Pese al alivio financiero, el canje de títulos de corto plazo dejó lecturas encontradas

Obligaciones por más de 7 billones de pesos que el Tesoro debía afrontar en el corto plazo quedaron reprogramadas por hasta un año y medio, luego del canje de deuda que realizó la Secretaría de Finanzas. A cambio de los títulos en moneda local que debían ser cancelados antes de fin de año se entregaron otros cuatro con vencimientos entre agosto del año que viene y enero de 2025, ajustables por CER (inflación) o por la cotización del dólar oficial.

Los títulos elegibles sumaban $ 9,5 billones y de esa masa se canjearon algo más de $ 7,4 billones. De allí se desprende una adhesión a la iniciativa de 77,86%, según los números difundidos por el Ministerio de Economía. De ese total, un 13% fue extendido a agosto de 2024, un 36% a noviembre de ese año, un 27% a diciembre y un 24% quedó para enero de 2025. «De esta forma, se logró alargar los vencimientos promedios ponderados en 16 meses», se informó oficialmente.

De esta manera, la deuda pública en pesos del corriente año quedó sensiblemente aliviada. Sin embargo, según el informe que difundió el analista Salvador Di Stéfano, todavía restan vencimientos cuantiosos por $ 4,2 billones, considerando los títulos que los inversores prefirieron no entregar y los que no habían sido incluidos en la operación. Para lo que queda del mes hay compromisos pactados por un billón de pesos y otro tanto espera en julio.

Los datos duros dejaron paso a un sinfín de interpretaciones. Eduardo Setti, que en su rol de secretario de Finanzas diseñó y dirigió la operación, la calificó como «el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en el mercado doméstico», algo que sus detractores entendieron como una perogrullada si se tiene en cuenta el monto nominal involucrado (la inflación hizo que los valores nominales en pesos se multiplicaran por cinco en los últimos cuatro años). Sin embargo, Setti dio otra fundamentación sobre la importancia del canje: explicó que se logró disminuir en 64% los compromisos para el segundo semestre. Por eso no dudó en considerarlo como exitoso, «no sólo por la trascendencia económica de impacto en las cuentas públicas sino también por abarcar los vencimientos más importantes acumulados del segundo semestre».

Sin embargo, desde otros sectores entendieron que gran parte del refinanciamiento se debió a la participación de las entidades oficiales. Sobre todo de la Anses, que tiene un 73% de la cartera de su Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS) invertido en títulos públicos. También se incluye al Banco Central, que si bien está inhibido de participar en las suscripciones primarias de bonos, puede canjear los que ya adquirió en el mercado secundario.

Al respecto, el economista Salvador Vitelli realizó un análisis por cada uno de los tipos de bono canjeados. Allí detectó que en algunos casos, como los duales TDL23 y TDS 23, la participación fue de casi 95%, mientras que en otros que no estaban en poder del BCRA ni del FGS apenas se ofreció entre el 20% y el 49% de los papeles en circulación. «Asumiendo que el 70% (en manos) de entes públicos entró todo al canje, ello supone que los privados entraron sólo por $ 750 mil millones. Por ende, en lo que respecta a la tenencia de privados, sólo entró un 26%, quedando un 74% afuera”, razonó Vitelli. «Se canjean entre ellos», razonó.

En el Palacio de Hacienda contraatacaron: recordaron que los fondos de inversión se quedaron afuera de modo previsible porque prefieren mantener títulos de corto plazo, que les dan más liquidez a sus suscriptores. Eso provocó que en los instrumentos que vencen en junio y julio el porcentaje de adhesión fuera mucho menor.

La polémica retumbó fronteras afuera. En una inesperada declaración, el Fondo Monetario Internacional ponderó los resultados obtenidos. «El FMI acoge con beneplácito los esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los riesgos de refinanciación asociados con la deuda interna», dijo la vocera del organismo, Julie Kozack.

En cambio, en una lectura bastante extraña de los acontecimientos, la agencia calificadora de riesgos Standard and Poor’s comparó el canje con un default y le adjudicó una calificación de SD o «incumplimiento selectivo» a los títulos públicos en moneda local. Según los evaluadores de S&P, «esta transacción se realiza bajo condiciones desventajosas basada en la probabilidad de incumplimiento convencional, en ausencia de participación de los acreedores». «