Pese a que la demanda cayó hasta 80%, la rebaja de precio no llegó a los surtidores. El gobierno y las empresas discuten un valor sostén para la actividad.
“Es muy poco probable que el precio final de los combustibles baje porque correrían riesgo los puestos de trabajo del sector petrolero, principalmente de Vaca Muerta, donde se produce petróleo no convencional. La prioridad son los puestos de trabajo”, afirmó Gabriel Bornoroni, presidente de Cecha (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines), en declaraciones al diario Ambito Financiero.
La fijación de esos valores surgirá de la negociación que se viene llevando a cabo en el Ministerio de Desarrollo Productivo para determinar un precio sostén del crudo. Este servirá de referencia para quienes compren la materia prima para el refinamiento y la elaboración de naftas y también el punto a partir del cual se configurará el esquema de precios del sector. De la discusión participan los productores, los refinadores, el gobierno (que aplica impuestos sobre las ventas), las provincias (que cobran jugosas regalías para permitir la extracción) y los sindicatos que agrupan a los obreros y empleados del sector. Se estima que el precio del denominado barril criollo oscilará entre 45 y 50 dólares.
Este lunes el petróleo fue noticia porque uno de sus tipos más comerciados, el WTI, se vendió en los mercados de futuro a valores negativos. En la práctica, esto significa que los vendedores están dispuestos a pagar con tal de sacarse de encima el excedente de crudo, que ya no tienen dónde almacenar. Por su parte, el Brent, de origen europeo y más usado como referente mundial, se vende a 20 dólares por barril, un tercio de los 66 dólares en que se comerciaba a principios de año.
Lo paradójico de la situación es que las subas producidas en el último año en las cotizaciones internacionales del petróleo, más la inflación local, habían sido el argumento reiterado de las empresas para actualizar una y otra vez el valor de venta al público de las naftas y el gasoil. En el caso de la nafta súper de YPF en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en dos años el precio pasó de $ 22 (diciembre de 2017) a los $ 54 actuales. Ahora que esos números se derrumban, la baja en el precio no llegará a los surtidores. El fenómeno es todavía más controversial por la abrupta caída de la demanda: el aislamiento social y las restricciones a la movilidad hizo que las ventas en las estaciones de servicio bajaran entre el 50% y el 80%, según el tipo de combustible.
Mientras el estupor por ese manejo antojadizo de la ley de la oferta y la demanda se agudiza entre los automovilistas, uno de los reclamos más sonoros lo protagonizó la cámara que agrupa a las empresas transportistas. “En la mayoría de los países del mundo frente a este escenario los precios del combustible bajan, pero en Argentina siguen subiendo”, afirmó Martín Borbea Antelo, secretario general de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Según un estudio de la entidad, en el caso específico del gasoil sólo el 32% del precio final de venta corresponde a impuestos. El otro 68% es el precio neto de su elaboración y como tal, debería ser suceptible de reducirse.
Una explicación posible es que ante el exceso de oferta, el combustible será elaborado con materia prima íntegramente local, sin recurrir a importaciones. Por esa razón, las firmas que intervienen en el proceso están cambiando sus conductas. Las productoras todavía no decidieron paralizar la explotación, una medida delicada porque, por cuestiones técnicas, luego de que un pozo se cierra es difícil retomar su explotación. Pero Shell ya cerró su refinería de Dock Sud por falta de capacidad de almacenamiento e YPF alquiló cuatro buques tanque para guardar parte de su excedente en las bodegas. El sitio especializado Econojournal reveló que algunas productoras, como YPF y Pan American Energy, tuvieron que aceptar importantes descuentos exigidos por sus clientes para concretar oportunidades de exportación de crudo. La crisis terminó afectando a los trabajadores: dos de los sindicatos más representativos, el de Chubut y el de Neuquén, Río Negro y La Pampa, firmaron con las cámaras empresarias un acuerdo que avala la suspensión de 32 mil operarios que cobrarán 50% de su sueldo durante dos meses, con la promesa de que no perderán sus empleos.
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