Por la baja de retenciones el Estado resignará $ 20 mil millones en todo 2018

Las patronales rurales se aseguraron esta semana la continuidad de la política de retenciones que les permite acumular ganancias importantes con las exportaciones de soja y sus derivados a los mercados del mundo.

El gobierno de Cambiemos, por muy apremiantes que sean sus urgencias financieras, les garantizó que las alícuotas por retenciones mantendrán su rumbo descendente pautado en 0,5% mensual desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019.

La quita de retenciones fue una promesa de campaña que Mauricio Macri cumplió raudamente en sus primeras horas como presidente reduciéndolas de un 35% a un 30 por ciento.

Previsiblemente, en 2016, el complejo agrario pagó $ 67.180 millones en concepto de ese impuesto, unos $ 48.015 millones menos de lo que hubiesen pagado sin los cambios.

Según recuerda un informe del Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA), al que accedió Tiempo, titulado «El Impacto Fiscal de la Reducción de los Derechos de Exportación en Soja y Derivados», el 30 de diciembre de 2016 el gobierno estableció por decreto un programa de reducción progresiva que establecía que las retenciones bajarían el 0,5% mensual desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019, no sólo para el poroto de soja sino también para la harina y el aceite. Con ese esquema progresivo, para esa fecha, la alícuota llegará hasta un 18 por ciento.

Pero este año, en medio de la crisis financiera que obligó al Ejecutivo a buscar la ayuda del FMI, la posibilidad de volver a subir el nivel esos impuestos o al menos suspender la baja gradual, para cubrir el déficit fiscal reapareció, primero tímidamente, desde las usinas oficiales o a través de voceros informales; después sin demasiadas vueltas, por consejo del propio Fondo Monetario que sugiere fijarlas en el 25,5% al que llegarán en septiembre de este año.

Las compañías demostraron velocidad de reflejos y, con un puñado de declaraciones fuertes en los medios, se las arreglaron para conseguir que el presidente de la Nación saliera de cuerpo presente a negar toda modificación.

Costo fiscal

Según el informe basado en datos oficiales elaborado por el CEPA, el costo fiscal para este año comparado con 2017 y manteniendo la agenda de reducciones mensuales, rondará los 8000 millones de pesos. El mismo informe concluye que, si estuviera vigente la alícuota de 2015, la recaudación por esa vía sería superior en $ 20 mil millones a lo que finalmente se obtendrá.

Ganadores y perdedores

Mientras el FMI aprieta y los empresarios rechazan el impuesto, un pequeño grupo de grandes empresas exportadoras, en su mayoría multinacionales, se afirmó en la lista de los grandes ganadores.

Las provincias y los municipios son, por el contrario, los grandes perdedores.

Las empresas son, en orden descendente, Aceitera General Deheza (AGD), la firma del actual titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Miguel Acevedo; que participó con el 12,33% del total del mercado. Gracias a la quita pautada para este año, AGD ganará $ 976.474.055,52 extra y se estima que, si siguieran vigentes las retenciones de 2015, el beneficio equivaldría a $ 2.471.242.814,19.

Detrás de AGD siguen Vicentín, Bunge Argentina, Cargill SA, Louis Dreyfus Company, Oleaginosa Moreno, Nidera, Molinos Río de la Plata, Noble Argentina y Asociación de Cooperativas Argentinas Coop LTDA.

Mientras esas firmas afianzaron sus negocios con la quita, las provincias y los municipios sufrieron una pérdida de recaudación de $ 2.375.849.283,49, según lo que establece el Decreto 206/2009 que otorga a esas reparticiones el 30% de lo que el Estado recaude por derechos de exportación de soja, variedades y derivados. Si se considera además la reducción de la alícuota de 2015 la pérdida asciende a los $ 6.012.756.238,90.

La presión de las entidades rurales y las patronales

La negativa de las asociaciones privadas de la economía rural puso en aprietos a la alianza gobernante, justo en la previa de su reunión con la titular del FMI, Christine Lagarde, con quien se reunió este sábado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Palermo (ver aparte).

Desde que se conoció la vuelta al cuestionado organismo de crédito se sabe que una de las demandas para otorgar el préstamo será un fuerte ajuste de las cuentas públicas. Los propios técnicos del Fondo hicieron notar el problema del bajo nivel de impuestos que pagan las empresas beneficiarias, pese a las enormes ganancias que perciben por vender sus producciones al mundo.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Daniel Pelegrina aprovechó el tradicional corte de cintas de la 132ª Exposición Rural de Palermo, el miércoles pasado, para afirmar que «no somos la vaca que hay que ordeñar cuando un gobierno necesita plata».

Desde el palco, Pelegrina bramó que «hay mucha gente de los sectores de decisión de la Argentina que sólo ven al campo como un factor de tributación». Y agregó, en diálogo con el portal Infocampo, que «diez años de retenciones generan un achicamiento del campo y del productor argentino».

A la par, el presidente de las Confederaciones Rurales (CRA), Dardo Chiesa, consideró que «no es sostenible» un  modelo con retenciones al campo y políticas de promoción industrial o «un sistema de suplencias para los docentes bonaerenses», por lo que reclamó «un sistema impositivo que premie la inversión y el empleo, y no castigue a los emprendedores».   

 En la misma línea se manifestaron las cooperativas rurales nucleadas en Coninagro por medio de su titular Carlos Iannizzotto, quien expresó semanas atrás que «si un gesto patriótico es pedir, el bolsillo del productor no da».

Finalmente, el líder de la Federación Agraria (FAA) Omar Príncipe aseguró que el sector está en una crisis que «va más allá de las retenciones» por lo que presionó por una reforma impositiva, como sus pares: «que favorezca a la producción».

Antes que los ruralistas, otros empresarios pusieron el grito en el cielo cuando vieron que el acuerdo con el FMI afectaba sus negocios. Los primeros que se quejaron fueron los dueños de las constructoras porque, para cumplir con los términos del acuerdo, el gobierno planteó un recorte de proporciones a la obra pública.

Cuando Tiempo le preguntó a un alto dirigente de ese sector qué alternativas proponían las empresas, el entrevistado reclamó que el gobierno «avance sobre el gasto público y no sobre la inversión», y en particular, recomendó talar las pensiones que el Estado les paga a las personas discapacitadas.

El consejo, tan abundante en racionalidad técnica como en crueldad humana, coincide con lo que recomiendan los empresarios rurales: menos gasto público, reforma impositiva favorable a las compañías e incentivo a las exportaciones, pero de ceder para sostener al gobierno que ayudaron enérgicamente en su ascenso al poder, nada. Ni un ápice. Las empresas no quieren pagar la crisis, y ante la menor amenaza, no dudan en señalar al otro extremo de la pirámide social. «

En el otro extremo, verdurazo y precarización

El miércoles pasado en la puerta del predio de La Rural, en Palermo, un numeroso grupo de pequeños agricultores agrupados en la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras, realizó un verdurazo para protestar bajo la consigna «Hay otro campo que la está pasando mal».

Regalaron 10 mil kilos de verduras y reclamaron la vuelta del monotributo social agropecuario, cuya eliminación anunció hace dos semanas el gobierno nacional.

Esa herramienta les facilitaba a los trabajadores agropecuarios formalizar su situación laboral, presentar facturas y disponer de una obra social, además de hacer aportes jubilatorios. «Somos los pequeños productores de la zona norte, sur, oeste del Conurbano bonaerense, pero también representamos a otras provincias, Salta, Jujuy, Mendoza, Misiones, en esta última hay hambre de verdad. Reclamamos porque los insumos suben y nos está costando producir y vender. La situación es grave», definió en diálogo con NA el militante Daniel Peralta, del Movimiento Nacional Campesino Indígena.

Dentro del predio ferial los referentes de la Mesa de Enlace celebraban los diez años de su victoria en el diferendo por la Resolución 125 con la que el gobierno de Cristina Fernández intentó establecer un esquema de retenciones móviles a las exportaciones de soja.