PAMI: vuelven las cápitas y peligra la cobertura de salud

Los cinco millones de afiliados del PAMI viven meses de recortes, desde la pérdida de médicos de cabecera y la caída de servicios por un cambio en el modelo prestacional, hasta el contrato con la industria farmacéutica rescindido por el Instituto de Previsión Social (INSSJP), que generó la amenaza de las cámaras: si no hay acuerdo, el 29 de junio no habrá remedios con descuentos. En todos los casos, quien asume el costo es el afiliado.

En enero, bajo la gestión de Carlos Regazzoni, el organismo rubricó un acuerdo con la industria farmacéutica. En marzo, el inteventor del PAMI fue eyectado por «gradualista». El 27 de abril, su sucesor, Sergio Cassinotti, envió una carta documento a los empresarios notificando la rescisión unilateral del contrato firmado.

Se abría un plazo de dos meses de renegociaciones, que tuvo a mitad de esta semana una nueva reunión sin resultados positivos, lo que generó la advertencia de la industria, a través de las tres cámaras que nuclean a 2000 prestadores (Cilfa, Caeme y Cooperala): si el PAMI no ofrece una solución, el 29 de junio vence el plazo de discusión y se terminan los beneficios. Exigen además que la obra social salde una deuda de $ 952 millones, generada entre 2016 y 2017.

PAMI respondió que la cobertura «está totalmente garantizada y con los mismos beneficios», pero sin decir cómo lo harán. Los industriales aclaran que los medicamentos estarán, pero sin más descuentos.

Es similar a la decisión del PAMI de principios de año, cuando limitó la cantidad de medicamentos gratuitos a los afiliados que tuvieran un auto con antigüedad menor a diez años, más de una propiedad o cobraran más de un haber previsional mínimo y medio. La industria siguió vendiendo la misma cantidad de remedios, pero los que antes subsidiaba el PAMI ahora los costean los abuelos. En Córdoba, ocho de cada diez perdieron el 100% de cobertura de subsidio en remedios. Entre ellos, los beneficiados con la «reparación histórica» sobre el haber mínimo.

Déficit

Los empresarios apuntan a la injerencia entre las sombras del actual coordinador económico del Gabinete nacional, Mario Quintana, quien mantiene una pelea de hace años con la industria, desde cuando era CEO de Farmacity, que lleva adelante una denuncia contra ellos en la Comisión Nacional de la Competencia.

Desde el PAMI sostienen que no pueden «gastar» más de 2200 millones de pesos mensuales en remedios, un 25% de su presupuesto total. Hoy son 3000 millones. «Nadie habla del uso racional de medicamentos, solo de un recorte para ajustarlo a presupuesto», remarca Rubén Sajem, del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad. Con el cambio de interventor, la idea es hablar de «déficit del gasto público» y proponer una renegociación con cada segmento en particular.

Un documento interno del PAMI hacia la industria habla de «profundizar y aplicar el empadronamiento de afiliados». Según el especialista Christian D’Alessandro, director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores del Colegio de Abogados de Morón, «esto es profundizar lo dictado a principios de año, poniendo más restricciones: a quienes tengan ciertos ingresos o bienes, no les dará más nada». Sajem anticipa que «la reducción más drástica se implementará en los medicamentos de alto costo».

Desde principios de año, deudas del PAMI generaron recortes en la entrega de diferentes insumos y servicios, desde dentaduras postizas hasta kinesiología. En Catamarca discontinuaron la entrega de pañales. Y en Santa Fe, los ópticos volvieron a cortar la prestación. No les pagan hace cinco meses. Y mientras se ajusta, PAMI adquiere insumos con sobreprecios.

En el Boletín del 28 de abril, la disposición Nº 0064, sin dar motivos, avala una «ampliación» presupuestaria a las empresas que obtuvieron la licitación pública 61/16 para la adquisición de sillas de ruedas. Originalmente el contrato fue por $ 93,1 millones, pero ahora le sumaron otros $ 17.523.105 (35% del original). Y a pesar del discurso oficial del «achique del gasto», Cambiemos incorporó 351 nuevos trabajadores en el PAMI. Todos en esferas jerárquicas y gerenciales, con sueldos promedio de 161 mil pesos.

El cambio

Otro frente de conflicto empieza a afectar al jubilado. Desde 2013 regía un sistema de contrataciones por prestación: el INSSJP pagaba por cantidad de recetas efectuadas, lo que en muchos casos generó sobreprestaciones. Ahora decidieron pasar a pagar un monto fijo por paciente. Es la vuelta a un sistema que funcionaba en los ’90 y que generó denuncias por negociados de intermediarias y gerenciadoras que se quedaban con parte de lo que debía destinarse al usuario. Clínicas que gastaban solo un 50% de lo que les llegaba de PAMI.

En este modelo, el riesgo es la subprestación. Desde el INSSJP sostienen que dedicarán «gran parte de los recursos» a auditorías y a atender denuncias de beneficiarios en caso de subprestaciones, si no consiguen turnos o les niegan prácticas por estar completo el cupo máximo mensual de PAMI. La denuncia debe realizarse a la línea 130 o al 0800-222-7264, o presentando un reclamo en la UGL más cercana. Pero solo se puede cambiar de prestador una vez al año y de médico de cabecera dos veces.

El nuevo convenio rige para la atención primaria y de mediana complejidad y en mayo vence el plazo límite para adherirse, aunque no todos se sumaron, porque los montos tienden a la baja. Por consultas especializadas son 25 pesos –antes los prestadores recibían el triple–; los odontólogos, $ 12 por cápita; y kinesiología no llega al peso por sesión. La Confederación Unificada Bioquímica (CUBRA) denunció que recibirán un 50% menos que con el sistema anterior. La mayoría aún no firmó.

«Resulta más rentable para el prestador brindar la menor cantidad de prestaciones posibles, ya que cobra lo mismo por jubilado, preste o no el servicio. Esto implica un recorte de prestaciones brindadas como radiografías, ecografías y análisis de laboratorio, y provoca el desplazamiento al sector privado», sostiene la diputada Carolina Gaillard (FpV). Como presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, citó al nuevo interventor del PAMI para que informe sobre el cambio de prestaciones.

Esta modificación unilateral del sistema disparó una cadena de rechazos: el Sanatorio Güemes, de Orán; el Concordia en Entre Ríos; kinesiólogos en Catamarca y en Río Negro; el Colegio Médico de Comodoro Rivadavia; la Asociación de Médicos de Cabecera de Salta, cuyo último cobro data de febrero. El cambio de modalidad afecta sobre todo a prestadores medianos y pequeños. En Misiones, el Sanatorio Boratti advirtió que desde agosto pueden dejar de atender a los 7500 afiliados de PAMI. Uno de los beneficiados de los usuarios a la deriva podrá ser el Sanatorio Nosiglia (ubicado en esa misma provincia y relacionado hace años a Enrique «Coti» Nosiglia), que sí adhirió al convenio.

Eduardo Terraneo, del sindicato de trabajadores del PAMI (Sutepa), agrega que, por cambios efectuados en la obra social, «el 30% de los afiliados no tiene médico de cabecera». Y aclara que el tema no es presupuestario: «Este año dispusieron un aumento de las partidas del 40%. El año pasado, ‘Prensa y redes sociales’ fue sobreejecutada, y áreas como ‘Bolsones de comida’ y ‘Probienestar’ fueron absolutamente subejecutadas». Para 2017, el rubro publicidad tuvo un 262% de aumento.

Entre las cuatro consultas más frecuentes que recibe el PAMI figuran los turnos con oculistas, que con el nuevo acuerdo recibirán $ 33,6 mensuales por paciente, incluyendo cataratas. Se lamenta Pablo Daponte, presidente del Consejo Argentino de Oftalmología: «Antes había pequeños prestadores que empezaban a tener PAMI y podían invertir en más profesionales, equipos e insumos. Hoy no alcanza la plata y muchos van a cerrar». Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, alerta que si finalizan los descuentos a jubilados, denunciará penalmente al gobierno y a los laboratorios.

Desde octubre, el INSSJP le debe 26 millones de pesos a su único prestador de Servicios Médicos Ambulatorios (SEMA) de Mendoza, que dejó de dar el servicio el 1 de marzo. Amelia Bustos (85) sufrió a principios de abril un severo cuadro de deshidratación e insuficiencia cardíaca y la asistencia de SEMA nunca llegó. Su hijo, Víctor Bustos, denunció que «murió abandonada por el PAMI». «

En las redes, las quejas de los beneficiarios

La cuenta de Facebook del PAMI es el ejemplo cabal del funcionamiento de los diferentes servicios. A juzgar por los comentarios, los beneficiarios no están conformes.

Osvaldo Bartoloni, Jorge Rey y Alberto Saltari tienen el mismo problema: no logran que les apliquen la vacuna para combatir el neumococo.

Liliana Grassia tiene 62 años, es profesora de educación física y cuenta que desde noviembre no consigue turno para el ginecólogo. El traumatólogo la atendió tras una espera de dos meses.

Adriana Ventura lleva tres días sin poder comunicarse con el 0800 o la línea 138 de PAMI Escucha. Susy López Irala, María Domeniconi y Martina Martínez piden pañales porque hace meses que no se entregan.

La situación de Mariana Cano es más compleja: «Tomaba una medicación oncológica que me empezó a hacer mal a la digestión. Mi médico me la cambió por otra con la misma droga pero distintos componentes. PAMI me la negó. No es justo. Dijeron que los remedios oncológicos no los iban a tocar».

Carina Paulluk y Hilde Trevisan, entre tantos otros, exigen la entrega de bolsas de colostomía. Además, hay descontento por el servicio que prestan algunas clínicas como Del Pilar de Ciudadela y Noguera de San Antonio de Padua.

Autorizaciones

La gestión de Cambiemos en Pami dispuso que todos los trámites que antes se resolvían en la farmacia se centralicen en las unidades de gestión local (UGL). Los remedios oncológicos o de HIV ahora deben ser autorizados y reempadronados en la sede regional. También los bolsones de comida a sectores vulnerables: según datos relevados por el equipo de la diputada Gaillard, hay demoras de dos meses para recibirlos.

Del IOMA al PAMI

Quienes hoy manejan la obra social de los jubilados son Sergio Daniel Cassinotti y el contador Víctor Hugo López Monti.

Ambos provienen del Instituto de Obra Médico Asistencial, el IOMA bonaerense, donde fueron presidente y director general de administración, respectivamente.

En octubre del año pasado fueron denunciados penalmente en la UFI 3 de La Plata por el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA, junto al expresidente de la obra social, Antonio La Scaleia.

Se los acusó por «defraudación millonaria», «triangulación de pagos» con sanatorios y clínicas, y falta de presentación de facturas.