Se consolida la red de contención política para un acuerdo con el Fondo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, prepara un nuevo viaje a Estados Unidos para avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todavía no está definida la fecha, aunque podría ser a fin de mes.

La novedad fue ratificada por el propio Guzmán durante una entrevista. «Habrá un viaje, ya veremos cuándo. Mientras tanto, las conversaciones se están desarrollando por videoconferencia», dijo. En la ocasión también reiteró que «tener un acuerdo con el FMI para mayo sería aceptable».

En Washington, el ministro también espera contactarse con el equipo económico que secunda a Joe Biden. Una reunión tiene que ver con la otra: el peso de Estados Unidos en el Fondo es decisivo a la hora de refinanciar una deuda como la que Argentina tiene con la entidad, de U$S 44 mil millones.

Aunque recién asumió, la gestión demócrata conoce muy bien la situación. Uno de los principales asesores de Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro, es nada menos que David Lipton, ex subdirector gerente del FMI hasta hace un año. Desde ese puesto, Lipton negoció con Dujovne, Caputo, Sturzenegger, Sandleris y demás funcionarios macristas tanto el préstamo stand by de 2018 que dio origen a semejante deuda como las fallidas modificaciones en pos de mantenerlo vigente.

La rosca

El tour tendrá tantos ingredientes técnicos como políticos. Se trata de la rosca necesaria para que el nuevo programa pase sin escollos el trámite de aprobación formal por parte del directorio del FMI. El tema es crucial para el gobierno y por eso el presidente Alberto Fernández incluyó la cuestión en sus videoconferencias con Vladimir Putin, Angela Merkel y Emmanuel Macron. Los tres líderes europeos dieron su respaldo a la posición argentina con relación a un nuevo programa.

Desde el punto de vista técnico, las dos partes coinciden en apuntar a un acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) a 10 años de plazo, con desembolsos parciales calzados de manera coincidente con los vencimientos que debe afrontar Argentina por el stand by caído y que comienzan en 2021. El nuevo préstamo debería ser devuelto a partir de los cuatro años y medio, tal como estipulan los reglamentos del organismo.

«Estamos trabajando duro para lograr un acuerdo de facilidades extendidas. Las conversaciones continúan», confirmó Gerry Rice, vocero del Fondo, en su habitual conferencia de prensa quincenal del jueves último. También dijo que «estamos haciendo todo lo posible para cumplir con los plazos del ministro» y que una misión técnica del organismo tendrá nuevas reuniones con las autoridades argentinas, aunque no está resuelto si sus integrantes viajarán al país o los encuentros serán virtuales.

No toquen las reservas

Ese rumbo de la negociación satisface la estrategia del gobierno de despejar el camino hasta después de que Alberto Fernández termine su mandato. Los primeros vencimientos fuertes de capital serían en 2024 (los bonos reestructurados) y 2025 (FMI). Para esa fecha, Guzmán espera que las condiciones macroeconómicas hayan mejorado y que el monto para esos pagos pueda surgir de nuevas emisiones de deuda en los mercados internacionales, que por ahora no prestan dinero a la Argentina. Si lo logra, las reservas del Banco Central no se verían afectadas.

Pero antes de llegar a eso, el Fondo tiene muchas preguntas para realizar. Además de los interrogantes sobre el déficit fiscal y la emisión monetaria, hubo otro que en los últimos días ganó volumen: ¿se cumplirá la meta de inflación del 29% para este año, teniendo en cuenta las malas previsiones para enero (arriba de 3,5%) y que las consultoras privadas manejan proyecciones anuales muy superiores a la oficial?

En el Palacio de Hacienda insisten en que pueden lograrlo. La receta, insisten, será opuesta a los principios de austeridad fiscal y contracción monetaria que propuso el macrismo. Por eso Guzmán torpedea de manera sistemática esa política e insiste en que era «de baja calidad». En cambio, enarbola la necesidad de «un programa que respete la necesidad de la Argentina de recuperar la actividad y el empleo». Eso es lo que el ministro, en persona, quiere decir en Washington.   «

Impuesto a las grandes fortunas

Los $ 300 mil millones que el gobierno espera recaudar con el impuesto a las grandes fortunas ingresarían a las cajas del Estado en dos meses. La Afip fijó el 30 de marzo como fecha límite para cumplir con ese tributo. Mediante una resolución firmada por la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, se establecieron detalles técnicos para cumplir con la Ley 27.605, sancionada a fines del año pasado, y del decreto reglamentario 42/21.

La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas superiores a $ 200 millones de pesos. La alícuota se eleva hasta 3,5% para los de más de $ 3000 millones.

Entre otras cuestiones, el organismo estableció un mecanismo a fin de detectar supuestos de variaciones patrimoniales ocurridas durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la ley, que hicieran presumir operaciones que configuren un ardid evasivo o destinado a eludir el pago del aporte.

La Afip también estipuló que podrá emplear la figura del «responsable sustituto» en algunos casos.