Reclamo para que los bancos sean un servicio público

El ministro de Producción, Matías Kulfas, aseguró el jueves pasado que el Banco Central “va a ser mucho más duro respecto a las exigencias” con los bancos privados que, para el gobierno, retacean los créditos al 24% de interés que la autoridad monetaria dispuso para tratar de sostener el entramado productivo y auxiliar en el pago de los salarios. Un día después ingresó al Congreso un proyecto de ley elaborado por el presidente de Apyme, Eduardo Fernández, en el que propone que el BCRA publique informes sobre elefectivo otorgamiento de créditos.

Fernández explicó a Tiempo que “la información disponible deja mucho que desear, por ejemplo, no dice la cantidad de créditos otorgados”. Agregó que “la cantidad de créditos es baja. Son 480 mil las pymes bancarizadas. Estimamos que cerca de 250 mil deben haber pedido crédito”.

El proyecto, además, solicita que el BCRA dé a conocer el número de cheques rechazados. Fernández explicó que el pedido apunta a “desnudar la lentitud del sistema financiero que, está claro, no ha acompañado una medida muy efectiva del gobierno”.

Desde el sector bancario, sin embargo, desestiman las denuncias. ADEBA, la cámara que agrupa a las entidades privadas nacionales, asegura haber otorgado créditos por un monto de más de $ 32 mil millones y que el número de unidades productivas asistidas “supera las 19.300”.

En tanto, el BCRA informó que el monto total de los créditos ya desembolsados llegó a $ 75.968 millones que, a su vez, son respaldados por el BICE a través del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) cuyos avales alcanzaron los $91.920 millones.

Para Fernández, “la banca pública y cooperativa viene respondiendo bien, pero tenemos muchas denunciasde empresarios a los que no les han dado el crédito”.

Debate de fondo

Ante el panorama económico sombrío que se abre, Fernández consideró que, de no mediar un cambio de actitud, el gobierno se verá obligado a eludir el sistema financiero y “asistir directamente a las pymes con subsidios”. Con todo, sostuvo que “hay herramientas para seguir obligando a los bancos que tienen una enorme capacidad prestable”. Es que, opinó, “ellos, lógicamente, privilegian sus negocios”. Por ese motivo, el dirigente instaló un debate de fondo: “El día después de la cuarentena vamos a tener que decidir entre un sistema financiero solidario y el actual”.

La discusión también se había puesto sobre la mesa semanas atrás cuando, por responsabilidad compartida entre las entidades financieras y el gobierno, centenares de miles de jubiladosfueron expuestos a largas colas para percibir sus haberes en medio de la pandemia. En ese momento, el sindicato Asociación Bancaria cuestionó la legislación vigente en materia de regulación sectorial. Su secretario de Prensa, Eduardo Berrozpe, en una entrevista con la agencia Télam poco antes de ese día caótico, adelantó que “el sistema financiero no está preparado porque no tiene el carácter de servicio público que debiera tener, a pesar de nuestros históricos reclamos desde que Martínez de Hoz desreguló el sistema e impuso meramente una visión comercial”.

Una vez que el desastre se puso de manifiesto en la calle, Berrozpe insistió por la red social Twitter: “La pública situación de los Jubilados, el maltrato a las pymes y el evidente chantaje del poder financiero que sufrimos lo reclama: el sistema financiero debe ser urgente declarado servicio público”. Para el dirigente, además que sea “esencial no alcanza, deja demasiado al arbitrio de la voracidad financiera”.

Berrozpe apuntó también a una modificación realizada en un proyecto de ley de modificación de la actual norma que regula a las entidades financieras. En ese proyecto, originado por Carlos Heller, se pasó de la propuesta de considerar a la banca como servicio público a “de interés público”. La diferencia no es menor puesto que la nueva formulación le da un carácter de pronunciamiento, restándole al Estado herramientas de control más eficaces que son las que rigen, por ejemplo, en otros sectores claves como el suministro de electricidad o de gas. Fernández, de Apyme, coincidió con Berrozpe: “Concibo el crédito como un servicio público. Debe quedar fehacientemente demostrado que ese no ha sido el criterio que prima”. Además, opinó que “el sistema financiero mundial tiene hoy la oportunidad de rever las leyes vigentes”.

Pero, además de la orientación al crédito productivo y la bancarización deficiente de la población, la crisis está poniendo de relieve otra debilidad del sistema financiero: impedir la fuga de capitales. Entre los especialistas existe la idea de avanzar en ese sentido aunque se presenta un espinel de variantes que van desde la mencionada propuesta de declararlo de interés público hasta la más extrema que promulga la nacionalización integral de la banca.

Para Estanislao Malic, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), en rigor, se trata de “un sector muy fácil de regular porque responden rápidamente a las circulares del BCRA. Además hay un gran participación estatal que permite inducir a los privados”. Por eso, ironizó, “no es necesario proponer la reforma agraria”. Es que para el economista, “con la Carta Orgánica del Banco Central y la legislación vigente se puede hacer todo lo que se necesita. Sólo hay que animarse”. Para empezar, explicó, “el sistema financiero tiene que absorber el riesgo del crédito y el sistema público el de las tasas” y, recordó  “el Banco Central fue la piedra angular de la política económica del peronismo. Sacó una ley de nacionalización de los depósitos que, en concreto, implica llevar los encajes al 100 por ciento”. De ese modo, explicó, “el banco es un captador de depósitos que recibe créditos  que el Central fondea con redescuentos”. Además, propuso “otra herramienta que no es tan agresiva son los swaps de tasas”.

Pablo Heller, economista del FIT-PO, señaló que “hay que nacionalizar todo el sistema bancario. Eso es lo único que permitiría direccionar el crédito en función de un interés popular y, a la vez, impedir la fuga de capitales que se aceleró en el último período y se refleja en el dólar Contado Con Liquidación (CCL) que ya ronda los 110 pesos».

Sobre el problema de la fuga, Malic opinió que “es estructural a cualquier país periférico”. Pero, insistió, “tenemos un BCRA muy pasivo”. Es que “los controles de cambio y las restricciones funcionan pero necesitamos que opere más en el mercado paralelo, por ejemplo, interviniendo en el CCL. Se podría invertir el ‘parking’ y ponerlo a la compra de dólares”, concluyó.

Berrozpe, para reforzar su propuesta, citó en Twitter a Arturo Jauretche: “El que maneja el crédito y lo orienta maneja la economía del país con mucha más eficacia que el gobierno con todos sus instrumentos”.

Bancos siempre ganan

Según el Informe sobre Bancos del BCRA, el sistema financiero obtuvo un resultado neto en pesos durante 2019 equivalente a un 72,5% del patrimonio neto. En 2018 la relación alcanzó el 65,2 por ciento. De allí surge que las ganancias se ubicaron 35,9 puntos por encima de la inflación del período, generando una tasa de ganancia del 12% en cada uno de esos dos años. El resultado contrasta con los retrocesos de la actividad económica, del 2,2% del PBI en 2019 y del 2,5% en 2018.

Las ganancias extraordinarias son el resultado de las altas tasas de interés de las Leliq por la política monetaria y cambiaria promovida por el BCRA.

Visto en perspectiva, el promedio de la tasa de ganancia que surge de esa relación a precios constantes (tomando fuentes diversas del IPC) se ubicó algo por encima del 3%, con picos del 17% en 2013, del 12% en 2015, 2018 y 2019 y una caída abrupta del 19% en 2017.