Por la devaluación, la deuda pública creció en casi $ 600 mil millones

Este enorme incremento del pasivo, que supera con creces cualquier ahorro anunciado por el gobierno nacional en el último tiempo, se debe a que gran parte de la deuda contraída por el gobierno nacional está denominada en dólares. Cada suba en el valor de esa moneda implica que se necesitarán más pesos para pagar esas deudas, sea en los intereses o en el capital. Según el último reporte público del Ministerio de Finanzas, al 30 de junio del año pasado, la deuda de la administración central (es decir, los tres poderes del Estado, aunque el que toma deuda es básicamente Poder Ejecutivo) era equivalente a U$S 293.789 millones, de los cuales un 32% estaba nominada en pesos y el resto en moneda extranjera, principalmente dólares. 

Así las cosas, la deuda denominada en dólares suma U$S 175.982 millones, que equivalía a $ 3,1 billones de pesos con la cotización del dólar del 7 de diciembre último, dos meses atrás, cuando comenzó el actual ciclo de devaluación del peso cuyo final aún no se percibe. En ese momento, hacían falta $ 17,60 por cada dólar. 

Desde ese entonces, el valor del dólar creció un 15,9% ya que según el relevamiento del Banco Central, el billete verde cerró el viernes 9 pasado a un valor de $ 20,36, o $ 2,76 más que dos meses atrás. 

Con el valor de dos días atrás, la deuda en dólares del Estado nacional suma 3,5 billones de pesos. Más exactamente, la diferencia respecto del 7 de diciembre arroja que creció en $ 485.710 millones. Esta cuenta no incluye la deuda emanada de los cupones PBI, los que obligan a pagar a los acreedores cada vez que el Producto Bruto crece por arriba del 3,2% en un año. La última vez que se canceló, en 2012, significó un desembolso de 3200 millones de dólares. 

La devaluación del peso también impacta en los intereses. Según los datos de la cartera que dirige Luis Caputo, la tasa de interés anual promedio de la deuda denominada en dólares al 30 de junio de 2017 era del 4,31%. Con el dólar a $ 17,60 al 7 de diciembre, los intereses representarían unos 133.496 millones de pesos. 

Dos meses después, con el 16% de devaluación, los intereses anuales pasaron a ser $ 154.430 millones, es decir, $ 20.934 millones más por año. 

La misma situación se da con el euro, aunque la exposición de la Argentina en títulos con esa denominación es bastante menor: 20.395 millones. Hace 60 días su cotización era de $ 21,17, según la encuesta del Banco Central, mientras que el pasado viernes 9 cerró a $ 25,70, con un alza del 21,4 por ciento. La diferencia de cambio por esa porción de la deuda es de $ 92.389 millones. También hay títulos expresados en otras divisas, mayoritariamente yenes, por el equivalente a U$S 2273 millones, que generarán algún desembolso extra de menor cuantía. 

Es decir, sumados los incrementos en pesos del capital de la deuda denominada en dólares y euros, más los intereses anuales de la deuda en dólares, se llega a $ 599.033 millones de pesos más en los que se incrementa la deuda nacional. 

Desde el gobierno nacional no suelen hacer mención a este efecto generado por la devaluación. Más cuando circula la especie de que ha sido el propio gobierno el que impulsó la pérdida de valor del peso a fin de satisfacer reclamos de empresarios de diversos sectores que piden una mayor competitividad y para los cuales la salida pasa por la devaluación de la moneda. 

El Fondo Monetario también ha presionado al gobierno nacional para lograr la devaluación, tal como señaló Tiempo dos semanas atrás. 

Los datos de la deuda informados por el gobierno no incluyen los nuevos préstamos tomados en el segundo semestre de 2017. Según el Instituto de Trabajo y Economía (ITE), el monto total al 30 de noviembre sería de U$S 301.823 millones, lo que implicaría que se tomaron nuevos compromisos por 8000 millones de dólares. A ello se suma la colocación realizada por Finanzas en la primera semana de enero, por 9000 millones de dólares, y la de la semana pasada, por otros 1000 millones de dólares y que fue acompañada por una emisión de bonos en pesos con cláusula gatillo (ver página 9). 

Los 600 mil millones de pesos es 15 veces lo que ahorró el gobierno nacional por los subsidios que redujo o quitó en las tarifas de servicios públicos, que se estima que redondearon los $ 50 mil millones para todo 2017. Sextuplica, además, el ahorro que logró el Estado al sobrecumplir sus metas de déficit primario en 2017. 

El incremento del peso de la deuda medida en pesos no tiene una evolución clara. Mientras un sector de los analistas opina que se trata de una corrección del tipo de cambio, del que surgirá una economía más competitiva, otro grupo de economistas asegura que se ha abierto un camino de devaluaciones y crisis cambiarias sin final a la vista toda vez que el fenómeno responde a la situación económica y financiera de Estados Unidos y las principales potencias económicas mundiales. «

La AGN, tras los contratos de PPP

El programa de Participación Público-Privada, PPP, recibió las primeras críticas desde un organismo estatal. Se trata de la Auditoría General de la Nación (AGN), la que considera que los antecedentes internacionales de programas similares no han sido positivos para las finanzas públicas ni para los contribuyentes. Y que por ello controlará el desempeño de este programa. 

El PPP es el principal programa de estímulo a la inversión y, por lo tanto, al desarrollo de la economía, que tiene en vigencia el gobierno nacional. Busca que el sector privado financie la realización de obras públicas, con lo que evita agrandar el déficit fiscal ya que el Presupuesto nacional demanda menos recursos. 

Pero se trata de un gambito que pierde su efecto en el mediano plazo, ya que el financiamiento privado para las obras del programa PPP se transforma en deuda pública en divisas. Así, esa cuenta crecerá y las futuras devaluaciones incrementarán el esfuerzo del gobierno de turno para hacerse cargo del capital y los intereses (ver página 8). 

La preocupación de la AGN respecto del PPP está en las renegociaciones de los contratos que los privados exigen a los gobiernos. Según consignó el diario La Nación ayer, Jesús Rodríguez, auditor de la AGN por la UCR, realizó una investigación en la que detalló que «Un estudio del Banco Mundial revela que las inversiones en infraestructura mediante PPP en América Latina aumentaron de U$S 8000 millones en 2005 a U$S 39 mil en 2015. Ahora bien, la información disponible muestra que más del 70% de los contratos suscriptos en la región, desde inicios de la década del ’90 hasta 2015, fueron objeto de renegociaciones que, en los casos de Chile, Colombia y Perú, significaron costos adicionales (de 20%, 100% y 144%, respectivamente) a ser solventados por los contribuyentes o los usuarios».