Potenciar Trabajo: 160 mil bajas por no revalidar pero hay 2,2 millones que esperan asistencia

El martes, la Unidad Piquetera cortó 150 puntos en todo el país en rechazo a las 160 mil bajas que decretó el Ministerio de Desarrollo Social tras el vencimiento del plazo de revalidación de datos obligatoria para los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo.

Para las organizaciones, se trata de “despidos” en el marco de un “ajuste del gobierno para pagarle al FMI”. La cartera liderada por Victoria Tolosa Paz salió al cruce señalando que “si la Unidad Piquetera tuviera auténtica preocupación por transparentar los procesos estaría colaborando en la tarea de ayudar a la revalidación del programa a esas personas”. Para Tolosa Paz “no hay un recorte ni bajas” sino un “proceso de revalidación”.

Las organizaciones aseguran haber hecho “enormes esfuerzos” para que los beneficiarios hagan la revalidación y que, sin embargo, muchos fueron dados de baja igual. Silvia Saravia, líder de Barrios de Pie, señala a Tiempo que “detectamos 4500 bajas con distintos tipo de reclamos. Hubo muchos problemas para la validación del rostro. Las personas que usan anteojos o tienen algún problema de parálisis facial, por ejemplo. Otro grupo de alrededor de 500 concluyeron la validación y ahora aparecen suspendidos”.

Para Saravia, “esto es un ajuste. Hay personas que aparecían validadas en la aplicación Mi Argentina y les desapareció”.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, señala que “detectamos más de cinco mil bajas e implementamos un sistema para ir a buscar a la gente a la casa. De toda la Unidad Piquetera son unos 20 mil. El sistema es ridículo y confuso”.

Esas personas tienen 60 días para revalidar su identidad, pero durante el primer mes perdieron la mitad del beneficio. “Para los que logramos levantar estamos pidiendo que se les pague el retroactivo pero no quieren devolver lo que descontaron por más que demuestres las dificultades”.

Esteban “Gringo” Castro, de la oficialista UTEP, también reconoció que “estamos recabando la información y pidiendo una reunión con técnicos del ministerio para resolver el tema”.

Lista de espera

Más allá del conflicto por estas bajas, la resolución que instruye la revalidación de datos no contempla el redireccionamiento del beneficio a otra persona que lo pudiera necesitar. Esto porque ya antes el decreto 728/22 habilitó el redireccionamiento de fondos por bajas a obra pública a realizarse por cooperativas vinculadas con las organizaciones sociales.

Las organizaciones aseguran que existe una lista de espera muy grande de potenciales beneficiarios. Saravia explica que “tenemos decenas de miles de empadronados pero más de 15 mil que ya tienen los datos cruzados con el ministerio y ya aprobaron los requisitos”.

Para Belliboni, “solo entre las 40 organizaciones que integramos la Unidad Piquetera hay más de 200 mil compañeros que participan de las asambleas y están en lista de espera para recibir alguna asistencia que se les niega. No hay una política de transparentar la asistencia, lo que hay es un ajuste. Pedimos la universalización de los programas para que lo obtenga todo aquel que lo necesite. De esa forma, además, se terminaría con la intermediación que tanto critican”.

Castro señaló que “gente que quiere ingresar siempre hay.  Creemos que hay que hacer una inversión más fuerte en las unidades productivas”.

Los ahora 1,2 millones de Potenciar Trabajo que perciben $30 mil por mes representan una ínfima minoría de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por caso, los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pagado durante la pandemia, llegaron a 9 millones sobre 11 millones de inscriptos.

Pero existe un dato más concreto aún que son los 3.457.669 inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP),  considerados trabajadores en situación de vulnerabilidad. Suponiendo que todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo hubieran cumplido con ese trámite, existe una lista de espera en manos del Estado de más de 2,3 millones de personas a la espera de obtener asistencia.

El destino del «ahorro»

Las organizaciones alineadas con el gobierno esperan que, efectivamente, el ahorro generado por las bajas redunde en un financiamiento extraordinario para las cooperativas, calculado en $ 5 mil millones mensuales. Castro señala que “las bajas tienen que quedar en el circuito. Una vez resueltas las revalidaciones que se cayeron erróneamente queremos que, si hay gente que ya no necesita el salario social, esa plata se destine a unidades productivas”.

Las aspiraciones de la UTEP, sin embargo, podrían colisionar con la resolución 63/23 del Ministerio de Economía, publicada el jueves en el Boletín Oficial. Dispone que, sin su autorización explícita, los ministerios no podrán reasignar partidas propias a diferentes programas, como sería este caso.

Fuentes cercanas a la Secretaria de Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social, liderada por Emilio Pérsico, descartaron esa posibilidad. “Los Potenciar Trabajo no van a entrar en esa resolución, es muy difícil que (Sergio) Massa rompa ese acuerdo”. Castro subrayó: “No me sorprende la resolución. No es el mismo programa, pero tiene una vinculación muy grande”. El acuerdo había sido que sí. Si no lo quieren dar va a haber problemas, la vamos a pelear”. «