Ofrecen bonos en pesos atados a la inflación en reemplazo de títulos en dólares bajo ley local

Con el anuncio de la reestructuración del tramo en dólares bajo legislación local, el gobierno ratificó su estrategia de pesificación de la deuda pública. El proyecto de ley presentado el jueves a última hora en el Congreso contempla que los tenedores de títulos en moneda extranjera puedan cambiarlos por otros en pesos. ¿Cuál sería el acicate para hacerlo? Cobrar el total del capital mucho antes y sin recortes.

La opción estará abierta para los tenedores de 21 de las 29 series de Letes, Lelink, Bonar, Bonte, Par y Discount habilitados a participar en el canje que propone el Ministerio de Economía. A cambio de esos títulos, algunos de ellos ya vencidos, sus poseedores podrán pedir bonos en pesos (Boncer) que expirarán en 2026 y 2028. Ambos ajustarán su capital por el coeficiente CER, que corre en paralelo con la inflación, y además tendrán un interés anual adicional de 2% y 2,25%, respectivamente.

Los que no acepten la pesificación podrán quedarse con los nuevos bonos en dólares, aunque sus condiciones son menos ventajosas. Los cuatro que se ofrecen a cambio terminarán de ser devueltos en 2030, 2035, 2038 y 2041. Hacienda tendrá desde su emisión entre cinco y once años, según el caso, para empezar a pagar el capital. Además tendrán intereses promedio de 3,07% (hasta cinco puntos menos que los actuales), con una escala ascendente: arrancarán pagando 1% anual y terminarán, en el más oneroso, con una tasa de 5% anual. La relación de canje es tal que la mayoría de los bonos que salgan de circulación (salvo los que surgieron de la reestructuración de 2005 y 2010) tendrán un recorte de 3% en el principal.

La urgencia por normalizar este tramo de deuda es porque muchos de esos títulos ya deberían haber sido pagados: allí se concentran las Letes, las Lelink y el bono dual reperfilados por decisión unilateral del Ejecutivo, primero durante el macrismo y luego con la actual administración. También hay varias series de Bonar y de Bonte de corto plazo, a cancelar entre este año y 2023. Se estima que los títulos elegibles suman unos U$S 46 mil millones, de los cuales cerca de la mitad están en manos de organismos oficiales.

Para seducir al resto de los acreedores, el gobierno apuesta fuerte. En primer lugar, el mensaje que acompaña al proyecto de ley adelanta la idea oficial de prolongar por otro año, hasta fines de 2021, el diferimiento en el pago de capital e intereses de los títulos reperfilados. Y en segundo término, habrá un período de aceptación temprana de la oferta. Quienes ingresen antes de que finalice ese plazo (que todavía no fue definido), podrán llevarse un bono adicional con los intereses devengados hasta el 4 de septiembre. Los que se sumen a la operación después de ese momento sólo gozarán de los intereses al 6 de abril. Esta cláusula, que replica una similar incluida en la oferta de canje de los títulos bajo legislación extranjera que se dirime por otros canales, reafirma la idea que habían dejado trascender en el Palacio de Hacienda de que ambas negociaciones tendrían el mismo carácter.

La preocupación de Hacienda por pasar las obligaciones de dólares a pesos tiene motivos obvios, ya que los recursos disponibles para pagar los vencimientos son en moneda local. También implica despegarse de las consecuencias de posibles devaluaciones, como las que desencadenaron la aún no resuelta crisis de 2018. En ese sentido, la Secretaría de Finanzas estimó que después de la licitación de Boncer del último viernes (ver aparte), desde febrero ya fueron pesificadas obligaciones por 7839 millones de dólares.

El mensaje que acompaña al proyecto señala que el marco económico «presenta una secuencia progresiva de condiciones para tranquilizar la economía y ampliar el horizonte de planificación, de modo que las decisiones de los individuos y las empresas comiencen a operar en condiciones estable». Y que «el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad».

El presidente, cara a cara con los fondos

El presidente Alberto Fernández y los representantes de los principales centros de poder de Wall Street coincidirán este martes en una videoconferencia organizada por el Council of the Americas, entidad empresaria que es emblema del establishment estadounidense. Se descuenta que el primer mandatario ratificará la posición del gobierno argentino en la negociación con los tenedores de bonos bajo ley extranjera.

Por ahora la decisión oficial es defender la propuesta realizada el 6 de julio, que incluye mejoras en los plazos y montos a pagar y un plus en el cómputo de los intereses para quienes adhieran al canje antes del 4 de agosto. «Esta es la última oferta. Espero que la entiendan», dijo el mandatario días atrás. Tal como adelantó Tiempo la semana pasada, el Comité de Acreedores (el más pequeño de los tres grupos que negocian con el gobierno) se inclina por aceptar, pero el AdHoc, liderado por el fondo de inversión BlackRock, y el Exchange mantienen sus reservas, especialmente en lo que hace a facilidades contractuales para litigar en tribunales de Nueva York.