Las empresas con poder de mercado seguirán con su política de recomponer ganancias vía inflación. El gobierno no tiene nuevas herramientas para detenerlas.
Las empresas cierran el año, lamentable en materia de precios y caída del poder adquisitivo, anticipando que los incrementos continuarán en la zona caliente el año próximo. Indirectamente, anticipan también la continuidad de las tensiones con la administración nacional.
En 2021, los aumentos de los precios minoristas y mayoristas volvieron a dominar la agenda. En diciembre, a manera de triste corolario, los saltos fueron extraordinarios. Por caso, la consultora Consumidores Libres midió en la primera quincena un aumento del asado del 8% y del 7,4% en bola de lomo y la paleta. Y el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) informó una suba de la canasta navideña del 70,25% interanual, tras un relevamiento en cadenas supermercadistas como Carrefour, Coto, Jumbo, Día y comercios de cercanía.
Las remarcaciones se produjeron a pesar de la vigencia de distintas políticas destinadas a contener los precios.
La Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Feletti, dispuso una lista de 1.432 productos básicos con los precios de noviembre congelados hasta el próximo 7 de enero. La misma dependencia alcanzó un entendimiento con la industria cárnica para asegurar cinco cortes parrilleros a precios consensuados durante las recientes Fiestas.
En rigor, esta dinámica de acuerdos vigentes y precios que siguen subiendo responde a un patrón recurrente del mercado local, en el que confluyen el poder de un grupo limitado de empresas con posiciones monopólicas y el poder del Estado para controlarlas. En la relación de fuerzas el resultado sigue siendo favorable a las compañías, muchas de ellas multinacionales.
En el año que recién pasó, las fricciones dejaron secuelas para Balcarce 50. Feletti reemplazó en su cargo a Paula Español, desgastada por las subas incesantes de los precios a pesar de los acuerdos. Cerca de fin de año, Débora Giorgi, la mano derecha de Feletti, se alejó del gobierno porque a poco más de un mes de su nombramiento al frente de la subsecretaría de Comercio seguía sin la confirmación del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Los cambios de figuras vinieron con otro perfil de gestión pero los resultados siguieron dando tela para cortar. En la cuarta semana de diciembre, la consultora LCG observó que la suba de precios de los alimentos promedió 0,6% semanal. El indicador supone una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al alza de la semana previa pero el análisis dice que «aún con congelamiento de precios, la inercia de los aumentos siguió siendo elevada».
Entre la tercera semana de diciembre y la tercera semana de noviembre el índice de alimentos y bebidas de LCG fue del 3,4%, el mismo porcentaje que anticipan varias consultoras privadas para el primer mes de 2022.
Lo que viene
El sector privado anticipa un 2022 con inflación sostenida. Orlando Ferreres, uno de los economistas más consultados por las empresas, proyectó que los precios aumentarán cerca del 60%.
El gobierno cree, en cambio, que será posible lograr que el IPC baje al 40% sobre la base de precios internacionales que podrían mantenerse estables y a partir de la implementación de fideicomisos voluntarios para desacoplar algunos precios internos de sus cotizaciones mundiales, según declaró Feletti a la agencia Télam.
Pero el propio gobierno remarcó en más de una oportunidad que la inflación tiene que ver en buena medida con la puja distributiva y la decisión de las empresas de recomponer rentabilidad, lo que vuelve a poner sobre el tapete el gran desafío de la administración pública de contener el avance de este grupo de formadores de precios, limitado en número pero casi todopoderoso a la hora de hacer valer su peso específico.
Otra materia pendiente es asegurar que los precios de referencia se hagan fuertes en el comercio de proximidad, un canal en que se siguen haciendo la inmensa mayoría de las compras minoristas. «
El impacto de las subas de las tarifas de luz y gas
El gobierno nacional ya determinó la hoja de ruta de las subas de tarifas de electricidad y gas para 2021, aunque por ahora solo se conoce el comienzo del camino. El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó el jueves pasado la información que publicó Tiempo, en el sentido de que habrá un aumento general del 20% en los valores que pagan todos los segmentos de usuarios residenciales en ambos servicios sobre los que hay jurisdicción nacional. Eso significa que en el caso de la electricidad, abarcará a los hogares ubicados dentro de la concesión de Edenor y Edesur. En el caso del gas, alcanzará a todo el territorio nacional.
Luego de esta suba, que Martínez caracterizó como «corrección tarifaria», vendrá la segmentación, que dividirá a los usuarios en tres grandes grupos: los beneficiarios de la tarifa social, los que recibirán algún tipo de subsidio a su consumo de luz y gas, y los que no tendrán subsidios y pagarán la tarifa plena.
A pesar de que las autoridades llevan más de un año discutiendo los detalles de la segmentación, aún no terminaron de definir aspectos centrales como si habrá ampliación de la tarifa social a nuevos segmentos de la población o si se incrementará su monto. Tampoco está definido si el subsidio será el mismo para todos los usuarios; actualmente es variable y se reduce a medida que el consume sube. Este grupo de usuarios tendrá alzas de tarifas muy por encima de la inflación.
El gobierno enfatiza que las subas de tarifas estarán por debajo de la carestía. Lo cierto es que ya arrancó la nueva carrera de precios y salarios.
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