ahora sería reemplazado por otro nivel, ubicado en torno de los 350 pesos.
-Esta decisión apunta a que los productores vendan sus granos retenidos en silobolsas y acopios varios. Cada venta implica un ingreso para el fisco vía retenciones.
-El viernes, Economía lanzó un adelanto del impuesto a las ganancias obligatorio para un grupo reducido de grandes empresas. Esta decisión ya generó un fuerte rechazo de las empresas agrupadas en la Asociación Empresaria Argentina (ver aparte).
Todo el paquete podría significar un ingreso de unos $ 200.000 millones, equivalentes a un 0,25% del Producto Interno Bruto (PIB, la riqueza creada por el país en un año) y unos U$S 3000 millones. ¿Con eso alcanza? Claramente, no, pero ayuda al ministro a avanzar unos casilleros en el calendario electoral, algo fundamental en su rol de cuasi candidato presidencial del oficialismo.
Los costos
Las medidas pergeñadas por Massa y su equipo para lograr cerrar la quinta revisión del acuerdo tienen costos, especialmente en los precios y la inflación.
La magnitud del impacto estará vinculado con la amplitud del universo de productos a los que les llegará el impuesto a las importaciones. Como es costumbre empresarial en este país, el nuevo valor del dólar será trasladado a los precios al consumidor incluso con creces. El punto es que esta decisión podría provocar una espiral ascendente de los precios ya que la producción local podría aprovechar los nuevos valores de los importados, incrementados por el impuesto PAIS, para emparejar hacia arriba.
El mismo efecto sucedería con la aplicación de un valor diferencial del dólar para el precio del maíz. Se volvería más caro para todos los que lo emplean como insumo. Este problema se presentó en las tres ediciones anteriores del «dólar soja». En ese caso, el impacto fue menor porque la soja es materia prima de alimentos para ganado y tiene un alcance mucho menor para el consumo humano. En cambio, el maíz es un insumo esencial en muchos alimentos y bebidas, además de ser empleado en la alimentación animal en un espectro más amplio que la soja.
La actividad
La inflación es un problema en la medida que genera desilusión y bronca en los asalariados y jubilados, cuyos ingresos no tienen actualizaciones al ritmo de la carestía. Pero para el gobierno, empeñado en un ajuste de las cuentas públicas (el déficit del primer semestre se redujo a pesar de los menores ingresos), la inflación es una gran colaboradora.
En cambio, tiene un efecto contractivo del consumo, tanto de bienes durables (autos, electrodomésticos, etc) como de consumo masivo. La ecuación no cierra si comienza a ralentizar la producción, algo que se observó en mayo, cuando la actividad se redujo un 5,5% respecto al mismo mes del año pasado y acumuló dos meses seguidos de caídas interanuales. Los anabólicos económicos que el gobierno inyecta en la economía, como los créditos baratos y la reducción de impuestos, muestran así su límite para empujar la economía.
José Ignacio de Mendiguren
El objetivo del gobierno ante el FMI es que la «salida de esta situación compleja no sea enfriando la economía, sino calentando la inversión», sostuvo ayer el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren.
En declaraciones a la radio AM 990, Mendiguren consideró que «esta deuda con el FMI contraída por el anterior gobierno realmente desequilibra cualquier proyecto», no obstante, enfatizó que «la deuda pendiente importante» de la actual gestión «es mantener el poder adquisitivo del salario».
«Cada vez que se enfrió la economía en Argentina, creció la desocupación, cayó el nivel de actividad y, por ende, la recaudación», advirtió.
Aseguró que las negociaciones con el FMI «son tensas», y explicó: «Estamos defendiendo un modelo que no implique bajar los sueldos ni reforma laboral».
AEA se opone
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a los principales empresarios del país, emitió ayer un comunicado en el que rechazó la decisión del gobierno nacional, instrumentada a través de la Afip, que obliga a un grupo de compañías a pagar un anticipo del impuesto a las ganancias.
Bajo el título «Otra señal negativa», la entidad señaló que «Nuestro país necesita con urgencia que se adopten medidas para reducir la muy alta presión tributaria sobre el sector formal de la economía. Lamentablemente, la Resolución 5391/23 de la Afip mediante la cual se dispone que un conjunto de empresas deban pagar un anticipo del Impuesto a las Ganancias, va en la dirección contraria».
La institución presidida por Jaime Campos enfatizó: «En efecto, esta decisión vuelve a incrementar la carga tributaria, ya que las empresas se verán obligadas a abonar un nuevo anticipo, con el agravante de que este tributo se pagará por ganancias no realizadas».