El dato surge de un estudio reciente que analiza en profundidad la realidad de un sector muy castigado.
El dato se desprende del 6° Informe sobre Empresas Recuperadas realizado por el equipo del Programa Facultad Abierta, que funciona en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
El informe realiza una exhaustiva radiografía del sector de las empresas recuperadas a partir de los datos del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas y de encuestas a 80 firmas.
No sólo el ingreso de los cooperativistas es un problema. Otro síntoma de la depresión del sector se observa en el uso de la capacidad instalada: a principios de este año, el 38% de las recuperadas empleaba menos del 30% de su capacidad instalada y cerca de un 20% trabajaba por debajo del 20 por ciento.
Estas son sólo dos de las diez plagas que deben resistir las recuperadas desde la asunción de Cambiemos.
El informe recorre otras calamidades, como el cierre de firmas ya que, si bien se recuperaron 37 empresas con 1240 trabajadores, sólo existen 17 más que en 2015, lo que se explica por el cierre de otras veinte.
Respecto de los puestos de trabajo, a fines de 2015 las recuperadas eran 367 y contaban con 16 mil trabajadores. En la actualidad suman 384 que contabilizan 15.525 personas.
Las recuperadas también sufren tanto la represión policial como las artimañas legales de los exdueños que buscan desalojarlos, en algunos casos por el retroceso en las leyes de expropiación.
Las afecta el recorte de subsidios: el cierre de la Línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado tuvo como remplazo compulsivo al Salario Social Complementario, que es individual y prevé una evaluación del «nivel de pobreza» del destinatario, lo cual deriva en pérdida de ingresos.
La crisis golpea con más fuerza a los más débiles. Así, 19 recuperadas están paradas por su incapacidad para afrontar los costos de la producción, debido a la ausencia de mercado para sus productos o por cortes de electricidad o gas.
La megadevaluación del peso con respecto al dólar acrecentó la crisis y produjo más dificultades, junto con la recesión con inflación y apertura de importaciones.
Según el informe, el gran culpable de la brutal depresión en los ingresos de los trabajadores autogestionados es el tarifazo. «Llega a todos los sectores con gravísimos efectos, porque carga a las cooperativas de deudas e incertidumbre y sube exponencialmente los costos de producción», indica. Funciona, además, como un «lastre sobre los ingresos de los trabajadores, que no sólo están lejos de alcanzar a la inflación, sino que en muchos casos ni siquiera logran igualar los montos nominales de hace dos años», agrega.
Esta situación sucede «incluso en grandes fábricas como Textiles Pigüé, la ex Gatic del sur de la provincia de Buenos Aires, a la que le facturaron más de medio millón de pesos de electricidad en mayo, continuando la tendencia en los meses siguientes. Esa tarifa era poco más de $ 100 mil a principios de 2016, a lo que hay que sumar un monto de $ 400 mil de gas en septiembre», indica el informe. Si se divide el monto de la electricidad por la cantidad de trabajadores, «el impacto de la tarifa de luz equivale al 40% del salario promedio de los obreros de la fábrica». Si a esto se le suma el gas, «llega a un 70% del retiro de cada trabajador».
La tormenta perfecta se completa con la caída del consumo. «Ha descendido por la baja de la producción, afectada por la caída de la demanda y las importaciones en un sector de la industria en crisis». La fábrica, en este contexto, «debería doblar su facturación para poder afrontar los costos energéticos sin afectar los ingresos de sus trabajadores».
El tarifazo también destruye los proyectos a futuro: «Ampliaciones, inversiones, desarrollo de nuevos productos o servicios se vuelven inviables en este contexto», concluye. «
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