Poca ética y mucha liberalización

La guerra comercial entre Estados Unidos y China es aún una escaramuza. No obstante, desde que se inició el año los exportadores han declarado ventas externas de soja por un valor menor al de igual período de 2017. 

Se están reduciendo las retenciones a la soja, un importante beneficio para los exportadores. Pero no alcanza para que liquiden divisas. Además, ante los aranceles que ha puesto China a las importaciones de productos estadounidenses, especialmente alimentos, el precio de la soja se proyectó a la suba. Y muchos exportadores argentinos han dicho que retrasarán sus ventas externas a la espera de mejores precios.   

De todas formas, con guerra comercial o sin ella, con sequía o sin ella, con mayor o menor baja de retenciones, nada garantiza que el país cuente con los dólares necesarios. La razón es clara: se ha eliminado la obligación de ingresar divisas por las exportaciones, convirtiendo una operación comercial en una operación de especulación financiera. Los exportadores ingresarán las divisas cuando les resulte más rentable. Los grados de regulación del gobierno para incentivar el ingreso de dólares (en caso de que lo deseara) son casi nulos. De esa forma, es el mercado el que define los ingresos de divisas sin ninguna restricción, agregando una cuota más de incertidumbre a la situación externa.

En este marco, la guerra comercial EE UU-China puede complicar el comercio exterior. Es probable que se intensifique una presión vendedora de productos baratos desde el exterior, que ingresarían a una economía que casi no tiene defensa ante esos ataques comerciales. Más aún, el gobierno sostiene el libre ingreso de mercancías, y el caso de los tomates italianos sigue siendo paradójico: el Ministerio de Producción se negó a limitar su ingreso, poniendo en peligro la supervivencia de al menos 35 mil productores. Los funcionarios argumentaron que debe ponerse el foco en «la mejora de la competitividad y la baja de los costos». Los productores sostuvieron que dicho enfoque es erróneo, puesto que «el problema es que los tomates entran a precios de dumping», con lo cual no hay costos ni productividad que valgan.

Más allá del conflicto entre EE UU y China, la estrategia de total apertura llevada a cabo por el gobierno macrista en un ambiente internacional más propicio al proteccionismo, está generando varios problemas. Estados Unidos acaba de ratificar elevados aranceles al biodiésel de Argentina e Indonesia. Además, aún no se ha validado el ingreso de limones o de carne vacuna a Estados Unidos, pero el gobierno ha aprobado el ingreso de cerdo proveniente de aquel país.

El elevado déficit comercial, fruto de importaciones muy superiores a las exportaciones, no podría mantenerse por mucho tiempo más, puesto que hay que financiarlo en dólares. Por ello, el gobierno deberá incorporar regulaciones al comercio exterior, o enfrentarse a una deuda externa creciente, con sus negativas consecuencias. 

Inflación, moneda y ajuste

La inflación no desciende: el aumento de las tarifas de colectivos y trenes y del precio de las naftas en marzo indican las dificultades de lograr una baja. 

Los colectivos aumentaron un 11,7% en comparación con febrero y casi un 50% más que en enero. Con el próximo incremento de junio, el aumento anual sería del 67 por ciento. En el caso de los trenes, aumentarían en el año entre el 60 al 69%, dependiendo de los tramos y las empresas. En el caso que se realicen dos viajes seguidos, con el descuento en el segundo, el incremento rondaría el 21 por ciento. Costos más que gravosos para los trabajadores.

Las naftas aumentaron entre el 30 al 33% en seis meses. Delicias de la libertad de precios en un insumo tan estratégico.

Si bien los números mencionados ilustran con nitidez algunos de los principales motores de la inflación, hay economistas que siguen sosteniendo que el principal factor inflacionario es el aumento de la cantidad de dinero. Durante la semana volvió a presentarse un escrito de dos economistas muy monetaristas, donde exigen que el Banco Central restrinja significativamente el crecimiento de la base monetaria, para de esa forma controlar los precios. 

Tal propuesta, aplicada en el marco de los aumentos de tarifas producidos para reducir el déficit fiscal, podría llevar a una fortísima recesión. Los aumentos de tarifas, o los de los combustibles, terminan subiendo los costos de una porción importante de bienes y servicios, que trasladan dichos incrementos a los precios. ¿Cuáles serían entonces, en este esquema, los factores en los cuales descansaría la política antiinflacionaria? Podemos identificar dos principales. Uno de ellos es el salario, creciendo a un nivel menor que los precios (más allá de las propuestas de estos economistas, el gobierno ya está empeñado en lograr que el salario sea la principal ancla de precios). Ello llevaría a una recesión generalizada, que deprima las tensiones sobre los precios, en parte fruto del límite al crecimiento de la cantidad de dinero. 

La política de centrar el combate a la inflación exclusivamente sobre la cuestión monetaria (que en el gobierno tiene varios defensores) no resulta eficiente, ni la adecuada. No sólo estoy convencido de esta ineficacia, sino que además la historia argentina y varias experiencias a nivel mundial así lo confirman. Puede que los efectos explicados, como la recesión o la baja real de los salarios, pongan algún freno a la inflación, pero esto conllevaría un costo social inaceptable. 

Es la ética…

La asistencia al Congreso de la Nación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, además de la conflictiva retirada del funcionario, dejó muchos interrogantes y algunas definiciones sugestivas. 

El ministro ratificó que no es delito poseer una offshore. Y lo intentó explicar pedagógicamente: «Piénsenlas como una caja de seguridad. Se usan porque son jurisdicciones impositivamente neutras y eso facilita mucho. Y también por seguridad jurídica. Es esencialmente por eso» (El Cronista, 05.04.18). En principio, las características definidas se refieren a una guarida fiscal. Puso la cuestión impositiva como una cuestión esencial, lo cual indica que se buscan estos beneficios. Sobre las referencias a la «seguridad» de estas cuentas, ¿aludirá a la opacidad de estas operaciones y territorios? ¿Es que acaso la seguridad jurídica de Caimán o Macao es mayor que la de nuestro país? 

En una charla en la Embajada de España, Caputo interpeló al auditorio: «Tenemos que ponernos la camiseta y salir nosotros a invertir primero, depende de los argentinos». Esa fuga hacia adelante del ministro de Finanzas pone en offside (no confundir con offshore) a los ministros que poseen la mayor parte de sus inversiones en el exterior y que las traerán cuando Argentina «sea confiable».

Se puede citar, entonces, un doble tema ético por parte del gobierno y sus funcionarios. Por un lado, desconocer que la gran mayoría de las offshore en guaridas fiscales se utilizan para operaciones no transparentes: las cuentas en estas guaridas fiscales podrán tener legalidad (cada vez más cuestionada por gobiernos y organismos internacionales) pero resulta una grave falta ética de funcionarios que, entre otras cosas, deben cuidar del erario público. Por otro lado, la actitud de ministros que no desean involucrarse con sus inversiones en un país cuyo gobierno está dirigido por ellos mismos también es falta de confianza en su propio proyecto. «