Por la devaluación, subirá un 20% el precio del gas y de los combustibles

El alza de los precios de estos productos tiene un impacto estratégico. Es porque tanto el gas como los combustibles son materia prima o el elemento vital para otras actividades. El gas es la materia prima que alimenta a la mitad de la generación eléctrica de la Argentina. Es decir, una suba de su precio impacta en el de la electricidad.

En el caso de los combustibles, su marca se observa en forma inmediata en el transporte, elemento vital para la actividad económica.

La causa de este movimiento en el precio del gas se debe a la decisión del gobierno de dolarizar su valor al empezar el proceso de incremento de las tarifas energéticas, para lo cual se aprovechó de dos circunstancias propias de la privatización del sector en los años ’90 y que nunca se modificaron: que la producción de gas no es un servicio público y que su precio no está regulado. Pero el usuario de gas recibirá el mazazo del incremento del precio del gas junto con otro que ya está previsto.

La historia es esta: a inicios de 2016, el entonces flamante ministro Juan José Aranguren colocó el valor del gas en boca de pozo (conocido en la jerga de la energía como PIST) en un promedio de 6,80 dólares el millón de BTU (MBTU, una unidad de medida energética, antes estaba en U$S 2,50). Al mismo tiempo, arrancó un sendero de quita gradual de subsidios, con la intención de reducir el porcentaje aportado por el Estado en el costo del gas del 81% al 0 por ciento. Por estos días, este sendero marca una reducción del 8% de cara a octubre (del 31 al 23 por ciento). Esto quiere decir que el usuario pagará el 77% del valor del gas en boca de pozo (PIST en la jerga del sector), fijado en dólares. El PIST significa el 40% de la tarifa final, según el Ministerio de Energía.

Desde la entrada en vigencia del último cuadro tarifario (1 de abril de este año) hasta el cierre de esta edición (18 de mayo), el peso se devaluó un 23% con respecto al dólar. Pasó de $ 20,40 a $ 25,10, según el precio de venta del Banco Nación. Andrés Repar, miembro del Observatorio de Tarifas (OTA) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), explicó a Tiempo: «Esta diferencia y otras que puedan sumarse de acá a octubre se verán reflejadas en las tarifas, cuando se vuelva a actualizar el cuadro tarifario».

Con estos números, «el precio del PIST aumentará un 23 por ciento». Si se toma como referencia la implicancia en la tarifa estimada por el gobierno (40%), la devaluación se traducirá en un incremento del 9,2% en la boleta que paga el usuario. A esto, hay que agregar el aumento del 8% producto de la quita de subsidios. Con esto agregado al PIST, en la tarifa final la suba será de, al menos, un 12,4 por ciento.

Para Repar, la solución a este golpe al bolsillo está en el Congreso. «La oportunidad de un sendero en pos de tarifas justas y razonables separadas de la dolarización está presente en el proyecto de ley de emergencia tarifaria», aseguró.

En ese sentido, el especialista evaluó que con el proyecto de ley (aprobado por Diputados y a la espera del tratamiento en el Senado) la reducción en la boleta para los usuarios rondaría el 40 por ciento. «Un usuario medio de Metrogas (categoría R3-1) que paga $ 7,861 por metro cúbico, con el índice Coeficiente de Variación Salarial, incluido en el proyecto de ley a abril de 2018, recibirá una factura de $ 4,490 por metro cúbico. Ello implica una reducción en las facturas del 42,8%», explicó.

Repar afirmó: «Con una estimación del CVS del 24% anual en un razonable horizonte a un año (abril 2019), observamos que la diferencia en los incrementos se mantendría en el 40 or ciento». El especialista aseguró que con la nueva ley, «se corrige parte de los despropósitos y nos sitúa en el camino factible de un esquema tarifario sustentable, con menor costo fiscal, y más justo y razonable que el que obtusamente –o interesadamente–mantienen el ministro Aranguren y el presidente Macri».

Combustibles

En tanto, el precio de los combustibles acumula presión por dos vías diferentes; la suba del dólar y el incremento del precio internacional del petróleo.

Cuando el gobierno y las petroleras acordaron congelar hasta el 1 de julio el precio de las naftas y el gasoil, las empresas aseguraron que ya tenían en carpeta subas de hasta el 12% en sus productos. Según sus cálculos, los incrementos del dólar y del petróleo hacían imposible bajar ese nivel de suba. Una semana antes del acuerdo, firmado el 5 de mayo, habían asegurado que el incremento era mucho menor, del 7% promedio.

Pero eso no es todo. La semana que pasó, el gobierno autorizó una suba en el precio delos biocombustibles del 8 por ciento. Estos productos forman parte de las naftas y gasoil que los consumidores cargan en sus vehículos. Cuando los productores de biocombustibles elevan sus precios, las petroleras los pasan directamente al valor que paga el consumidor final.

Además, la última corrida del dólar antes de detenerse en torno de los $ 25,50 le agregó nueva presión a las petroleras, las que incorporarán el nuevo valor en sus cálculos.

Por último, el precio del barril de petróleo se encuentra en torno de los 80 dólares. En octubre del año pasado, cuando se liberó el mercado de combustibles, estaba en torno de los 40 dólares.

La liberalización de este sector ha dejado al consumidor –y al conjunto de la actividad económica– sometido a las subas de la divisa. Las petroleras ya obtuvieron la promesa del gobierno de que serán «recompensadas» por el congelamiento de mayo y junio. 

Petroleras demandan que se adelante la aplicación de las subas

El feliz matrimonio entre las empresas petroleras y el gobierno atraviesa la primera crisis. Las productoras de gas son las principales beneficiarias de la política energética del Cambiemos. Sin embargo, la escalada del dólar generó cortocircuitos en la relación.

Un portavoz de una de las principales empresas petroleras del país confirmó a Tiempo que «las empresas exigen que se actualice el dólar al valor de hoy», en lugar de esperar hasta octubre, mes estipulado para la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Desde el Ministerio de Energía y Minería reconocieron a este medio que el impacto del dólar sobre las tarifas «está en proceso de evaluación», aunque aclararon que «es muy prematuro dar certezas al respecto».

En ese sentido, el presidente de una petrolera le dijo al sitio EconoJournal: «Nos están pagando el gas a un dólar un 35% más barato que el actual».

La Resolución 300/2018 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) establece que el valor del tipo de cambio con el que se calcula el precio del gas en boca de pozo «no surgirá de un mercado de futuros ni del ROFEX, sino que será el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina para el Dólar Divisa correspondiente a un cierre cercano a la fecha de entrada en vigencia de los cuadros tarifarios» y aclara que el mismo «quedará inalterable durante el semestre correspondiente». Si bien falta mucho para octubre, la confirmación de evaluación del tema por parte del ministerio abre las puertas a un posible cambio que lleve a la reconciliación.

Como indica la Ley N° 24.076, «los únicos componentes regulados de la tarifa del gas son el transporte y la distribución, siendo el precio del gas libremente negociado entre distribuidores y productores, puesto que la actividad de producción no ha sido definida como servicio público».

Así las cosas, las variaciones del precio internacional y del valor del dólar a nivel local marcan el ritmo de los aumentos. Como excepción, la Resolución 74/2017 de Energía advierte que «ante una variación brusca del tipo de cambio, los usuarios podrían quedar expuestos a grandes aumentos en las facturas, deteriorando su poder de compra»; llegado el caso, asegura que tales circunstancias serán «contempladas en oportunidad de realizarse los ajustes de los precios previstos en el sendero de reducción gradual de subsidios, para cada semestre». «