Cuáles fueron los sectores más castigados por el ajuste y cuáles son las dudas a futuro. ¿Hay orden macroeconómico?
En términos generales, el Gobierno de Milei aplicó un muy fuerte ajuste ortodoxo para ordenar algunas variables macroeconómicas con un costo social muy elevado. La suba del tipo de cambio, de 118%, conjuntamente con la desregulación de vastos sectores de la economía y el incremento significativo de las tarifas de servicios públicos (luz, agua, gas, transporte), tuvieron un sensible impacto en precios (la inflación alcanzó 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero) que, sin ningún tipo de compensación de ingresos ni acuerdo de precios, implicó una reducción sensible de los ingresos en términos reales.
Por su parte, las principales variables macro parecen haber mejorado. Sin embargo, presentan «pies de barro» en su evolución. Así entonces, las dudas se vinculan con el nivel de apreciación cambiario, los dólares acumulados, el impacto en materia económica sobre sectores industriales, entre otras cuestiones.
A continuación, se realiza una descripción de 10 puntos ilustrativos de lo que sucedió en los últimos 12 meses y algunas perspectivas futuras al respecto:
El impacto de la devaluación, sumado al ajuste regresivo del gasto estatal, generó una fuerte contracción de la economía. En abril, llegó a su piso con 4,4% por debajo de noviembre 2023. Luego, un rebote, con meses de leves recuperaciones intercalados con otros de leves caídas. Para Milei, «la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer», y que «los desestacionalizados hace 6 meses que vienen, sistemáticamente, creciendo».
La devaluación inicial del 12 de diciembre fue acompañada de la desregulación de los precios de la economía: naftas, prepagas, alimentos, medicamentos. Estas medidas aceleraron significativamente la inflación: 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero. Luego del fogonazo, entre mayo y agosto, la inflación se estancó en torno a 4%, piso que logró romperse en septiembre (3,5%) y octubre (2,7%).
La caída de la actividad económica también afectó la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se perdieron más de 261 mil puestos: de 9.857.173 a 9.596.156, según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
La política previsional adoptada, desde diciembre 2023, tuvo distintos aspectos, todos con carácter regresivo. Al atar las jubilaciones al IPC, éstas no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperarse de todo lo perdido.
En ese marco y con la ley vetada, el Gobierno de Milei utilizó el bono extraordinario como variable de ajuste. Desde marzo, se encuentra congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y diciembre 93,1%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 61,2%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en diciembre de $135.140; casi el doble del actual.
A este ajuste en los haberes, se suma la eliminación de los medicamentos gratis en diciembre de 2024 a aquellos afiliados del PAMI que cobren más de un haber mínimo; es decir, $390.000.
El DNU 70/2023 de Milei profundiza desigualdades preexistentes en la sociedad, quitando las vallas de contención básicas que buscaban –incluso con deficiencias– equiparar situaciones dispares. Las medidas se presentan como desregulación, pero en realidad implican regular a favor de sectores concentrados, en detrimento de las grandes mayorías.
El objetivo del RIGI es fomentar el ingreso de proyectos con un mínimo de USD 200 millones de capital, con amplios beneficios tributarios y cambiarios y estabilidad fiscal por 30 años. A su vez, implica una cesión de soberanía a la hora de controversias ya que habilita su resolución en el CIADI. Los sectores alcanzados son forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
El Gobierno de Milei logró alcanzar superávit fiscal durante buena parte del año a costa de un nivel mucho más bajo de gasto, que más que compensó la caída de recaudación. Pero el superávit oculta «debajo de la alfombra» los intereses que capitalizan tanto las LEFI como las LECAPs, que emitió el Tesoro desde la asunción de Milei para desarmar los pasivos remunerados del BCRA y «limpiar su hoja de balance».
De acuerdo a las estimaciones de la Consultora 1816, a octubre de 2024, los intereses capitalizados por las LECAP, las BONCAP y las LEFI acumulan 10,4 billones de pesos. Este guarismo resulta muy superior al superávit financiero alcanzado por el Gobierno ($3 billones) e incluso mayor al superávit fiscal ($10,3 billones).
Los recortes del gasto público recayeron sobre los sectores más vulnerables y medios. Encabezaron el recorte las partidas de jubilaciones y pensiones, que soportaron 24,2% del ajuste, seguido por la obra pública, con 23,6%. Las prestaciones sociales aportaron 12,8%, los subsidios 12,7%, y los salarios y otros gastos del Estado 12,6%. Las transferencias a provincias y el gasto en universidades representaron 7,8% y 2,5% respectivamente.
El valor del tipo de cambio real multilateral se apreció en lo que va del año para llegar a los niveles de noviembre de 2023, previo al salto cambiario de 118% que impulsó el Gobierno de Milei apenas asumió. Este proceso se debe al férreo control sobre el tipo de cambio establecido por el BCRA, un crawling peg de 2% mensual (con una inflación en pesos siempre superior).
Este esquema (sostenido con deuda pública, blanqueos y balanza energética) implica, en el mejor de los casos, una inyección de dólares que, tarde o temprano, derivarán una salida más significativa de divisas.
En diciembre de 2023, el Banco Central inauguró una política monetaria centrada en tres ejes. Por un lado, dejó de renovar las LELIQs (instrumentos a 28 días) y disminuyó drásticamente la tasa de interés de los pases (a 1 día), licuando los depósitos en el contexto de aceleración inflacionaria. En segundo lugar, fomentó la migración de pasivos del BCRA al Tesoro ofreciendo éste tasas más atractivas que la tasa de pases. Finalmente, dejó también de renovar los pases, reemplazándolos por las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) emitidas por el Tesoro (que se hace cargo del pago de intereses) pero en manos del BCRA, como instrumento para los bancos comerciales.
El BCRA presentó un nuevo esquema de política monetaria que fija un límite máximo a la cantidad de dinero: $47,7 billones. La expectativa del Gobierno es que en el mediano plazo (2026 según las estimaciones del BCRA), la base monetaria alcance ese límite, por una expansión de la demanda de dinero.
El perfil de vencimientos en moneda extranjera que debe afrontar Argentina en los próximos años es uno de los mayores desafíos de la economía de nuestro país. En 2025, por ejemplo, excluyendo las Letras Intransferibles que el BCRA tiene en su poder, el Tesoro debe afrontar el pago de USD 17.000 millones: 8.900 millones corresponden a bonistas privados (Bonares y Globales), 3.000 al FMI en concepto de intereses y 5.100 millones a otros organismos de crédito. Hacia 2028, el total de vencimientos entre capital e intereses asciende a USD 25.100 millones.
La descripción detallada de los principales aspectos de la economía de Milei plasma una radiografía precisa del impacto regresivo de las políticas económicas aplicadas en el primer año de Gobierno, con serias dudas sobre la sostenibilidad de las correcciones macroeconómicas realizadas y un abierto proceso de desindustrialización y desguace del aparato productivo y científico tecnológico nacional.
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