El gobierno nacional arribó a un acuerdo con los principales grupos de acreedores con bonos bajo legislación extranjera, un avance sumamente importante. A su vez, pocas horas después del anuncio, el Parlamento sancionaba la ley que le otorga igual trato a los tenedores de títulos en moneda extranjera bajo legislación local.
Con el acuerdo se empieza a despejar una restricción financiera concreta que tiene el país en la actual coyuntura, que es cuando más recursos se necesitan. Además ayuda a pensar en la recuperación pospandemia, principalmente la del Covid-19, pero también la que generó el anterior gobierno.
Desde lo simbólico el arreglo no es menor: fue una negociación en la que, como en todas, ambas partes terminaron adecuando sus pretensiones originales, que de eso se trata una negociación. No obstante, el saldo es altamente favorable para el país y se terminó reforzando la soberanía. Fue lo contrario al “arreglar como sea” que pedían muchos analistas y empresarios.
La reestructuración consiste, esencialmente, en una fuerte reducción de la tasa de interés, complementada con un importante corrimiento de plazos. Los rendimientos pasarán de ser de alrededor del 7% anual promedio de la deuda heredada, a una tasa anual cercana al 3%. De esta forma, se genera un alivio financiero para el país de US$ 42.500 millones de aquí a 2024.
Otro tema a tener muy en cuenta es la evolución de los pagos a lo largo del tiempo, ya que no es lo mismo tomar un crédito y pagarlo a varios años vista, que juntar todos los vencimientos en los primeros períodos. Hasta el
momento, la Argentina tenía una gran concentración de deuda con los privados en el corto plazo, y lo que ha logrado es la modificación del flujo de pagos (por la comentada vía de una menor tasa y por los corrimientos). A partir de ahora, los pagos serán nulos en 2020, y prácticamente insignificantes en 2021 y 2022, y luego comienzan paulatinamente a aumentar.
En una nota publicada en La Nación se afirma: “el acuerdo del que se ufanan Fernández y Guzmán está pensado para aliviar la situación fiscal de la actual administración y la que sigue. A quien le toque asumir la presidencia en 2027 le espera, otra vez, una pesadilla. Como los dirigentes del Gobierno especulan con que a partir de 2023 seguirán en el poder, lo que el arreglo de la deuda garantiza no es la sustentabilidad financiera de la Argentina. Es la sustentabilidad financiera del kirchnerismo”. Para empezar, está reconociendo que este arreglo garantiza la sostenibilidad y entrega oxígeno por siete años, lo cual no es un hecho menor. En cuanto al argumento de fondo, posee un fuerte componente político: ¿habrán considerado lo mismo cuando el gobierno de Mauricio Macri acordó con el FMI y recibió US$ 44.000 millones a devolver en tan sólo cinco años? ¿No fue en aquel caso un acuerdo para ganar oxígeno para una reelección o, en su defecto, para condicionar a un gobierno de distinto signo? Una deuda que incluso el FMI veía con difícil recupero: “la deuda es sustentable pero con una muy baja probabilidad”, mencionaron repetidamente.
Respecto de lo que ocurra con los flujos al final de la década, ¿por qué no pensar que si con el canje de la deuda se logra poner de pie a la economía, el peso de la deuda será mucho menor? Esto en definitiva es hacer sostenible a la deuda, lo que se busca desde un primer momento. Se trata de liberar recursos para incrementar la actividad económica y los ingresos fiscales, y desde ahí poder pagarla, o refinanciarla a tasas aceptables, sin que la carga pese en el conjunto de la sociedad. Por eso no hay que subestimar el corrimiento de los pagos de capital. Nunca hay que perder de vista que “los muertos no pagan sus deudas”, tal como lo señaló Néstor Kirchner.
Respecto de la negociación con el FMI, con el que no hay programa vigente, el actual cronograma de vencimientos es literalmente inabordable para el país. Si esa deuda se distribuyera, por ejemplo, en más de 10 años y con un período de gracia importante, se podría generar un sendero
completamente distinto. Son temas que habrá que comenzar a tratar con el organismo. Hay que tener en cuenta que a la cuestión de la reestructuración de los plazos (y, por qué no, de la tasa) se suman las condicionalidades, un componente que obviamente no estuvo en el caso de los bonistas. Será una pulseada dura teniendo en cuenta el historial del FMI, que en su libreto contiene pedidos de reformas estructurales y de ajuste fiscal y monetario. Y la firme posición del gobierno, de que cualquier acuerdo con el organismo financiero internacional no puede llevar a generar ajuste alguno, ni a que el país pierda el control sobre su economía.
Cabe recordar que cuando Argentina se desendeudó con el FMI en enero de 2006, las condiciones externas eran alentadoras para la región y el país, en concreto por la suba de los precios de las materias primas y por la evolución del comercio mundial. Pero también porque la deuda con el organismo era de casi US$ 10.000 millones, menos de la cuarta parte de la actual. La hipoteca que dejó el anterior gobierno se observa en toda su dimensión. Hoy la realidad es muy distinta, a tal punto que la Cepal acaba de indicar que el intercambio comercial de la región caerá un 23% este año, con las exportaciones mostrando el peor desempeño en ochenta años.
El contexto actual es otro, en el sentido de que hay problemas compartidos. Para los próximos años, producto de la pandemia, se avizora una gran necesidad de recursos en los países pobres y en desarrollo y seguramente también se trate de evitar una posible crisis de la deuda. Son aspectos que también habrá que contemplar de cara a las próximas negociaciones.
El acuerdo con los bonistas, en la forma en que se dio, tiene un profundo simbolismo. Se llegó al acuerdo con los acreedores cuando hace una semana se hablaba de la inflexibilidad de un ministro que no quería arreglar “como sea”. Se pudo negociar con firmeza con fondos de inversión que manejan más recursos que los que representan las principales economías europeas. En este marco, es preciso y posible seguir recuperando la soberanía en la toma de decisiones y de esta forma avanzar hacia el país que queremos. Se trata de ampliar el margen de acción y trascender los impactos de las dos pandemias, la que generó el modelo neoliberal y la sanitaria. Hay motivos para ilusionarnos.
En el anuncio de una inversión de $ 22.645 millones para la ejecución de obras en varias provincias, algunas de ellas paralizadas entre el 2016 y 2019, el presidente Alberto Fernández afirmó que “gracias al acuerdo con los acreedores ganamos autonomía y capacidad de decidir para poder avanzar con estas obras tan importantes en todo el país” y subrayó: “nos hemos sacado una mochila muy pesada que alguien irresponsablemente cargó en las espaldas de todos los argentinos”.
Si bien la coyuntura apremia en Argentina y en todas partes, éste es un momento que tenemos que visualizar plenamente, por las posibilidades que se abren. Hemos dado un paso sustancial para alivianar significativamente la mochila de la deuda (en especial en los próximos siete años), y se mejoran las posibilidades (en la medida que se dejen atrás los efectos del Covid-19) para llevar adelante políticas públicas que permitan volver a crecer con inclusión, a generar empleo, y atendiendo las enormes necesidades que están pendientes de resolver. Todo esto va a demandar de muchos recursos y de muy buena gestión. Los objetivos están más que claros.
