El gobierno logró patear para adelante, hasta 2025, el 64% de los compromisos que enfrentaba en los próximos tres meses y medio al concretar un nuevo canje de deuda en pesos. Desde el Ministerio de Economía calificaron la operación como un “éxito”.
Con este resultado, el Palacio de Hacienda transformó un calendario de pagos que acumulaba $ 7,5 billones entre marzo y junio, en otro más desahogado que contempla vencimientos por unos $ 3,16 billones. Esta última cifra se ampliará con las nuevas emisiones que hará el Tesoro para cubrir el déficit fiscal del trimestre, más allá del roll over constante que ejecuta sobre la deuda (emisión de nueva deuda para pagar la anterior).
Para que se diera el resultado del canje fue fundamental el acuerdo con los bancos privados, tanto de capital nacional como extranjeros. El respaldo de las entidades financieras fue tal que sus representantes quisieron estar presentes cuando el ministro Sergio Massa hizo el anuncio de la operación, el martes pasado. En ese grupo se anotaron los bancos extranjeros ICBC, Santander, BBVA y HSBC, además de los locales Macro, Galicia y San Juan.
De la operación participaron la casi totalidad de los entes públicos (Anses, PAMI, BCRA, etcétera, que atesoraban el 50% de los títulos canjeables) y buena parte de los inversores institucionales locales, en especial los bancos, que acumulaban otro 20% de los títulos a entregar.
En el segundo trimestre vencía el 48% de toda la deuda en pesos del Tesoro de este año. Tras el canje concretado este jueves, esos compromisos se distribuyeron entre 2024 y 2025. Así, de lo que vence este año, un 33% lo hace en lo que queda del primer semestre y el 67% restante en la segunda mitad de 2023, lo que ya comenzó a generar versiones de un nuevo canje en el tercer trimestre. Respecto de 2024, el 32% de los vencimientos caerá en el primer trimestre, el 21% en el segundo, el 14% en el tercero y 33% para el último trimestre.
El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $ 0,8 billones en marzo, $ 2,5 billones en abril, $ 2,1 billones mayo y $2,5 en el mes de junio. “Luego de esta operación de conversión, los vencimientos proyectados quedaron en $0,6 billones, $1,0 billones, $ 0,9 billones y $ 0,8 billones, respectivamente”, detalló el Palacio de Hacienda.
Debates
El acuerdo de los bancos con el gobierno para realizar este canje generó un fuerte debate interno en la oposición. Sus principales voceros económicos, como Hernán Lacunza, Guido Sandleris y Luciano Laspina, criticaron el canje, calificándolo de bomba de tiempo que se trasladaba al nuevo gobierno que asuma en diciembre próximo. De esa forma, repetían algo que ya habían declarado en enero y febrero pasados, aunque en la última vez acompañados por una declaración oficial de Juntos por el Cambio.
Sin embargo, los propios banqueros les enmendaron la plana a los economistas que suelen defender sus intereses. Patricia Bullrich visitó la asociación de bancos Adeba, de capitales nacionales, para “convencerlos” de que debían rechazar el canje. La respuesta que recibió fue que, no solo ingresarían en él sino que además, Bullrich debía salir a declarar en público que sostendría el pago de la deuda en pesos en caso de tener que conformar un gobierno.
La apuesta de los banqueros por la estabilidad financiera, al menos hasta que la misma ya no les convenga más, golpeó el posicionamiento de una de las alas de JxC, la que expresan Mauricio Macri y Bullrich, que apuesta a que se genere una crisis antes de las elecciones y se creen las condiciones para una caída del FdT y un ascenso de JxC en condiciones que le permitan imponer medidas de ajuste brutales. Una suerte de repetición de 1989.
Costos
Para lograr esta tregua con el sistema financiero, el gobierno debió ofrecer seguridades a los bancos, al punto de colocarlos como árbitros del proceso político. No solo se les otorgó una “cláusula gatillo” por la cual el acreedor se cubre de la inflación y la devaluación, sino que el Banco Central abarató el costo del seguro de cambio.
La casa bursátil Cohen señaló: “Esto les garantiza (a los bancos) una estrategia de salida y permitiría incluso capitalizar inmediatamente un salto devaluatorio”. Y agregó: “Pero puede ser perjudicial para el resto de los tenedores de bonos ya que la liquidación de esos puts (seguro de cambio) podría representar hasta el 29% de la Base Monetaria”.
Es decir, con esta herramienta, los bancos pueden realizar una corrida contra el peso sin que haya ninguna demanda adicional de dinero por parte de los ahorristas con plazos fijos, que es la excusa que usó para justificar el “put”. Y el Banco Central estaría obligado a comprar esos títulos devaluados en nombre de la seguridad jurídica otorgada.
Eso no es todo. El Banco Central autorizó a los bancos a constituir encajes prudenciales (la reserva que garantiza la devolución de los ahorros) con más títulos públicos para que puedan usar los nuevos bonos indexados que recibirán el martes próximo en lugar de los anteriores. Y, además, los autorizó a repartir un 40% de los dividendos que aún tenían pendientes de distribución, lo que podría presionar sobre los dólares financieros ya que los bancos extranjeros buscarán remitir al exterior esos dividendos.
